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Hace exactamente 20 años, el joven Nicolás Neira fue herido de muerte por el exagente del desaparecido Esmad, Néstor Julio Rodríguez Rúa. Un exuniformado de la Policía que fue condenado en dos instancias a 17 años de prisión por homicidio, tras quedar demostrada, hasta ahora, su plena intención en dispararle a la cabeza a la víctima, de entonces 15 años, con su arma de dotación lanzagases. Desde 2022, la Corte Suprema de Justicia estudia el expediente, por solicitud del condenado, tratándose del primer y único caso de violencia letal, en el marco de la protesta social, por el que ha sido procesado un miembro de esa institución. El fallo que está por ver la luz será un faro para el sistema de justicia nacional.
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Nicolás Neira asistió a las protestas por el Día del Trabajo de 2005, en Bogotá. Su caso fue documentado ampliamente desde el principio, pues contiene todos los condimentos de la fuerza excesiva ejercida por quienes deberían, por oficio, cuidar la convivencia entre ciudadanos. Rodríguez Rúa le disparó a la cabeza con su arma lanzagases a poco menos de 10 metros de distancia, lo que le ocasionó una agonía de seis días que, a la final, no pudo superar. Como lo demuestra la condena en primera instancia contra el mayor (r) Fabián Mauricio Infante, los policías intentaron encubrir la muerte bajo sus órdenes, asegurando al unísono que había caído contra un bolardo. En realidad, Rodríguez Rúa le apuntó directamente a Neira y, con plena intención, lo asesinó.
En 2022, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra Rodríguez Rúa, al considerar que “una persona adulta está en capacidad de comprender que, si dispara un arma de fuego directamente contra una multitud, es muy posible que mate una persona o que le hiera gravemente”. Sin embargo, Rodríguez Rúa se jugó su última carta al interponer el recurso extraordinario de la casación, que, si bien no le ayudará a que la justicia valore de nuevo las pruebas, sí busca descubrir eventuales errores de forma durante el extenso proceso judicial. En todo caso, el condenado espera que lo declaren inocente o que la Corte determine que no actuó con plena intención y, así, obtener una rebaja de pena considerable.
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Más allá del caso particular de Rodríguez Rúa, la Corte Suprema de Justicia tiene una responsabilidad adicional y de connotaciones nacionales históricas: como se trata del primer procesado por violencia policial en protesta que ha llegado hasta esa alta instancia judicial, el resultado será la base con la cual la justicia resolverá expedientes similares a futuro. Sentará la base de la línea jurisprudencial, que será utilizada por jueces y tribunales penales en adelante. Aunque no es obligatoria, tiene un alto peso, pues generalmente las sentencias de la Corte Suprema son citadas por organismos de justicia más pequeños. Hace un par de meses, la alta corte, por ejemplo, dio el norte sobre el enfoque de género en delitos contra la autonomía reproductiva, al ratificar la condena contra el barrista Felipe Múñoz por inducir al aborto a su expareja sentimental.
De acuerdo con Germán Romero, defensor de la familia Neira y miembro de dhColombia, “que la Corte Suprema de Justicia respalde la tesis de la intención de Rodríguez Rúa es supremamente importante y abriría la posibilidad de hacer justicia en muchos más casos similares, como los del Paro Agrario, los del paro de 2019 y los del llamado estallido social de 2021. Una sentencia a favor de Nicolás Neira respaldaría que la utilización de armas de letalidad significante, mal llamadas de letalidad reducida, se ha hecho con intención de causar daño. Que no han sido un mecanismo disuasorio, sino para castigar a quienes ejercer su derecho constitucional a la protesta”.
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Entre los casos que podrían resultar favorecidos con la resolución del expediente Nicolás Neira, está el del estudiante de 17 años Dilan Cruz, quien falleció tras ser impactado por un arma parecida a cargo del exagente del Esmad, Manuel Cubillos, en 2019. Desde entonces, la Fiscalía está recopilando elementos de prueba que le permitan llegar a una hipótesis clara de la intención de Cubillos, de tal manera que pueda imputársele homicidio doloso, es decir con plena intención, u homicidio culposo, sin voluntad directa. Cubillos ha sostenido públicamente y ante instancias judiciales, como la Procuraduría, la cual solo lo sancionó con una multa de $14 millones, que buscaba disuadir la protesta y que no le apuntó frontalmente a Cruz.
El caso Neira también, por otro lado, está en la justicia internacional, pues desde 2021 es estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En diálogo con El Espectador, Yuri Neira, padre de la víctima, explicó que le gustaría obtener del Estado una serie de reparaciones. Entre ellas, tener un esquema de seguridad cada vez que esté en Colombia, pues vive exiliado en España. “Quiero que la Policía y la Fiscalía coloquen una fachada, como si fuera una polisombra, en sus edificios en Bogotá, con la foto de Nicolás, durante seis días, que digan que fue asesinado por la Policía. También que esa entidad pague un comercial diario, en el que reconozcan que no pueden asesinar niños, ni ser brutales con la población civil”.
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El abogado Romero explicó que la familia Neira está negociando con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado un acuerdo de solución amistosa, que le evite condenas futuras a Colombia. “Lo que esperamos es que esos acuerdos se firmen como Estado y no como gobierno”, concluyó. Entretanto, el magistrado Hugo Quintero Bernate, de la sala de casación penal de la Corte Suprema, es el encargado de redactar la ponencia que responda a la solicitud del expolicía Rodríguez Rúa. Las consideraciones del togado, sumadas a la intervención de otros magistrados, será la clave que dé punto final al proceso de este condenado y que guíe al sistema de justicia en los otros casos que esperan solución y para los que vengan a futuro.
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