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El desarrollo de las investigaciones del escándalo de corrupción de Odebrecht son, una vez más, el escenario de una disputa política y judicial de una historia que pareciera no tener fin. Esta semana, el fiscal Francisco Barbosa anunció la vinculación de 55 personas a nuevas investigaciones penales por el entramado criminal en Colombia, en la misma declaración en la que hizo una dura crítica de los más recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro sobre este enorme proceso. Al mejor estilo del jefe del búnker, Barbosa le dijo al país que los hallazgos de su Fiscalía eran inéditos y que, pese a las mentiras, las investigaciones sí han avanzado.
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Sin embargo, la historia de este expediente, documentos del caso y fuentes que han conocido la minucia de sus carpetas desde el día cero muestran que la realidad de esta investigación no coincide con la versión que ha presentado Barbosa. El más reciente anuncio lo hizo acompañado de la cúpula de la Fiscalía: a su mano derecha, la vicefiscal Martha Mancera, y a su izquierda, Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y cabeza del grupo de tareas especiales para este caso; un equipo que Barbosa creó apenas aterrizó en el búnker, en 2020. Este último fue el encargado de leer el comunicado de prensa con los más recientes avances. Pero ¿qué hay realmente nuevo? ¿En qué no se ha avanzado?
El papel del lobista Luis Bernardo Villegas
Una de las novedades anunciadas por la Fiscalía en el caso Odebrecht fue el llamado a imputación de cargos a Luis Bernardo Villegas, el cuestionado exsecretario de Movilidad de la alcaldía de Samuel Moreno, quien también fue vinculado al caso de corrupción de la empresa brasileña, pero falleció antes de una decisión de fondo. Aunque Villegas no había sido mencionado en los últimos años, desde 2017, cuando estalló el escándalo en Colombia, ya se sabía que estaba en la mira de la justicia por su presunta participación en la red de corrupción de Odebrecht. En noviembre de ese año, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez lo interrogó y, solo hasta ahora, la administración de Barbosa volvió al asunto.
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El llamado a imputación de cargos a Villegas es una confirmación de que las alertas hechas en 2015 por Jorge Enrique Pizano, controller de la Ruta del Sol 2, siguen teniendo toda la relevancia. Ese año, en una conversación entre él y Néstor Humberto Martínez, entonces asesor del Grupo Aval, Pizano señaló que Villegas y Federico Gaviria (otro lobista condenado por Odebrecht), eran unos “ladrones”. Fue justamente Gaviria el que le dijo a la Fiscalía que Villegas recibió un soborno para influenciar en el área jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que se aprobara un otrosí del tramo Ocaña-Gamarra. Según el reciente anuncio de la Fiscalía, Villegas hizo lobby en cuatro de los otrosíes y, al parecer, recibió un soborno de $9.540 millones.
Villegas, que fue destituido de la Secretaría de Movilidad por irregularidades, habría recibido ese dinero por intermedio de empresas que estaban a nombre de su esposa Carolina de Nubila y de su hijo Andrés Felipe Villegas Aguirre, dice el ente investigador. En noviembre de 2018, cuando los audios entre Pizano y Néstor Humberto Martínez fueron revelados por este diario y Noticias Uno, el congresista David Ravelo también denunció que una empresa de Villegas y su esposa, Inversores Profesionales S. en C., recibió millonarios pagos de la concesionaria Ruta del Sol, la cual estaba integrada por Odebrecht, Corficolombiana (del grupo Aval) y el grupo Solarte. Esa empresa, entre 2013 y 2015, recibió $1.336 millones.
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En 2015, Racero dijo que “habrían entrado dineros de Odebrecht” a la campaña para el Concejo de Bogotá del partido uribista Centro Democrático. Aunque no hay certeza de ello, el actual congresista mostró documentación sobre cómo la esposa de Villegas le entregó $13 millones a la campaña en la capital de ese país. Sin embargo, la Fiscalía ni ningún organismo del Estado colombiano han señalado que ese dinero que entró a la campaña del Centro Democrático era de la multinacional brasileña.
Edgar Chacón Hartmann, otra de las alertas de Pizano
El anuncio de la Fiscalía incluyó a varios funcionarios de la ANI que también habrían hecho parte de la red corrupta de Odebrecht para que esta y sus socios en la Ruta del Sol se quedaran con el segundo tramo del proyecto. Entre ellos se destaca el nombre de Edgar Chacón Hartmann, quien fue gerente de proyectos en la entidad y ya había sido nombrado en el expediente. En 2015, el controller Pizano alertó que Presoam, empresa de un socio de Chacón que pasó a integrar en 2016 cuando salió de la ANI, habría recibido más de $12.000 millones en un aparente contrato simulado que hoy está en la mira de la Fiscalía.
El ente investigador dice que Chacón y otros 32 funcionarios de la ANI (entre ellos Luis Fernando Andrade, entonces director) habrían amañado seis gestiones contractuales para favorecer a Odebrecht y sus socios. El rastro de Chacón Hartmann en la Ruta del Sol también llegó hasta el tercer tramo de la obra, hecho que ahora lo tiene rindiendo cuentas ante las autoridades. Desde 2018, la Procuraduría lo tiene en juicio disciplinario porque se habría beneficiado de la denominada “puerta giratoria”. Es decir, Chacón ingresó a Presoam tres meses después de salir de la ANI y allí, al parecer, se habría aprovechado de información que adquirió como funcionario público para beneficiar a la empresa.
Federico Gaviria, un testigo inconveniente
Además de Chacón y Andrade, hay otros 31 funcionarios de la ANI que serán imputados por favorecer a Odebrecht. Este diario conoció un documento de la Fiscalía que señala que esta nueva imputación tiene como origen una declaración de Federico Gaviria realizada el 29 de agosto de 2022. “Respecto de la existencia de presuntos hechos irregulares promovidos ilícitamente en la construcción de los diez que fueron adicionados a la Ruta del Sol 2, iniciar indagación preliminar con el fin de investigar seis adiciones de ese contrato”, dice el documento firmado por el fiscal Gabriel Jaimes Durán en septiembre de 2022.
Aunque hay movimientos irregulares de dinero en los casos de Chacón Hartmann y Villegas, la Fiscalía basó su investigación en las declaraciones del condenado empresario Federico Gaviria, quien ha sido señalado, en pocas palabras, de mentiroso. Gaviria fue testigo contra Plinio Olano, exsenador del Partido de la U, de quien había indicios de que, como congresista, presionó para que Odebrecht se quedara con la adición del tramo Ocaña-Gamarra, a cambio de un soborno. En 2019, la Corte Suprema lo absolvió y, de paso, señaló que el testimonio de Gaviria contra Olano estaba “plagado de inconsistencias, conjeturas y suposiciones, que merecían una valoración mucho más rigurosa”. Incluso, calificó a Gaviria de “testigo no idóneo”.
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Pese a las advertencias del alto tribunal sobre la calidad de testigo de Gaviria, la reciente decisión de la Fiscalía de vincular a los funcionarios de la ANI evidencia que el cuestionado testigo sigue teniendo valor en la investigación. Sin embargo, este no es el único reproche respecto a la vinculación de los funcionarios de la entidad a un proceso penal. Esta es la segunda vez que la administración de Barbosa llama a imputación de cargos a varios de los testigos que justamente estaban planillados para hablar en el juicio que la Fiscalía adelanta contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI. Esas irregularidades en el proceso ya fueron mencionadas en las audiencias.
Es más, el juez que lleva el caso ha llamado duramente la atención de la Fiscalía dos veces, pues no entiende por qué el ente investigador hace anuncios tan serios como una imputación de cargos justamente en contra de quienes van a hablar a favor de Andrade. “La Fiscalía, como entidad estatal, no tiene la delicadeza, el decoro ni la prudencia judicial para esperar porque hay una situación en curso, un juicio que fue iniciado por la propia Fiscalía”, expresó el juez. La Fiscalía nunca le contestó al juzgado; sin embargo, sí anunció una nueva imputación contra Andrade, la cuarta en siete años, también con sus bemoles, pues el exdirectivo ya está en juicio por hechos similares a los ahora anunciados por el fiscal Jaimes.
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Los brasileños: un hallazgo viejo
“Frente al caso Odebrecht, esta Fiscalía ha develado el mecanismo criminal que se utilizó [Odebrecht] alrededor de este caso (…) Hemos podido avanzar como nunca antes”. Estas fueron algunas de las palabras que expresó Francisco Barbosa, el pasado jueves, al comunicar las nuevas imputaciones del caso. Las más importantes, sin duda, fueron las anunciadas contra los exdirectivos de la multinacional que, pese a que han pasado siete años desde que se conocieron sus andanzas criminales, en Colombia hasta ahora no habían sido tocados por la justicia. Sin embargo, ese mecanismo criminal que mencionó Barbosa está lejos de ser un hallazgo de su Fiscalía.
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Los autores de esa investigación, sin precedentes en los archivos criminales de la región, fueron el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigación de ese país (FBI). El 21 de diciembre de 2017, altos funcionarios de la Fiscalía de Nueva York revelaron los detalles del mecanismos criminal que le permitió a Odebrecht quedarse con millonarios contratos de infraestructura en Latinoamérica a punta de sobornos y de cómo inyectaron dineros a campañas políticas. Desde ese momento se supo que la empresa había creado lo que llamaron un Departamento de Operaciones Estructuradas, instancia que funcionó específicamente para coordinar el pago de coimas.
Ahora, en Colombia, la Fiscalía de Barbosa señaló como suyo el hallazgo de ese mecanismo. “La evidencia física recolectada permite, con suficiencia probatoria, establecer que desde la sede matriz de la empresa en Brasil se creó el Departamento de Operaciones Estructuradas que estaba dedicado exclusivamente a la distribución de sobornos en todo el mundo y con lo cual consolidaron su accionar delincuencial”, se lee en el comunicado que leyó esta semana el fiscal Gabriel Jaimes Durán. A renglón seguido de este asunto, la cúpula del búnker anunció el llamado a imputación de cargos a los directivos de Odebrecht que estuvieron detrás de ese Departamento de Operaciones Estructuradas.
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Aunque es la primera vez que la justicia colombiana enfila esfuerzos serios para vincular a un proceso penal a los cerebros de este entramado criminal, desde hace siete años la Fiscalía ha tenido a la mano todas las evidencias para hacerlo. Con un ingrediente adicional: en 2019 el fiscal ad hoc que designó la Corte Suprema, al encontrar que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez no daba garantías de transparencia en tres investigaciones del caso, dejó lista la imputación que hasta ahora anunció la administración de Barbosa. Los detalles de la investigación, liderada por Leonardo Espinosa, la reveló El Espectador en ese momento y, ahora, el anuncio de Gabriel Jaimes corrobora lo que dijo el fiscal ad hoc hace tres años.
Si bien ahora la Fiscalía logró vincular a toda la cúpula de la empresa brasileña, empezando por su expresidente, el condenado Marcelo Odebrecht, la teoría del caso es la misma que la de Espinosa: Odebrecht en Colombia fue una multinacional del crimen organizado que, mediante coimas, contratos falsos y poder económico y político, consiguió negocios millonarios, lavó dinero y se concertó para cometer delitos. Por eso, el fiscal ad hoc señaló, en apenas cinco meses de trabajo, que los directivos tenían que responder por delitos como lavado de activos y concierto para delinquir. Ahora, tres años después de haber llegado a la Fiscalía, Barbosa y sus altos funcionarios anunciaron exactamente lo mismo.
Tras conocer la decisión de la Fiscalía, los abogados en Colombia de varios de los exdirectivos de Odebrecht se pronunciaron. Según los defensores, aunque quieren seguir colaborando con la justicia colombiana y la de otros países a los que llegaron los tentáculos de corrupción, que se quiera vincular a sus clientes con las investigaciones, es un mensaje “para que cesen las colaboraciones con la justicia colombiana, y, por esa vía, se impida al país el conocimiento pleno de la verdad”. Además, los penalistas recordaron que, desde agosto de 2019, existe una matriz de colaboración entregada a la Fiscalía que sirvió para aportar información sobre varios de los vinculados al caso.
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Precisamente, dentro de esa colaboración, todo estaba listo para que, durante las próximas semanas, varios exdirectivos de Odebrecht hablaran en el juicio contra Luis Fernando Andrade. La defensa del exdirector de la ANI pidió sus testimonios desde hace meses; sin embargo, días antes de que aparecieran, la Fiscalía anunció la imputación en su contra. Y así, entre nuevos anuncios y audiencias en marcha, sigue avanzando en cámara lenta la investigación por Odebrecht en Colombia, ahora con una pelea política atravesada por la respuesta de Barbosa al presidente Petro, que esta semana criticó en Twitter el papel de la Fiscalía en este expediente. “Pese a las mentiras, esta Fiscalía sí ha dado resultados. No son discursos ni son trinos”, concluyó Barbosa.
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