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El caso por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci tuvo un nuevo capítulo esta semana. Margaret Chacón, señalada de participar en el crimen, fue condenada por hacer parte de la red criminal que acabó con la vida del fiscal antimafia en Cartagena el 10 de mayo de 2022. La justicia determinó que la mujer, quienes los otros implicados en el caso dijeron que no tenía conocimiento del plan, realmente sí sabía cómo se ejecutaría el crimen, pues participó en reuniones de coordinación en Cartagena y en Medellín, según la investigación de la Fiscalía. Aunque el caso se ha movido en Colombia, los avances de la justicia para dar con el paradero del uruguayo Sebastián Marset, señalado de ser el autor intelectual del crimen, parecen estar congelados a nivel internacional.
El exfutbolista y narcotraficante uruguayo Marset es de las presas más ansiadas por la justicia en al menos tres países: Paraguay, Bolivia y Colombia. En el caso de Pecci, es el eslabón más alto en la red que planeó y ejecutó el crimen contra el fiscal, pero hasta ahora es muy poco lo que se conoce en el país sobre el presunto líder de una red de tráfico en el Cono Sur. Además, se desconoce actualmente su paradero. Por otra parte, en su país de origen protagonizó un lío político y judicial por un pasaporte falso que, además de llevarlo a prisión en Dubái, Emiratos Árabes, resultó en la salida del ahora excanciller de Uruguay Francisco Bustillo el año pasado, por concederle un pasaporte de manera urgente a pesar de estar privado de la libertad justamente por falsificar ese documento en 2021.
A Marset se le vio por última vez en Bolivia, donde se escondía bajo la identidad de Luis Paulo Amorín, un supuesto empresario y futbolista que ingresó a un equipo de segunda división de ese país, cuyos partidos eran transmitidos por TikTok. El narco uruguayo, tras su salida de prisión de Dubái, logró llegar, nuevamente con documentos falsos, al país suramericano, donde permaneció escondido hasta julio de 2023, cuando las autoridades prepararon un operativo con más de 2.000 policías para atraparlo. Sin embargo, escapó y días después, a través de un video, aseguró que el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcóticos (FELCN), le había dado aviso de su captura a cambio de dinero.
Desde entonces, las autoridades de ninguno de los tres países han dado a conocer que tengan más información sobre el paradero del narco Marset. Pero, al menos en Colombia, por el caso Pecci, los otros implicados sí han tenido rounds judiciales. Además de la condena contra Margaret Chacón, el año pasado fue sentenciado a 23 años de prisión Wendre Still Scott Carrillo, el gatillero que acabó con la vida del fiscal paraguayo. Igualmente, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, quienes hicieron labores de seguimiento; y Eiverson Adrián Zabaleta, quien cumplió labores de transporte, fueron condenados a 47 años de cárcel.
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Por su parte, Francisco Luis Correa Galeano, el exmilitar colombiano quien fue el coordinador principal del crimen en Colombia, resultó siendo el testigo estrella del caso. Aunque inicialmente se declaró inocente por su participación en los hechos, finalmente aceptó los cargos y firmó un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que no será procesado por el cargo de homicidio, siempre y cuando cumpla con la matriz de colaboración que firmó con el ente investigador. Sin embargo, el pasado viernes fue acusado por la Fiscalía por los delitos de amenaza a un juez y una fiscal y porte ilegal de armas, los cuales no entraron en el acuerdo con el ente investigador.
Finalmente, el 3 de mayo de 2023, los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos, también coordinadores y financiadores del crimen, fueron condenados a 25 años y 6 meses de cárcel. Los hermanos Pérez Hoyos aceptaron ante un juez de Garantías de Cartagena los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, por ser los encargados de entregar la plata para el atentado en el que fue asesinado el fiscal paraguayo. Sin embargo, la justicia colombiana aún anda tras la pista de Marset y de otros posibles planeadores y financiadores del crimen contra el fiscal antimafia.
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