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Los procesos penales que se adelantan contra las cabezas del desfalco a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) siguen reportando denuncias de irregularidades. Además de los retrasos que han existido en los expedientes contra el antiguo director de esa entidad, Carlos Albornoz (ya condenado a 19 años de prisión por estos hechos), y el inicio del juicio contra el empresario barranquillero Leo Eisenband, El Espectador conoció una reciente audiencia que daría cuenta de posibles irregularidades en el caso de la venta del centro comercial Villa Country en Barranquilla, antiguamente propiedad del clan narcotraficante Nasser Arana.
El 15 de julio pasado fue citada una audiencia de reparación solicitada por el abogado de Andrés Hernández Bohmer, conocido como el depositario provisional de los 270 bienes incautados a la sociedad Promocon, que fue de los Nasser Arana. Aunque el abogado designado por Hernández Bohmer no ha hecho pública su pretensión, este diario conoció que pedirá que Camilo Bula, antiguo liquidador de la DNE, y otros implicados en el caso reparen económicamente a esa empresa. Sin embargo, el defensor de Bula, el testigo estrella del caso y quien fue condenado por la venta irregular del centro comercial, pidió la palabra para dar a conocer un asunto hasta hoy desconocido: Hernández Bohmer ya no es el depositario de la sociedad.
Aunque el abogado de Bula no mostró la resolución durante la audiencia, El Espectador tuvo acceso al documento de siete páginas en el que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) toma la determinación de remover a Hernández Bohmer y a otros siete depositarios de bienes incautados a las mafias. En la resolución, además de Promocon, también le quitan la representación como depositario en otras cuatro sociedades, todas ellas ubicadas en Barranquilla y que administraba temporalmente desde 2011: Constructora Parque Rosado, Inversiones Dana, Construcciones del Caribe, Sociedad Navarro Ruiz y Vesalli Ltda.
“Que desde el momento de su asignación por parte de la DNE ha transcurrido demasiado tiempo sin que a la fecha se haya logrado el cierre efectivo de las liquidaciones asignadas. Que, en consecuencia, de la anterior, se presentó y se aprobó en el Comité de Depositarios Provisionales, Mandatarios y Liquidadores de la SAE, en sesión del 17 de febrero de 2021, el retiro del Registro de Depositarios Provisionales y Liquidadores de la SAE y la remoción de la totalidad de bienes, activos y derechos que se le habían designado”, dice la resolución 357 de la entidad encargada de administrar los bienes en procesos de extinción de dominio.
Además de la resolución, fechada el 22 de febrero de 2021, este diario conoció otra emitida cuatro días antes, en la que la SAE también le quita a Hernández Bohmer la designación de otras cuatro empresas: Jenny Fen Da, Servicentro Kambio Xtremo, Inmobiliaria JD y Sociedad Constructora Agricola. “De acuerdo con la complejidad del negocio de las sociedades y establecimientos de comercio que tienen a cargo los depositarios, la vicepresidencia de Sociedades estima necesario realizar una evaluación para determinar la viabilidad de efectuar un modelo distinto de administración”, se lee en la resolución en la que remueve a otros 10 depositarios.
Hernández Bohmer también fue agente especial de Drogas La Rebaja, la cual fue intervenida luego de que las autoridades determinaran que dineros del cartel de Cali entraron a la reconocida cadena de droguerías y que varios de los familiares de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela terminaron controlando la empresa. Y las dos resoluciones que sacaron a Hernández Bohmer como depositario de los bienes de los Nassser Arana también sacaron a quien lo sucedió en la administración de los bienes de La Rebaja: Carlos Alberto Gómez Páez. El Espectador se contactó con Hernández Bohmer y señaló que apenas a través de este medio de comunicación estaba conociendo dicho documento.
A renglón seguido aseguró que el abogado Javier Leal, quien se presentó en la audiencia, “tiene facultades para representar a Promocon conferidas por mí como liquidador con facultades actuales. Hasta que yo no sea notificado y reemplazado como liquidador, seguiré en uso pleno de facultades como liquidador de Promocon”. Según las resoluciones de la SAE, los depositarios tendrán 15 días desde que les fue comunicada su remoción para hacer una rendición de cuentas de su gestión para su respectiva revisión y validación, “so pena de que la Sociedad de Activos Especiales inicie acciones legales”.
Y agrega la SAE: “En la rendición de cuentas deberán incluir como mínimo: el inventario de bienes recibidos y entregados, justificar con soportes las cuentas de su gestión, así como presentar los estados financieros certificados por contador público. Además, acreditar el pago de impuestos, tasas, contribuciones, obligaciones parafiscales y, en general, el cumplimiento de las obligaciones legales”. Desde la SAE no hubo respuesta sobre si tienen constancia de que Hernández Bohmer fue notificado de las resoluciones o si, por el contrario, hubo errores en la entidad para comunicar estas decisiones tras de cinco meses de expedidas.
Volviendo a la audiencia de reparación contra Bula, el juez del caso determinó que suspendería la audiencia y que reanudarán el próximo 13 de septiembre con el fin de esclarecer esta denuncia, que una vez más pone bajo la lupa cómo se están administrando los bienes de la mafia.
Por David Escobar Moreno
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