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Desde hace un año y medio se espera que la Fiscalía se pronuncie sobre un delicado expediente judicial que involucra a una multinacional estadounidense. Se trata del llamado a juicio que una fiscal especializada hizo en contra de Augusto Jiménez y José Miguel Linares, presidente y expresidente respectivamente, de la empresa carbonera Drummond en territorio colombiano. Las dos cabezas de la compañía y otros cuatro antiguos ejecutivos son investigados por su supuesta participación en el asesinato de dos sindicalistas y la financiación de paramilitares en los años 90 en Cesar. Los abogados de los seis procesados apelaron en enero de 2021 la solicitud de la Fiscalía de llamarlos a juicio y, desde entonces, el caso está congelado.
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El Espectador conoció que sus defensas presentaron ante el ente investigador un extenso informe con el fin de controvertir una de las piedras angulares de la investigación de la Fiscalía: un estudio pericial del CTI, que indica que dineros de la multinacional sirvieron para financiar a hombres del exjefe paramilitar alias Jorge 40. Según la Fiscalía, esos dineros pasaron por la empresa ISA, de Jaime Blanco Maya, un antiguo contratista de la carbonera y quien hoy es el testigo estrella en el caso Drummond. El informe presentado por la defensa de los acusados fue elaborado por Kroll, una de las consultoras de riesgo más prestigiosas del mundo.
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El documento de la consultora señala que el contrato firmado entre la empresa de Blanco Maya -destinado a proveer comida a los empleados de la compañía- y Drummond no tuvo sobrecostos. Un hecho que, según el ente fiscal, sirvió para darles apariencia de legalidad a los dineros que financiaron al grupo paramilitar. “El análisis de Kroll reveló que no hubo sobrecostos en la ejecución del contrato. Los valores facturados y pagados por Drummond correspondían a los precios de las comidas pactados y al número de comidas servidas. No había ninguna diferencia representativa entre los precios del contrato de ISA y los precios de mercado para servicios similares durante los períodos pertinentes”, señala el informe de la consultora.
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Y agregó que: “El dictamen (del CTI) ignora que la oferta inicial del contrato con Maya, presentada en noviembre de 1995, no es comparable con la modificación final a la misma oferta, presentada en julio de 1996, que fue sobre la cual se realizó el contrato, ya que se realizaron cambios en el objeto mismo de la oferta inicial, que afectaron su alcance y su valor. Kroll identificó que las variaciones en los precios presentados en la propuesta de servicios de alimentación de ISA para la mina y sus dos modificaciones, enviadas entre 1995 y 1996, están explicadas por la adición de productos y servicios y un ajuste de inflación”.
Sin embargo, para la Fiscalía, las transacciones entre la Drummond e ISA estuvieron “sobreestimadas” en $3.755 millones, lo que para la época eran cerca de US$1,6 millones. La cifra cobra total relevancia, ya que desde 2012 Blanco (también hermano de alias el Kiri Maya, condenado por sus nexos con paramilitares) confesó que, a través de su empresa, pasaron los dineros que financiaron a hombres de Jorge 40. Para soportar lo que decía, Blanco entregó documentación de los supuestos sobrecostos en cada ración de comida. Toda esta información está en manos de un fiscal de segunda instancia desde hace un año y medio, y este será quien confirme si llama a juicio a las cabezas de la Drummond.
Testigo en peligro
Mientras la Fiscalía se pronuncia de fondo sobre este asunto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión hace pocas semanas sobre el testigo Blanco Maya, quien fue aceptado por esa justicia en diciembre de 2019 bajo el compromiso de revelar la supuesta financiación de la compañía a los paramilitares entre 1993 y 2002. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la Fiscalía de la JEP, le asignó un esquema de protección a Blanco Maya, pues consideró que el testigo se encuentra en “riesgo extraordinario”. El director de la UIA, Giovanni Álvarez, basó su determinación en un informe del Comité de Evaluación de Riesgo y Definición de Medidas del Grupo de Protección.
El informe señala que desde que Blanco Maya recobró la libertad en octubre de 2021, este vive en una zona del país “difícil”, en cuanto a orden público. También que el testigo ha entregado información sobre exmiembros del Ejército que trabajaban en la Drummond y que habrían participado de los hechos hoy investigados: el general (r) Rafael Peña de los Ríos y los coroneles (r) Jorge Garzón, Ricardo Linero González y Luis Carlos Rodríguez. Además, el testigo Blanco Maya dijo a la JEP que su hijo “en la ciudad de Valledupar sufrió un ataque donde le envenenaron las piscinas (en las que cultivaba peces)”, pero que desconocía si ese hecho tenía que ver con sus declaraciones en la justicia.
“Teniendo en cuenta que el evaluado se encuentra en libertad, condición que implica un cambio de dinámicas en sus desplazamientos y seguridad, resulta pertinente la implementación de unas medidas de protección en aras de salvaguardar su continuidad y compromiso con la Jurisdicción. Para el caso en particular, se advierte la existencia de ciertos factores de riesgo relacionados con la zona en que realiza sus actividades”, se explica en el documento de la JEP fechado el 8 de mayo de 2022. Es por eso que ahora, y durante seis meses, Blanco Maya se mueve con dos escoltas, un vehículo convencional y un chaleco antibalas.
Un fiscal de segunda instancia tiene en sus manos determinar si las pruebas del expediente Drummond son lo suficientemente sólidas para llamar a juicio a las cabezas de la multinacional por uno de los episodios menos indagados por la justicia colombiana: la supuesta financiación de grupos armados por parte de grandes empresas colombianas y extranjeras.
Por David Escobar Moreno
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