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Luego de pasar años en el exilio en España, Yuri Neira regresó al país para atender la salud de su madre y para radicar un documento que podría significar todo un hito en la historia de la justicia colombiana, pues solicitó a la Fiscalía declarar el crimen contra su hijo, Nicolás Neira, como uno de lesa humanidad. La consecuencia más importante sería que la Fiscalía quedaría comprometida a investigar el hecho a perpetuidad y a atar todos los cabos, justo cuando el caso, ocurrido en mayo de 2005, está cerca de prescribir.
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El documento fue radicado en la Fiscalía General justo en el día del cumpleaños de Nicolás Neira, un joven de 15 años asesinado con arma lanzagases el 1 de mayo de 2005, a manos del exagente del Esmad, Néstor Julio Rodríguez Rúa. Este último ha sido condenado en dos instancias por el delito de homicidio, pero la Corte Suprema de Justicia aceptó estudiar el expediente por solicitud del sentenciado. Asimismo, han sido juzgados y declarados culpables los expolicías Fabián Mauricio Infante y Julio César Torrijos, quienes encubrieron el crimen y entorpecieron la investigación para hacer de cuenta que Nicolás Neira se tropezó con un bolardo. Bajo investigación están los uniformados Humberto Daza y Edgar Fontalvo, señalados de golpear en el piso a la víctima, una vez fue impactado con el arma lanzagases.
La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dH Colombia) redactó la solicitud dirigida al fiscal especializado de Derechos Humanos, Samir Jiménez. La institución, que representa a Yuri Neira, le pide a la Fiscalía declarar el crimen como de lesa humanidad, pues considera que Nicolás Neira fue ejecutado en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas en contra de jóvenes en el marco de la protesta social en Colombia. Para probar ello, dH Colombia establece que los jóvenes como Neira han sido declarados enemigos internos y, por ende, blancos de la fuerza letal. Cita, por ejemplo, al mayor Oscar Barrera Rueda, quien en 1965 publicó, en la revista de la Fuerzas Militares que “todo individuo descontento, amargado, inconforme, lastimado en cualquier forma por la sociedad de que forma parte, es un guerrillero en potencia”.
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“Si bien el ESMAD fue creado para controlar manifestaciones de protesta que alterarán el orden público y solamente cuando los Departamentos y Unidades de Policías Metropolitanas fueran rebasadas en su capacidad y medios por los sectores movilizados, es claro que el empleo recurrente y permanente de estos grupos en el control de la protesta, aun en las legales y pacíficas, indica que el ESMAD desde su creación ha sido utilizado especialmente para neutralizar e impedir, mediante el uso de la fuerza, cualquier manifestación de inconformidad de la población, siendo su víctima directa jóvenes que en ejercicio de su derecho constitucional perdieron la vida, o les fue violentada su integridad”, agrega dH Colombia.
Para fortalecer esa hipótesis, la red de defensores entregó una base de datos a la Fiscalía sobre 115 hechos en los que miembros de la Policía fueron culpables o podrían ser investigados por asesinatos y otras graves violaciones de derechos humanos desde hace más de dos décadas. El recuento contiene casos como el de Mauricio Octavio Fonseca Cantor, quien en marzo del 2000 murió en medio de un desalojo del Esmad en el reconocido sector de “El Cartucho” de Bogotá. Y otros recientes como los de Dilan Cruz (2019), Javier Ordóñez (2020) y los del Paro Nacional de 2021. Según las estadísticas, las víctimas de la Policía han sido, en su mayoría, estudiantes. Pero también se cuenta con información de asesinatos de civiles, indígenas, comuneros, campesinos, abogados, activistas, lideres juveniles y hasta comunidad transexual.
En cuanto a los modos identificados, por lo cual dH Colombia señala el crimen de Nicolás Neira como dentro de un contexto sistemático, se detalló que miembros de la Fuerza Pública habrían abusado de la fuerza siempre en panoramas de reclamo social. La lista incluye muertos y heridos en los siguientes momentos: Manifestaciones por acceso a la tierra; durante el Día del Trabajo; contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; contra políticas de erradicación de cultivos ilícitos; por incumplimiento a cabildos indígenas; por el desbordamiento del Canal del Dique; por bloqueos en vías nacionales; por el Paro Agrario de 2013; por el derecho a la salud; contra empresas petroleras; por el asesinato bajo custodia policial del estudiante Javier Ordóñez; y contra la Reforma Tributaria del expresidente Iván Duque.
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“Existe una clara sistematicidad en la violencia contra quienes ejercen el derecho a la manifestación pública, y en importante medida en contra de los jóvenes en las edades de 14 a 28 años, quienes representan el 70% de víctimas de la violencia policial en el marco de la protesta”, explica dH Colombia. Para soportar su solicitud, el equipo de abogados que representa a Yuri Neira citó una sentencia de 2020 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual solicitó regular la presencia de la Fuerza Pública en el marco de la protesta. La alta corte encontró que no había un Ley Estatutaria que desarrollo los alcances y limitaciones de los uniformados durante los reclamos. Y, entre otros problemas, constató “La violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial, del ESMAD, y la amenaza real que esa institución supone para esa garantía superlativa (el derecho fundamental a la protesta pacífica)”.
“Estoy luchando como a él le hubiera gustado, sin violencia”
En diálogo con El Espectador, Yuri Neira habló sobre la necesidad de que la Fiscalía declare el caso de su hijo como de lesa humanidad y habló sobre el presente del expediente por homicidio y encubrimiento.
Este caso va avanzado, pero, luego dos décadas, todavía no está definido del todo ¿Cómo lo hace sentir eso?
Ya hay tres condenados, pero ese es un saludo a la bandera porque yo nunca voy a quedar contento. Yendo al marco legal, yo sé que el Policía que hizo el disparo, Rodríguez Rúa, está condenado a 17 años y un par de meses, pero sé que no va a cumplir todo ese tiempo. El problema es que hubo cobardía por parte de los jueces. El delito que le adjudican tiene un mínimo y un máximo de tiempo, y la jueza le da el mínimo del mínimo. Entonces le ayuda, porque el máximo pudo haber sido hasta 30 años. Hay una cobardía frente a ese poder que es la Fuerza Pública.
Rodríguez Rúa llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia, donde puede haber una decisión histórica en términos penales y específicamente sobre los asesinatos en protesta
Claro, pero también es posible que no confirme la condena y quede libre. Lo que necesitamos es que el fallo tenga una profundidad en ley. No es solamente decir que los jueces y el fiscal actuaron bien, pero se descacharon en algo. Es coger todo y mirar que hubo muchos en este camino que se prestaron para colocarle un palo a la rueda a la justicia. Necesitamos que se ordene una investigación disciplinaria o penal para ellos.
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Tratando de ser equitativo, sí hubo una justicia. Pero llevamos 18 años para que tomen un fallo medianamente de ley. No estoy pidiendo que hagan algo nuevo e hipotéticamente ordenen que, cuando el asesinato sea contra un menor de edad, el proceso no dure más de un año. Eso me gustaría, pero iniciemos por el primer piso. Y es que la Corte Suprema entienda y mande un mensaje directo de que en Colombia hay normas y que no se puede jugar con ellas.
¿Cree que la Corte podría marcar una ruta para definir estos expedientes como intencionales o no intencionales por parte de uniformado?
La Corte podría hacer un pronunciamiento fuerte, claro y directo, ratificado el tipo de delito en este tipo de casos: homicidio doloso. Fue premeditado. Yo sé que Rodríguez Rúa no dijo: ‘Ese es hijo de Yuri Neira, peguémosle’. Pero cuando él levantó su truflay, a donde una multitud, era consciente y tenía el entrenamiento de que podría hacer daño a una población civil desarmada. Y a pesar de eso, lo hizo. Y quienes ocultan, también saben que están haciendo daño.
Me gustaría también el tema de los exhortos y de que se indique que la investigación siga con personas plenamente identificadas. Y sobre todo ratifique lo que otros jueces, incluso el Consejo de Estado dijo, sobre que la Fiscalía debería investigar a más personas. Sería un fallo bastante bueno para las víctimas del Estado.
Ustedes también necesitan que el delito no prescriba, porque hay muchos cabos sueltos…
Yo demostré que en mi caso han pasado más de 70 investigadores del CTI. Se nota una sistematicidad de alargar, alargar y alargar, para cansar la gente. El Estado tiene el poder, el conocimiento, la tecnología y la maldad para hacerlo. En nuestro caso, el capitán que comandaba las dos escuadras del Esmad en mayo de 2005, era capitán en su momento y terminó siendo mayor. Los que les dieron golpiza a Nicolás en el piso, están haciendo carrera y uno ya es capitán. Hay que paralizar eso. ¿Por qué a los muchachos que protestan los guardan en la cárcel? Que sea el mismo racero para todos. Policías investigados, guardados.
Antecedentes: La sentencia en la que se tocan los casos de Nicolás Neira y Dilan Cruz
Los que cometen un delito deben ser castigados. No podemos permitir en delitos tan grandes, como asesinar un niño, que haya prescripciones, aunque la ley esté hecha de ese modo. Por eso es importante que sea declarado de lesa humanidad, para poder decir que es posible la justicia.
Usted lleva 18 años buscándola, y no se rinde…
Es la memoria de mi último hijo y yo no vendo sangre. Nos dicen que arreglemos con el Estado, que me indemnicen y ya. Dicen que hago esto por plata. Y puede pasar que en 20 años me digan: ‘vea, coja ese edificio. Tanto molestó, coja ese edificio’. Yo lo voy a derrumbar, yo no quiero eso. Si me colocan un maletín con dinero, yo lo quemo. Entiendan que una cosa es la dignidad. Yo quiero demostrarles a los demás que sí se puede. Y se puede luchar jurídicamente. Nos demoramos, sí. No tenemos las mismas herramientas, pero presentar este documento es el mejor homenaje para mi hijo en su cumpleaños. Estoy luchando como a él le hubiera gustado, sin violencia.
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