Caso Colmenares: acusarán a familiares de implicados por obstruir investigación

Las dos mujeres, que serán acusadas por los delitos de favorecimiento de homicidio y fraude procesal, habrían buscado mediante diferentes formas, el cambio del fiscal 11 de Vida, Antonio José González, quien actualmente adelanta la investigación. También pretendieron que algunos de los principales testigos citados a interrogatorio no se presentaran.

“La abogada Aidé Acevedo Santos y María del Pilar Gómez, madre de Carlos Cárdenas, estaba fraguando un plan que tenía dos orientaciones: la primera buscar el cambio del fiscal 11 seccional por medio o a través de la Dirección Nacional de Fiscalías (Néstor Armando Novoa) pues Acevedo presentó una petición escrita haciéndose pasar como apoderada de Carlos Cárdenas”, señala el escrito de acusación radicado el pasado 25 de diciembre.

En el documento de 17 páginas, se señala además que las dos mujeres hablaron con Carlos Cárdenas y Kelly Alejandra González con el fin de que“no cumplieran con su deber constitucional” de presentarse a los interrogatorios citados por la Fiscalía en septiembre de 2011.

Para esto se basó en las interceptaciones telefónicas legales hechas por la Fiscalía en contra de las dos mujeres con las cuales se puede demostrar que la abogada Acevedo aseguraba tener los documentos de necropsia de Medicina Legal, así como información clave sobre el proceso pese a que no tenía la documentación necesaria para ejercer como defensora de Carlos Cárdenas.

Agrega además el documento que la jurista se comprometió a hacer las gestiones ante la Dirección Nacional de Fiscalías “con el objetivo de cambiar al Fiscal 11 de la Unidad de Vida” para que se archivara la investigación que se adelanta por la muerte de Colmenares, registrada el 31de octubre de 2010.

Por estos hechos, se aclara que las dos procesadas, quienes se encuentran en libertad, podrían pagar una pena de hasta 18 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes. Y en el caso de Acevedo, quien es abogada de la defensoría pública, hasta la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 5 a 8 años.