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Desde que estalló el escándalo de Odebrecht en Colombia, en diciembre de 2016, siempre hubo dos personas que salieron mencionadas en expedientes judiciales, pero la Fiscalía nunca consolidó una investigación que pudiera vincularlos al esquema de corrupción o, por el contrario, que los declarara inermes del entramado. Esa situación cambió este 13 de junio, cuando la Fiscalía anunció que tiene todo listo para imputarle cargos al excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y a la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez.
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De corrientes políticas diferentes, la exfuncionaria y el político serán vinculados formalmente al caso Odebrecht, la corrupta firma brasilera que desató un escándalo internacional por grandes sobornos y financiación irregular de campañas políticas. En los pasillo judiciales, el llamado del entre investigador a estas dos personas de la vida pública estaba cantado. Incluso, se hablaba de que Gina Parody, exministra de Educación de Santos, también estaba en el radar de la Fiscalía, pero su investigación fue archivada.
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El caso de Óscar Iván Zuluaga
La Fiscalía logró establecer que, en 2014, el excandidato presidencial uribista se reunió en varias oportunidades en el norte de Bogotá con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, con el fin de pactar una financiación por parte de la multinacional extranjera, una movida que es prohibida por la ley colombiana. En los encuentros, al parecer, la firma brasilera se comprometió a pagar una parte de los servicios que el publicista Duda Mendoça prestaba a la campaña, lo cual se hizo a través de una cuenta en Panamá que tenía el reconocido asesor de campañas presidenciales. La Fiscalía encontró que Odebrecht giró US$1,6 millones de dólares y que Zuluaga terminó de cubrir los honorarios de Duda Mendoça.
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Los investigadores del caso también encontraron que Óscar Iván Zuluaga tenía conocimiento del aporte ilícito y que cuando presentó la contabilidad de la campaña, omitió el pago ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad encargada de vigilar las financiaciones de la política en Colombia. Además, la Fiscalía estableció que su hijo, David Zuluaga, que a su vez era gerente de campaña, también le mintió a la autoridad electoral y, por eso, le serán imputados cargos. “En las declaraciones rendidas ante el CNE, ocultaron información sobre la colaboración económica de Odebrecht. Así indujeron a error al organismo que cerró una investigación que adelantada sobre este caso”, señaló la Fiscalía.
En noviembre de 2022, El Espectador contó parte de las acciones que estaba adelantando la Fiscalía en el proceso contra Zuluaga. En ese momento, este diario encontró que, un año antes, la Fiscalía envió una solicitud “urgente” de colaboración a la Fiscalía brasileña para que facilitara la declaración de seis personas sobre la campaña presidencial de Zuluaga en 2014, en el marco de una investigación por el delito de fraude procesal. Dentro de ese listado de testigos, se destaca el nombre de un ejecutivo de Odebrecht señalado de ser el cerebro de los grandes sobornos que la compañía entregó en Latinoamérica y África. Se trata de Fernando Migliaccio da Silva, tesorero de la oficina encargada de girar las millonarias coimas.
Migliaccio, quien también ha sido mencionado por las autoridades de Argentina y México, manejaba las cuentas bancarias de Odebrecht en Suiza y Panamá. Además, en los organigramas de la compañía solo había dos personas por encima de él: Hilberto Mascarenhas, el coordinador de la oficina de sobornos, y el presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht. Además de Migliaccio, la Fiscalía solicitó la declaración del publicista Eduardo de Matos Freiha, quien fue socio de Duda Mendoza, y de otras dos personas del círculo del publicista: Aline Waxman Caetano y Alexandre Martins. La urgencia del mensaje de la Fiscalía tiene hoy a Zuluaga a punto de ser vinculado formalmente al caso de corrupción.
El caso de Cecilia Álvarez
El anuncio de la Fiscalía sobre la imputación contra la ministra Cecilia Álvarez es una confirmación de que las investigaciones del exfiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, también encontraron graves indicios de posibles delitos cometidos por la alta funcionaria del gobierno de Juan Manuel Santos. Contrario al controvertido manejo que le dio entre 2017 y 2018 el entonces fiscal General, Néstor Humberto Martínez. Primero se declaró impedido para adelantar una investigación contra las exministras y, posteriormente, ordenó cerrar la investigación.
El ente investigador indicó este lunes que Cecilia Álvarez, entre septiembre de 2012 y agosto de 2014, avaló la celebración de los documentos que le dieron luz verde a la adición del tramo Ocaña- Gamarra a la Ruta del Sol 2. De acuerdo con la Fiscalía, esos documentos contemplaban instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban en funcionamiento.
Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran y sin autorización previa de varias autoridades, como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado, dice la Fiscalía, que el tramo Ocaña – Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol 2 y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de licitación pública. El ente investigador explicó que Álvarez hizo varias maniobras para favorecer a la concesionaria Ruta del Sol (controlada por Odebrecht) y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra.
“Es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la exministra Álvarez participar en la adición del tramo Ocaña – Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte, hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja (la exministra de Educación Gina Parody). Por todo lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará a la exministra Cecilia Álvarez el delito de interés indebido en la celebración de contratos”, señaló la Fiscalía.
En 2019, Espinosa, le pidió a la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), adscrita al Ministerio de Hacienda, que les pusiera la lupa a las finanzas de una serie de empresas que tenían interés en el puerto Andalucía, en Gamarra. Esta entidad no puede hacer investigaciones formales, pero puede acceder a información de la DIAN y de bancos para emitir alertas. El objetivo era revisar si había movimientos extraños en sociedades vinculadas a la Sociedad Portuaria de Cartagena. En diciembre pasado El Espectador contó detalles sobre lo que encontró esa unidad, pero que no pudo ser usado por Espinosa, ya que no duró mucho como fiscal ad hoc.
Por ahora no se sabe cuándo se adelantarán las imputaciones contra Óscar Iván Zuluaga y la exminista Cecilia Álvarez, en una investigación que llevaba años en los anaqueles de la Fiscalía.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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