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En 1964, el hacendado Julio César Durán hizo una tarea que solo los grandes conquistadores de tierra han tenido el privilegio de realizar: ponerle nombre a un inmenso terreno de 48.000 hectáreas en el municipio de La Primavera (Vichada). Por ejemplo, de ese gran terreno, hoy existe la finca Cascabeles, donde Durán descubrió un abundante nido de serpientes cascabel, al interior del gigantesco predio que nombró Mojo Paya. Con el tiempo, la guerra y la avaricia, los Durán fueron despojados del terreno que terminó dividido entre risaraldenses foráneos que dicen poseer parte de ese llano. Décadas después, Mojo Paya representa el caso más ambicioso en la historia de la restitución de tierras.
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El Espectador conoció el expediente que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentará ante la justicia y que será la solicitud de restitución más grande nunca vista en el marco de la ruta individual de esta política pública. La URT ya ha presentado solicitudes de esa magnitud, pero en ruta colectiva, para devolver predios a comunidades enteras, de cientos y hasta miles de solicitantes. Pero nunca antes se recibió e investigó una sola denuncia relacionada con semejante cantidad de hectáreas. Para hacerse una idea del tamaño de Mojo Paya, puede decirse que es más grande que la superficie urbana de todo Bogotá, pues la supera en 7.000 hectáreas. Para ir de un lado al otro, toma ocho horas a caballo.
Las actividades de gobierno para recuperar Mojo Paya, antes de entrar a la etapa judicial, ya fueron terminadas. La URT midió el predio, tomó la declaración de las víctimas y, entre otros procedimientos administrativos, inscribió Mojo Paya en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Un paso crucial en el marco de la restitución, pues impide que se realice cualquier negocio en el terreno ya delimitado y que ahora, décadas después, está dividido en más de 10 fincas. Allí permanecen predios individuales con nombres como Casacabeles, La Motilona, Los Congrios, La Línea, La Frontera, Morrocos o Pozones, cuyos nombres se deben a los descubrimientos que los Durán hicieron en su gran finca.
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Estas son imágenes del terreno:
Este diario conoció que la demanda de restitución está a punto de ser radicada ante un juzgado de restitución de tierras de Villavicencio. Dado que existen ocupantes en Mojo Paya, es probable que el caso termine en manos del Tribunal Superior de Bogotá, cuya Sala de Restitución definirá judicialmente la petición de la familia Durán. Sin embargo, el expediente no solo es jugoso por la cantidad de tierra solicitada. También es la primera vez que la justicia procesará la hipótesis promovida por el gobierno de Juan Manuel Santos de que las tierras de Mojo Paya y otras, en el Vichada, fueron entregadas ilegalmente a cercanos del exsenador procesado por vínculos con paramilitares, Habib Merheg Marún.
Una historia del llano
Los Durán, de Santander y los Llanos Orientales, son hijos de uno de los tres conquistadores que, con ese apellido, llegaron a Colombia. En el árbol de su genealogía está el general Justo Leónidas Durán, quien batalló la Guerra de los 1.000 días y por cuyo apellido, cerca de Cúcuta, hay un municipio de nombre Duranía. “El expresidente Virgilio Barco (hijo de Julieta Vargas Durán) escribió un libro de nuestra familia, porque era primo hermano de mi abuelo”, dice José Vicente*, solicitante de Mojo Paya. El protagonista de esta historia solicitó mantener su nombre en secreto, porque quienes le hicieron el peor de los daños, como denuncia, están vivos, no están procesados y siguen apoderados de la región.
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Los Durán llegaron a Mojo Paya en 1964, cuando el padre de José Vicente, quien tenía buenas amistades en Tibú (Norte de Santander), se contactó con un policía recién separado que estaba vendiendo el terreno tras haberlo cuidado por años en condición de comisario de La Culebra. Ese fue el primer nombre del ahora municipio de Primavera donde, justamente, abundan las serpientes. “Nosotros llegamos con mi padre, mi madre y la hermana que me sigue. Llegué de tres años y medio. Emprendimos esa odisea de irnos al llano. Mi papá era ingeniero de petróleos. Mi mamá química de la Nacional. Llegamos allá a hacer patria en esas tierras lejanas”, agregó el solicitante.
La familia tenía experiencia comercializando reses y, con 48.000 hectáreas a disposición, de un llano confundible con el horizonte, llevaron miles de cabezas de ganado, que luego comercializaban en Villavicencio. En invierno, con el Río Meta crecido, que era el lindero del extenso Mojo Paya hacia el norte, llevar las reses tomaba horas. En verano podrían ser tres días. “¿Cómo convencerlo de que esa finca era nuestra? Hoy existe allá una finca que se llama La Motilona. ¿Quién más sino un motilón, como mi padre, iba a llamar así a un pedazo de tierra?”, agrega. La Agencia Nacional de Tierras (ANT), en respuesta oficial a El Espectador, confirma la existencia de La Motilona y las otras fincas mencionadas por el demandante.
“Yo viví ahí hasta los 7 años. Estudié luego en Tibú y en Bogotá, pero en vacaciones iba a Mojo Paya. Entre mis recuerdos más lindos está cuando íbamos al sector de Paso Nuevo, donde el ganado se metía en una especie de bajito y el agua era totalmente cristalina. Usted veía las sardinitas que llegaban ahí a cogerle a uno la piel. El que vive en el llano se enamora del llano. Es un paraíso y esos atardeceres, esos amaneceres. Tener contacto con la naturaleza, con los vecinos (…) tengo marcas de cuando tenía 11 años. La mordida de un chigüire. La idea es recuperar”, agrega José Vicente. Mojo Paya fue debidamente escriturada por los Durán en 1998.
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En la siguiente entrevista puede escucharse al solicitante:
La guerra en el Vichada
La tarea de la URT es acompañar la solicitud de la familia Durán con información de contexto que establezca fenómenos de violencia en la región. Según la unidad que maneja los casos del oriente colombiano, en cabeza de Martha Arévalo, se está documentando cómo el Frente 16 de las Farc y el Frente Domingo Laín del Eln llegaron a Primavera en los 80. “Simultáneamente, se inició la expansión por el grupo denominado Los Carranceros, que posteriormente tomarían el nombre de Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada. Así mismo se dio la presencia de narcotraficantes y esmeralderos, como Carlos Lehder, Víctor Carranza y Leónidas Vargas, que adquirieron predios”, le respondió Arévalo a este diario.
José Vicente Durán dijo ante la URT que un hacendado de la región, reconocido con el alias de El Taxista, logró firmar un acuerdo con inversionistas noruegos para exportar árboles y ganado a Europa en los 2.000. “Nos ofreció comprar Mojo Paya para que su proyecto tuviera salida al Río Meta. Nosotros le dijimos que no, pero que podríamos entrar al negocio prestando parte del terreno. Nos respondió que allá estaban los paramilitares, que eran más fregados que los guerrilleros, y que nosotros no teníamos el poder económico o la representación política para que nos protegieran. Luego volvió y recuerdo mucho que nos dijo: ‘Venden o venden, porque si no algo les puede pasar’”, explicó.
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Y agregó: “Ya en un momento de desesperación tras la amenaza, le dijimos que la hectárea valía $50.000. Nos dijeron que no podían pagar toda esa plata porque es un terreno grande. Entonces, dijeron: ‘Les pagamos a $11.500. Lo toman o ya saben a qué atenerse. Nos tocó acceder”. Según la información de contexto aportada por la URT, “en diciembre de 2000, varios hombres armados llegaron al predio para reiterar de manera forzada la venta del predio. El solicitante, por temor a su vida, accedió a la venta a un precio muy inferior al valor comercial, la cual fue aceptada bajo amenazas y presiones indirectas. Para 2004, el solicitante no pudo volver a la finca, debido a que los paramilitares estaban posesionados del predio”.
El último recuerdo que tiene José Vicente Durán de Mojo Paya fue la vez que, en 2006, su padre llevó otro posible comprador para la finca. “Cuando íbamos llegando, mi papá vio que salió una embarcación con personas armadas río arriba. No eran militares, eran civiles. Cuando les preguntó quiénes eran, le respondieron que esas personas estaban por cuenta del senador Habib Merheg. De lo que quedó en la casa no se pudo sacar nada. Porque si nos hubiéramos quedado ahí, no estaríamos ninguno contando el cuento”, concluye. La directora Arévalo agrega: “Hubo unas adjudicaciones posteriores a los hechos de despojo y abandono, donde muchas de estas familias aducían ser trabajadores de este excongresista”.
El caso Habib Merheg
En 2007, la revista Semana publicó un reportaje que señalaba al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), por adjudicar al menos 16.330 hectáreas de tierras baldías del Vichada a 13 personas cercanas a la actividad de Habib Merheg. Para ese momento, el político risaraldense había llegado al Congreso por el Movimiento Colombia Viva, luego de ser expulsado del Partido de la U por las investigaciones que lo sitúan de tener nexos con paramilitares. La publicación señaló que los ciudadanos habían resultado favorecidos con tierras para uso agrícola, entre ellos su secretaria, su abogado penal, y directivos y empleados de la empresa Cable Unión de Occidente.
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El Espectador profundizó en los señalamientos y encontró detalles hasta ahora desconocidos del caso, con información oficial de la ANT, ahora dirigida por Felipe Harman. La entidad confirmó que fueron, al menos, 31 predios entregados en 2006 a personas oriundas de Risaralda, la mayoría pereiranos como Merheg, a través de trámites de adjudicación de terrenos baldíos. Las resoluciones fueron firmadas por Carlos Daniel Ortiz Ríos, exjefe de enlace territorial 9 del Incoder, que tuvo su sede en San José del Guaviare. El Espectador lo contactó vía WhatsApp, pero no respondió los mensajes. Este funcionario no registra imputaciones y ha trabajado en el Instituto Colombiano Agropecuario y en la Gobernación de Cundinamarca.
Como muestra la resolución 0946 de octubre de 2006, parte del predio Los Girasoles, de Mojo Paya, fue entregado a José Noe Valencia y Adriana Emilce Villegas, una pareja que, según Semana, era amiga de Merheg. Aunque este tipo de entregas buscaban otorgarles medios a campesinos desamparados y fortalecer la soberanía alimentaria del país, Los Girasoles cayeron en manos de una pareja que no tenía arraigo en Vichada, que vivía en Pereira y cuyo esposo ha ocupado cargos públicos en Risaralda. Valencia fue, incluso, tesorero y subgerente de la ESE Salud Pereira. Cuando a José Vicente Durán se le pregunta por Los Girasoles, recuerda que “una parte era de Mojo Paya”. Y que de los 31 predios identificados por la ANT, 12 eran sectores que fueron fundados por su padre.
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En 2007, la gerencia del Incoder inició el proceso de revocatoria directa de los 31 predios. Funcionarios visitaron Los Girasoles y encontraron que no tenía ninguna explotación agrícola y que no había una sola siembra de alimentos. Tampoco había ganado y el cuidador del predio, Cesar Alonso Morales, confirmó que los dueños vivían en Pereira. Como se evidenció que Los Girasoles no era usada debidamente, el Incoder expropió el terreno en abril de 2008. Entre las 31 expropiaciones también estaba la finca El Parurito, entregada a Ronaldo Esteban Peláez Cruz, quien ocupaba la finca más cercana que la familia Durán recuerda de Mojo Paya, ubicada a más de dos kilómetros de la casa principal.
El futuro de la demanda de restitución
La directora Arévalo reconoce el deseo de la familia Durán de recuperar Mojo Paya tal como lo conocieron, pero eso supone, en sí, un reto para los jueces de restitución. Se supone que, por ley, a ningún beneficiario de la política pública se le puede entregar más allá de una Unidad Agrícola Familiar, para evitar la concentración de la tierra. Pero eso, a estas escalas, sería comparar un charco con un lago. “Las autoridades judiciales deberán decidir. Es un caso sui generis. Nosotros teníamos la responsabilidad de medir lo que la persona dice que dejó abandonado. Y él sabía dónde estaba cada punto. Cada árbol. Cada nacimiento de agua. Mojo Paya medía 48.000 hectáreas y él las conoce todas. Tiene arraigo por la tierra”, advirtió Arévalo.
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Asimismo, la Defensoría, en alerta temprana de finales de 2024, notificó a las autoridades nacionales y regionales por la naciente presencia del Frente 39 de las disidencias de las Farc, a pocos kilómetros de Primavera, en el municipio de Cumaribo. “Esta reactivación implica una expansión territorial y con ella se generan dos escenarios que ponen en riesgo la vulneración de los derechos humanos de la población e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. El primero de ellos, es el control territorial y social y, el segundo, las posibles confrontaciones y/o enfrentamientos armados que se puedan dar con otros actores armados no estatales que ya tienen presencia”, como el Eln y el Clan del Golfo, señala la entidad.
Pero, aun así, el corazón le puede a José Vicente Durán y amparado en esos recuerdos de infancia, y esas imágenes a “contraluz que le tatúo el Llano en el corazón”, ha decidido hacer lo posible por regresar a Mojo Paya. Su padre murió esperando respuesta del gobierno, que supo de la demanda en 2013 y recién 12 años después está actuando. Su madre murió de alzhéimer, teniendo recuerdos vagos de lo que fue Mojo Paya. “Yo tengo mucha esperanza. Y tengo diseñado un proyecto agroturístico, de reforestación de maderables, y otro agroempresarial para ayudar a la región. Historias muchas, pero nada como ver el ganadito echado, ver los venados en la sabana andando y ver a lo lejos esa inmensidad del llano”, concluyó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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