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El coronel (r) Benjamín Núñez, entonces comandante del Departamento de Policía en Sucre, deberá purgar 29 años de prisión por el triple asesinato ocurrido en julio de 2022 en Chochó, Sucre. La decisión es del juzgado cuarto de conocimiento de Sincelejo que avaló el preacuerdo entre el oficial y la Fiscalía. Núñez aceptó haber disparado en contra de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo. Las investigaciones dieron cuenta de que a los jóvenes los detuvieron con la excusa de que podrían ser los responsables de la muerte del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, asesinado por el Clan del Golfo en el marco del plan pistola.
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“La pena de 29 años no se aprecia irracional ni desmedida”, dijo la juez en respuesta a los señalamientos que hizo el delegado del Ministerio Público y los representantes de víctimas, quienes consideraron que la pena no era proporcional al crimen que cometió el oficial. La juez consideró que la pena de 29 años es pertinente porque, aceptó responsabilidad de los hechos, además, de entregar otro tipo de información. La delegada de la Rama Judicial valoró que el oficial no se abstuvo de colaborar con la justicia sobre los hechos cometidos aun cuando tenía derecho a guardar silencio. “Tanto fue su intención que tras la audiencia de imputación de cargos anunció que entregaría información ayudando en ello a la buena administración de justicia”, dijo la juez.
El oficial aceptó responsabilidad por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, ocultamiento de material probatorio y falsedad ideológica en documento público. En una audiencia pública, adelantada en febrero, pidió excusas públicas y se comprometió a entregar información que permita esclarecer la muerte de los tres jóvenes y otros hechos que ocurrieron previo en la zona en la que operaba como comandante. Del mismo modo se comprometió a pagar una multa de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes y no ostentar cargos públicos durante el mismo tiempo de su condena.
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Previo a que quedara en firme su condena, Benjamín Núñez pidió perdón a su familia, amigos y a la institución de la que hizo parte durante un poco más de 22 años. “A mi familia pedirles perdón, ellos más que nadie sabe quién soy yo, cuáles son mis principios y mi corazón. A mis amigos decirles que soy una persona muy fuerte. Con la ayuda de Dios estoy logrando muchas cosas en este establecimiento. A la misma sociedad, los pocos que me conocieron en el trabajo saben quién soy yo, pero se cometen estos errores y aquí estamos diciéndole a la justicia que estoy listo para ser una persona nueva con principios a reconstruir y reparar ese dolor que he causado”, dijo ante el juzgado.
Resaltó que tendrá 29 años para, a su juicio, recomponer el tejido social que considera dañó con sus actos. “A mi institución que la amo mucho. Le entregué toda mi vida. Está en mi corazón. Ojalá pueda tener una oportunidad para resarcir. Por mis hechos no crean que la Policía es mala, no son hechos sistemáticos, son errores personales”, dijo llorando. Añadió que no conocía a los jóvenes asesinados y tampoco tenía enemistad alguna con ellos. Por el contrario, se escudó en la situación de orden público que padecía el departamento posterior al paro armado decretado por el Clan del Golfo tras la extradición de su máximo jefe, Otoniel.
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“No tenía enemistad con ellos, por el contexto de orden público que vivía tomé una mala decisión. He traicionado los principios que mi padre y mi madre tienen y es el de respetar la vida de los demás. No solo traicioné los principios familiares, sino de mi institución a la que también pido perdón. Los embates de estos oficios lo llevan a uno a tomar malas decisiones”, dijo entre sollozos. En el preacuerdo, el fiscal consignó que el coronel retirado sabía que era ilícito privar de la libertad a los tres jóvenes si no contaban con antecedentes penales o con órdenes de captura en su contra.
“Haciendo uso de su arma de dotación disparó en múltiples oportunidades en las que al menos en siete oportunidades impacta en la humanidad de los tres jóvenes. Ese es un comportamiento claramente contrario al deber constitucional”, resaltó el fiscal en su momento. Añadió que el mismo día en que ocurrió el crimen, el coronel retirado recibió en su despacho un oficio sobre el suceso. El ente investigador le reprochó que el documento consignaba información falsa, ya que mencionaba que en medio de un operativo policial encontraron heridos a los jóvenes.
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De ahí que, además, le fuera endilgado el delito de falsedad en documento público. “A Benjamín Núñez le era exigible no capturarlos sin razón alguna, a Benjamín Núñez le era exigible no acabar con la vida de los jóvenes, le era exigible que no alterara los documentos porque no tiene enfermedad mental y no hace parte de una comunidad que no le permitiera entender que su actuar era ilegal”, añadió el fiscal del caso al leer el preacuerdo. El pacto en su momento no fue respaldado por el delegado del Ministerio Público ni tampoco por los representantes de víctimas. Consideraron que la pena de prisión no era proporcional al crimen que cometió el oficial.
Los patrulleros que aportaron información en el expediente dieron cuenta de que los jóvenes se encontraban en completa indefensión cuando el coronel retirado les disparó y para cuando fueron trasladados a un centro asistencial se fueron por la ruta más lenta, por lo que cuando llegaron al hospital ya estaban sin signos vitales. Por estos hechos también fueron procesados diez policías. Se trata de: María Camila Buriticá Valencia, Jesús María Bolaño Castor, Rafael Paz, Santiago Garavito, Álvaro Álvarez, Yamit Henao, Huber Mieles Arroyo, Bernardo Pontón Mercado, Diana Puerta Rodríguez, Leila Ávila.
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