Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Jorge Enrique López está cerca de ser condenado por protagonizar el momento clave del escándalo de Mintic y Centros Poblados, que privó a miles de niños de acceder a internet en zonas rurales y que dejó, hasta ahora, en pérdidas una inversión de $70.000 millones del Gobierno. Un juez de Bogotá verifica si el preacuerdo de López con la Fiscalía se ajusta a la ley, por lo cual quedaría sentenciado por gestionar los documentos falsos que ensuciaron por corrupción el billonario contrato.
Antecedentes: Karen Abudinen no es víctima por el escándalo de Mintic y Centros Poblados
Antes de que el juez decidiera si es justo el preacuerdo en favor de López, valoró quienes son las víctimas del expediente en específico. Acreditó a Sescolombia, la Contraloría, al Fondo Nacional de Garantías, el banco Itaú, el Ministerio de las TIC, la Sociedad Fiduciaria-Asset Management BBVA y, en principio, a la exministra Karen Abudinen, quien ha luchado por más de un año para ser reconocida como tal. Abudinen ha argumentado que su carrera profesional se vio manchada y que ella, a pesar de los reclamos de la opinión pública, denunció las irregularidades.
Sin embargo, la Procuraduría dijo “presente” y apeló la decisión del juez de Bogotá con relación a Abudinen. Consideró que no hay razones para que la exministra sea reparada. De hecho, a diferencia de la Fiscalía, el Ministerio Público no cree que los funcionarios del Mintic hayan sido engañados por Centros Poblados. Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si los argumentos de Abudinen son aceptados en el expediente particular de López. De ser así, la exministra tendrá respaldo judicial de la hipótesis que ha planteado desde que estalló el escándalo, el cual le valió su renuncia en septiembre del año pasado.
Lea: La movida del Estado para no pagar por corrupción en caso Mintic
La decisión del juez fue como un bálsamo para Abudinen, pues el pasado 10 de octubre una jueza le negó la condición de víctima, pero en el expediente particular de Juan José Laverde. Este último entra en el rompecabezas como supuesto socio de López y del zar de la contratación Emilio Tapia, quien estaría al mando de la mayoría de las empresas de la Unión Temporal Centros Poblados. Laverde, antes trabajador de la empresa de seguros Rave, tiene un presente judicial distinto, pues no tiene pensado aceptar responsabilidad y prefirió irse a juicio contra la Fiscalía y probar su inocencia por presuntamente gestionar una garantía bancaria falsa.
El expediente de López
El caso se remonta a 2020, cuando el Ministerio de las TIC, entonces en manos de Karen Abudinen, estaba por adjudicar dos contratos, que superaban el billón de pesos, para llevar conectividad a 7.000 escuelas de zonas rurales. Empresas que, al parecer, eran controladas en la sombra por Emilio Tapia (encarcelado) querían quedarse con el contrato y se agruparon, con otros inversionistas, en la Unión Temporal Centros Poblados. Pero les faltaba un documento para cumplir los requisitos de la licitación: una póliza de seguros o una garantía bancaria.
“Laverde, quien era corredor de seguros de la empresa Rave, fue la persona encargada por parte de Centros Poblados de adquirir la póliza de seguros y una vez se estableció que ninguna compañía de seguros expediría dicha póliza, a través de Jorge Alfredo Molina y Jorge Enrique López, obtiene las garantías falsas. Las envía a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal, para que este las firmara, y así presentarlas ante el Mintic, al subirlas a la plataforma de contratación estatal SECOP 2″, detalló la Fiscalía en audiencia de imputación, en mayo pasado.
Antecedentes: Caso Mintic: Emilio Tapia se habría apropiado parte de anticipo de $70.000 millones
Luego, Centros Poblados presentó tres garantías bancarias más con los logos del banco Itaú, que según ha dicho el propio banco, eran falsas. En total, fueron cuatro garantías las que, al parecer, falsificó Jorge Enrique López: la que garantizaba la seriedad de la oferta, que llevó a que el Mintic les adjudicara el contrato; una segunda, para que el Ministerio les desembolsara el anticipo de $70.000 millones; otra, para cumplir con el pago de salarios a los empleados y una más de que Centros Poblados cumpliría con el objeto y los tiempos del contrato.
Entre el arsenal de pruebas que presentó la Fiscalía contra Jorge Enrique López hay elementos que ya se venían ventilando desde que el ente investigador imputó a Tapia, Duque y Laverde en septiembre de 2021. Por ejemplo, la denuncia que interpuso la ministra Karen Abudinen, los documentos con los que se conformó la Unión Temporal, así como la presentación de oferta de Centros Poblados. Ahora bien, contra López también hay declaraciones de todos los implicados en el escándalo que ya han sido vinculados a un proceso penal.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más