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A pesar de todas las alertas que hicieron abogados, víctimas y medios de comunicación sobre cómo a cuenta gotas muchos de los delitos imputados a los investigados por el descalabro bursátil de Interbolsa iban prescribiendo, hoy el caso está a punto de caducar por completo sin haber superado la etapa de juicio. Esta semana se supo que a seis expedientes de los 12 procesados se les decretó la preclusión total de los delitos y ya no tienen cuentas pendientes con la justicia. Entre ellos, la cara más visible es la de Alessandro Corridori, el empresario italiano señalado de manipular fraudulentamente el precio de las acciones de Fabricato para obtener millonarios dividendos.
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Entre mayo de 2018 y noviembre de 2019 también prescribieron los tres delitos que la Fiscalía le imputó en noviembre de 2013 a Rodrigo Jaramillo, fundador de Interbolsa y quien ya había sido condenado en 2015 a siete años de prisión (domiciliaria) en otro proceso judicial por el mismo escándalo de corrupción. El Espectador consultó a todas las partes del proceso —que va a cumplir ocho años desde que se destapó— para determinar por qué este expediente, que dejó alrededor de 10 mil víctimas, está a punto de quedar inactivo y sin que la juez del caso haya escuchado todos los testimonios y valorado las pruebas de la investigación.
Este diario entrevistó al abogado de víctimas Juan David Riveros, representante de la cartera colectiva de la clínica La Candelaria (sus propietarios le habrían hecho un préstamo irregular de $70.000 millones a Interbolsa), quien señala que confluyeron varios factores que dieron al traste con el caso. “Este macrocaso tenía 12 procesados y varios apoderados de víctimas, lo que genera muchas relaciones jurídicas y hacen que manejar un caso con tal cantidad de actores sea una locura”, señaló el penalista, quien asegura que sus clientes no han recibido una indemnización por el dinero que se perdió. Además, señaló que tanto la Fiscalía como la bancada de la defensa presentaron una extensa lista de testigos.
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“La defensa también le apostó como estrategia a dilatar. Hubo momentos en que los abogados renunciaban y llegaban otros, pero pedían tiempo para empaparse del caso. También, en todo el proceso, hubo algunos que no podían asistir, lo cual es entendible. Si uno quisiera echarle la culpa a la Fiscalía diría que hubiera planteado hipótesis individuales (casos separados) y no uno solo de 12 procesados. Aunque también creo que la defensa hubiera pedido acumular los procesos en uno solo”, afirmó Riveros. El abogado también recordó que, en 2015, el exdirectivo de Interbolsa Mauricio Infante trató de declararse como inimputable porque presentaba un trastorno de bipolaridad diagnosticado desde 2008.
El abogado de las víctimas Francisco Sintura, que representa a Fiduagraria (sociedad que administraba los fondos de la extinta comisionista de bolsa), aseguró que la administración de justicia tiene que prepararse mejor en delitos de “cuello blanco”, los cuales requieren conocimientos técnicos financieros. Además, aseveró que desde hace dos años viene cantando esta seguidilla de prescripciones. La última advertencia la hizo en diciembre de 2019, cuando presentó un documento pormenorizado de las fechas que se avecinaban para que “caducaran” los delitos. Riveros y Sintura desde ya anticipan que los procesos contra los tres enjuiciados que quedan correrán con la misma suerte.
En agosto de 2019, la fiscal del caso, Alexandra Ladino, respondió un derecho de petición presentado por Sintura, en el que pedía se le precisaran los términos de prescripción de los delitos. La funcionaria del ente investigador, luego de narrar en detalles cómo se han surtido las etapas del proceso, señaló que mientras la Fiscalía tuvo la responsabilidad de adelantar sus acciones (investigación, imputación de cargos y presentar el escrito de acusación), “no se presentó en ninguna de las conductas penalmente relevantes el fenómeno de la prescripción de la acción penal. Esta delegada fiscal cumplió con las cargas procesales que la ley prevé por parte de la Fiscalía”.
En noviembre de 2018, El Espectador contó en detalle los obstáculos por los que pasó el caso hasta ese momento. Por ejemplo, un año tardó en realizarse la audiencia de acusación: primero, porque el Inpec no trasladó a los investigados a la audiencia, y segundo, el juez pidió primero acreditar a todas las víctimas del caso antes de leer el escrito de acusación. Un paro de actividades de Asonal Judicial, por supuesto el COVID-19 (entre marzo y junio no hubo audiencias) y las peticiones y los recursos por parte de la defensa en las etapas previas al juicio, en la que se destapan las pruebas de la Fiscalía, fueron las principales dificultades que atravesó el expediente.
¿Qué dice la Fiscalía?
En diálogo con este diario, la fiscal Ladino agregó que las audiencias preparatorias al juicio comenzaron el 23 de noviembre de 2015 y finalizaron en junio de 2017. “Con las observaciones al descubrimiento probatorio por parte de la defensa y el descubrimiento de pruebas de la misma defensa, es decir, todo este tiempo fue de actividad de la defensa; la audiencia tardó casi dos años para descubrir a la Fiscalía General las pruebas que pretendía presentar en el juicio oral la defensa de los acusados”, comentó la funcionaria del ente investigador. También dijo que la defensa presentó un recurso de apelación que terminó consumiendo un tiempo.
La Fiscalía afirma que no le falló al país frente a este caso. Dice que la investigación de los hechos solo les tomó seis meses y que presentó el escrito de acusación en mayo de 2014 (seis meses después de la imputación de cargos). “Era deber de la Judicatura haberle dado el trato a esa investigación en los mismos términos de complejidad que se presentaba desde la acusación. No obstante ello, desde 2014, solo hasta 2019 se pudo iniciar el juicio oral”, dijo Ladino. Asimismo, señaló que nunca pidió aplazamientos y que, en enero de 2019, transcurridos más de cuatro años de la presentación del escrito de acusación, inició el juicio y ya habían prescrito tres delitos para casi todos los implicados
“Desde ese momento, y ya cuando había transcurrido un tiempo más que considerable, la Fiscalía por fin pudo presentar sus pruebas y requiriendo a los testigos que consideró necesarios para su teoría, pues, insisto, son hechos complejos que requerían múltiples medios de prueba documentales y testimoniales que no ha sido posible acabar de presentar, pero no porque hayamos omitido nuestro deber, sino en la medida que reducido el tiempo de juicio oral, pues se inicia tanto tiempo después del escrito de acusación, no podemos simplemente dejar de practicar todas las pruebas, ya que debemos llevar las mínimas necesarias para probar los hechos”, puntualizó Ladino.
¿Qué dice la defensa?
Los abogados de la bancada coinciden en que no se les puede señalar de dilatar el proceso para llegar a este punto. Dijeron que durante esta etapa de juicio la Fiscalía lleva cerca de 15 testigos llamados al estrado y todavía hay una extensa lista; el ente investigador dice que renunció a presentar el 80 % de ellos. En este momento está testificando el exvicepresidente financiero de Interbolsa y testigo estrella de la Fiscalía, Jorge Arabia Watemberg. Además, concuerdan al preguntarse que “¿en cuánto tiempo se estudian y analizan los archivos y documentos contenidos en 13 teras?, es mucha información por revisar”, señaló Cristian Ramírez, abogado de Corridori.
Juan Manuel Valcárcel, otro miembro de la bancada de la defensa, señaló que, incluso, el Consejo Seccional de la Judicatura (órgano encargado de vigilar a los abogados) los investigó en dos oportunidades y no encontró irregularidades en sus actuaciones dentro del caso Interbolsa. Fue la propia juez la que compulsó copias para que se investigara a todas las partes del proceso -incluida ella- para que esa instancia judicial indagara el actuar de todos. “Si alguien viera todas las horas del caso, lo que hizo la defensa fue entrar en el debate jurídico con la Fiscalía, nada más”, apuntó Ramírez. “No somos unos abogados tramposos”, secundó Valcárcel.
Al igual que los abogados de víctimas, Ramírez y Valcárcel concuerdan en que la Fiscalía erró en llevar un caso tan grande y que era mejor segmentar los casos. “Creo que la Fiscalía, no Alexandra Ladino, armó un proceso muy voluminoso, lo que conlleva a que se pierda mucho tiempo, lleva cerca de un año presentando sus testigos y no pudimos demostrar la defensa de nuestros clientes. Hay un problema de cómo se gestionan estos casos, de cómo se aborda o se planifican los casos. No la calificaría de negligente, sino de no correcta. La Fiscalía presentó un océano de pruebas que todavía sigue presentando”, aseveró Valcárcel.
Desde finales del año 2018, cuando empezó el juicio oral, la jueza 33 penal del circuito, bajo vigilancia del Consejo de la Judicatura, programó audiencia los lunes, martes y miércoles, de todas las semanas y los meses del año, de 8 a.m. a 5 p.m., hasta que el caso terminara con la sentencia que en derecho correspondiera. Una agenda, que según la bancada de la defensa, que nunca antes ha sido vista en un proceso judicial en Colombia. Desde ese día hasta la semana pasada, aseguran los abogados, se debieron realizar unas 150 audiencias. “No había aplazamientos, no se concedían solicitudes en ese sentido. Si un abogado no podía algún día, pues tenía que ir otro en su reemplazo”, señaló Ramírez.
“Todos los defensores contaban con dos o tres abogados suplentes o cuando alguien no podía nos cubríamos. Había audiencia todas las semanas de lunes a miércoles. Los únicos que no tenían esa posibilidad de tener suplentes eran los tres defensores públicos que había para tres acusados. La Defensoría los dedicó de manera exclusiva al caso, no podían atender nada más. En esa audiencia la juez, el procurador del caso, la fiscal Ladino, el fiscal de apoyo y los defensores prácticamente estaban dedicados de tiempo completo. Cuando llegué al caso, hace casi un par de años, lo asumí y no pedí aplazamientos”, dijo el abogado Ramírez.
La bancada de la defensa, en especial Valcárcel, critican, como ante los medios de comunicación, la gente ha salido a decir que “el crimen paga”. Para el abogado defensor este hecho representa juzgar a personas que no han sido condenadas. “Aquí no hubo sentencia condenatoria o absolutoria, aquí no estamos hablando de criminales que no pagaron, claro que no, aquí estamos frente a un caso en el que la administración de justicia, es decir la Fiscalía, no logró demostrar la culpabilidad. Ocho años no les bastaron para demostrar su teoría del caso”. concluyó Valcárcel.
Por David Escobar Moreno
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