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Después de dos audiencias aplazadas y una diligencia judicial suspendida, Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, fue imputado este 11 de mayo por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales. El jefe de la estatal petrolera tendrá que rendir cuentas ante la justicia porque, al parecer, cuando fue gerente de la campaña Petro Presidente del año 2022, habría sobrepasado los montos máximos de financiación de la contienda electoral en al menos COP 1.664 millones. Además, habría omitido rendir cuentas sobre millonarias donaciones a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. El ingeniero de 65 años no aceptó cargos.
La imputación en contra de Roa Barragán se adelantó ante el despacho de Cidulfo Hernández Toro, juez 35 de control de garantías de Bogotá, y estuvo liderada por el fiscal Elkin Ardila Espinosa, de la Unidad Anticorrupción. El funcionario del búnker detalló diez oportunidades en las que, al parecer, cuando el hoy presidente de Ecopetrol fue gerente de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro, habría pasado por encima de lo que dice la ley sobre la financiación electoral. El caso llegó a manos del ente investigador después de que el Consejo Nacional Electoral sancionara al jefe de la estatal petrolera en 2025 por este mismo expediente y compulsara copias a la Fiscalía para que lo investigara penalmente.
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Según la investigación liderada por el fiscal Ardila Espinosa, como gerente de la campaña Petro Presidente, una de las responsabilidades de Roa Barragán era verificar que cada uno de los movimientos de la chequera en esa contienda electoral se hiciera siguiendo la ley. Eso implicaba, entre otras cosas, cuidar que los ingresos y gastos de dinero no superaran el techo establecido por el CNE, que fue de COP 28.536 millones para la primera vuelta y de COP 29.924 millones para la segunda. El hoy presidente de Ecopetrol también era el responsable en el aplicativo Cuentas Claras y ante el CNE de los balances financieros de cada peso que se moviera en el marco de la campaña a favor del entonces candidato Petro.
A pesar de ello, sostiene la Fiscalía en su imputación y el CNE en su decisión del 2025 confirmada el pasado 29 de abril, la campaña Petro Presidente sobrepasó los montos establecidos en la ley. El fiscal Ardila Espinosa detalló durante la audiencia que la campaña gerenciada por Roa Barragán se habría gastado COP 29.924 millones; es decir, 1.388 millones más de lo permitido. En segunda vuelta, el gasto extra habría sido de COP 276 millones, para un total de COP 30.200 millones. La mayoría de esos recursos habrían ido a parar al pago de ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato.
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En uno de esos eventos reseñados por la Fiscalía durante la imputación apareció el nombre de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia ante el Reino Unido y quien fue la coordinadora de logística en la campaña presidencial. Según el fiscal Ardila Espinosa, el 6 de abril de 2022 hubo un evento de campaña en un hotel al norte de Bogotá, cuyo costo fue por alrededor de COP 27 millones. El funcionario detalló que la información financiera de ese encuentro se remitió al correo electrónico de Sarabia y que el pago de los gastos relacionados con el mismo se hizo con dinero efectivo. Según la teoría de la Fiscalía, se habría omitido el reporte de esa inversión argumentando el modo de pago de los gastos, para que no entrara en las cuentas.
“Este dato es relevante porque el efectivo, debo ser preciso en esto, no elimina el deber de reporte si el servicio se prestó a favor de la campaña. Debería estar soportado, registrado y reportado a través de la cuenta única”, dijo el fiscal. Agregó que, pese a que esta factura, como otras, fue remitida al correo electrónico de Sarabia, eso no le quitaba a Roa Barragán su obligación de estar al tanto de cada peso que se movía en los ingresos y gastos de la campaña de Petro, por ser el gerente de la misma. “La factura en nombre del gerente permite inferir ese hecho económico completo donde ingresó. Debía ingresar al ámbito del conocimiento de la gerencia”, dijo el funcionario respondiendo a las observaciones de la defensa de Roa Barragán.
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Durante la primera parte de la imputación, que inició el pasado 8 de mayo y tuvo que ser suspendida para responder a las preguntas planteadas por Juan David León Quiroga, abogado defensor de Roa Barragán, el fiscal del caso también hizo énfasis en el rol clave que tenía el actual presidente de Ecopetrol para garantizar la transparencia de la campaña. “Para la Fiscalía, ese conocimiento no se desprende únicamente de su cargo nominal de gerente, sino de sus funciones concretas: la administración financiera, la ordenación del gasto que estaba en su cabeza, el manejo de la cuenta única, la aprobación de transacciones y el deber legal que tenía de rendir cuentas ante el Consejo Nacional Electoral”, dijo el fiscal Ardila Espinosa.
En ese sentido, señala la imputación, Roa Barragán sería el autor del delito de violación de topes electorales, porque sobre sus hombros estaba vigilar cada peso de la campaña del hoy presidente. “La Fiscalía le atribuye a usted haber administrado, dirigido y manejado ese gasto de la campaña durante la primera y segunda vuelta de 2022, permitiendo la ejecución de gastos reales que superaron esos límites máximos fijados por la autoridad electoral en cada una de esas etapas”, dijo el fiscal. La defensa de Roa Barragán cuestionó la teoría del funcionario del búnker alegando que hay incoherencias entre cifras y fechas de los diez hechos por los cuales el presidente de Ecopetrol está siendo investigado.
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Aunque el juez Hernández Toro le dio la razón al abogado León Quiroga en que la Fiscalía no ha sido del todo clara a la hora de exponer las pruebas que hasta ahora fundamentan la imputación, señaló que eso será tema de discusión en las siguientes etapas del proceso. Roa Barragán, por su parte, fue contundente a la hora de responder al togado sobre su presunta responsabilidad en este delito. “No acepto cargos, su señoría, y me declaro inocente”, dijo el presidente de la estatal petrolera, que por estos días está en unas vacaciones y una licencia aceleradas por los dos procesos penales que se adelantan en su contra. Si es inocente o no, será algo que tendrá que demostrar ante la justicia.
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Por Gustavo Montes Arias
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