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En el despacho del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diego García-Sayán, reposa una denuncia a raíz de la investigación y formulación de pliego de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó en septiembre de 2018 por los sobornos que Odebrecht pagó en Colombia para quedarse con grandes proyectos de infraestructura. La denuncia fue hecha por la colombiana María Victoria Guarín, una alta funcionaria de la Corporación Financiera Internacional (IFC por su sigla en inglés), organización del Banco Mundial, que aparece como una de las investigadas por la SIC Delegada para la Protección de la Competencia.
El Espectador conoció el documento, que presentó su abogado en la oficina de esta dependencia de la ONU en Ginebra (Suiza), en el cual Guarín señala que fue vinculada a un proceso sancionatorio de la SIC junto a otras personas jurídicas y naturales que hicieron parte del proyecto de infraestructura la Ruta del Sol II. En esa investigación, la entidad gubernamental dijo que la empleada del IFC lideró la estructuración del proyecto vial y de la determinación de las reglas del proceso de selección entre febrero del 2008 y diciembre del 2009. Como se sabe, la megaobra fue adjudicada a la concesionaria Ruta del Sol, liderada por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana, del grupo Aval) y el grupo Solarte.
(Puede ver: Caso Odebrecht: los mensajes en favor de María Victoria Guarín)
Además, la investigación judicial sobre el caso Odebrecht arrojó que la multinacional le dio US$6,5 millones al exviceministro de Transporte y entonces director del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García Morales. Por estos hechos ya fueron condenados el propio García Morales (cinco años y dos meses de prisión) y los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays, por mover el soborno en su empresa y darle apariencia de legalidad al dinero. En abril de 2019 también fue condenado, en primera instancia, el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo (once años de prisión) por conocer y aprobar el dinero que recibió el exviceministro para adjudicarle la obra a la firma brasileña.
En el pliego de cargos, el entonces superintendente Pablo Felipe Robledo indicó que Guarín estaba casada con Diego Fernando Solano, vicepresidente de planeación corporativa del Grupo Aval. “Corficolombiana y Grupo Aval se valieron de la relación conyugal para incidir en la estructuración y el diseño del pliego de condiciones del proyecto y que benefició a aquellas compañías (…), se puede concluir que las empresas gestionaron sus intereses en el proceso sin adoptar medida alguna para impedir un conflicto por la relación entre Solano y Guarín (…), cuando fueron descubiertos, plantearon excusas impertinentes para ocultar la gravedad de la situación”, denunció la SIC.
En ese momento, septiembre del 2018, denuncia Guarín, fueron difundidos por el propio superintendente Robledo en entrevistas, ruedas de prensa y artículos de opinión lo cual, para ella y su abogado, “genera una exposición pública que compromete, condiciona, presiona e influye negativamente en la imparcialidad de la entidad y sus funcionarios”. Además, dice que esta actitud de la SIC es una falta absoluta de imparcialidad, de presunción de inocencia y una violación al derecho a un juicio justo. Para sustentar dicha afirmación, Guarín citó varios apartes del pliego de cargos de la entidad gubernamental en los que, en su opinión, fue prejuzgada sin tener oportunidad de defenderse.
(Además: Correos bajo sospecha del caso Odebrecht)
Además, el IFC ha alegado que desde 2009 le informó al viceministro García Morales sobre la relación marital entre Guarín y Solano. En una carta, conocida por este diario, del 27 de octubre de ese año, el presidente del IFC para el Caribe y Latinoamérica, RIchard Cabello, señaló que «Conocedores de la importancia que el proceso de licitación del proyecto sea transparente, discutimos con usted la existencia de esta relación marital (…) ustedes (El INCO) nos indicaron su preferencia que la doctora Guarín permaneciera en nuestro equipo para evitar consecuencias adversas para el proyecto». El organismo del Banco Mundial también enlistó tres medidas que tomó para evitar que la relación marital causara problemas en un futuro, como hoy sucede. «La IFC ha minimizado el contacto de Guarín con potenciales postores (incluyendo el Consorcio del que hacía parte Odebrecht y Episol), exceptuando actos públicos. Y ha sido instruida de no comentar asuntos relativos al proyecto con su cónyuge. (…) Guarín no ha participado ni participará en ninguna discusión con el IFC o el INCO sobre el Consorcio u ofertas que haga el mismo (…) Guarín no será parte del equipo del IFC que apoyará al INCO en la evaluación de ofertas», señaló Cabello en su misiva. Otro punto que denunció Guarín sobre la parcialidad de su proceso se remonta a la génesis de esta investigación. El 23 de enero del 2017, pocos días después de que se conociera que Odebrecht confirmó haber pagado alrededor de US$11 millones en sobornos en Colombia (la Fiscalía encontró que era aun más), el entonces senador Iván Duque le pidió al superintendente Robledo investigar a la firma brasileña en varios proyectos que le fueron adjudicados. Un año y siete meses después, Duque se posesionó como primer mandatario luego de vencer en las elecciones en julio de ese mismo año al candidato Gustavo Petro.
Además, el actual superintendente, Andrés Barreto González, fue miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Duque mientras este se desempeñó como senador del Centro Democrático, época en la que pidió a la SIC investigar a Odebrecht. “Quien en su momento presentó la solicitud a la SIC para investigar el caso de corrupción que dio origen al proceso es hoy presidente de la República y, como tal, tiene el poder de nominar al superintendente (…). Esta situación conlleva al hecho innegable de que existe una predisposición del Gobierno frente al caso, ya que la SIC hace parte de la rama Ejecutiva”, afirmó Guarín.
La inmunidad de Guarín
En 1956, el Estado colombiano ratificó un convenio con Naciones Unidas en el que se señala que los funcionarios de la IFC, como Guarín, cuentan con inmunidad respecto a las acciones que hacen parte de ese organismo multilateral. Sobre este argumento Guarín ha venido insistiendo ante varias instituciones como la propia SIC, la Procuraduría, la Cancillería y ahora el despacho de García-Sayán, y sostiene que, por ende, no puede ser investigada por su condición de alta directiva del Banco Mundial. Aunque la Superintendencia reconoce dicha inmunidad, dijo que solo aplicaba para actuaciones propias de la IFC y que las supuestas irregularidades “no tienen esa naturaleza, no están cobijadas por la garantía de inmunidad”.
(También: “Soborno no afectó licitación de Ruta del Sol 2”: abogada de Odebrecht en caso de la SIC)
Guarín señala que esa inmunidad de la que gozan los funcionarios de la IFC se violó en agosto de 2017, cuando la SIC hizo una visita administrativa a las instalaciones del organismo del Banco Mundial para obtener copias de documentos e interrogar a funcionarios. En este punto, la denunciante vuelve a mencionar el convenio entre Naciones Unidas y Colombia, en el que se indica que los archivos de la corporación son inviolables. A los pocos días de esa visita de la SIC, el director regional y el gerente del IFC, Gabriel Goldschmidt y Carlos Miguel López, respectivamente, se quejaron ante el Ministerio de Hacienda, la Cancillería y el superintendente Robledo por la violación de ese tratado.
Los hechos por los que Guarín es investigada por la SIC habrían sucedido entre febrero de 2008, cuando empezó a trabajar con la IFC, y diciembre de 2009, momento en el que se le adjudicó a la Concesionaria Ruta del Sol el tramo dos de la obra. La alta directiva de la IFC dice que en el momento en que se abrió la investigación de la Superintendencia ya habrían transcurrido ocho años y que, por ende, ya habría prescrito el tiempo para que la entidad realizara las pesquisas del caso.
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Por el contrario, la SIC le ha respondido a Guarín que seguirá con el proceso, porque continúa practicando pruebas. Hasta el momento, indica la defensa de Guarín, el Gobierno no ha tomado medidas en su caso para “prevenir la violación de los derechos humanos a un juicio justo y al debido proceso”. Lo último que se sabe del caso es que a la última diligencia que fue citada, el 12 de noviembre de 2019, su defensa presentó una excusa, ya que no podía asistir. Asimismo, se pidió a la SIC que esta fuera reprogramada solo cuando se cuente con la presencia de la Procuraduría, la cual fue invocada por la funcionaria de la IFC el 8 de noviembre pasado, y hasta ahora no se ha pronunciado sobre el caso.
Por David Escobar Moreno
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