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La historia de la fiscal Angélica Monsalve ha tenido, en cuestión de dos semanas, todo tipo de desarrollos. Lo que arrancó siendo un escándalo por su traslado a Putumayo, luego de anunciar que les imputará cargos a tres miembros de la familia Ríos Velilla, se le sumó la supuesta injerencia del exfiscal Néstor Humberto Martínez; un presunto caso de tráfico de influencias, en el que también salió mencionado al rector de la Universidad Sergio Arboleda; y una conexión inédita, y por ahora falsa, entre el caso del Recaudo de Bogotá y Odebrecht. La cronología de eventos, sin importar sus protagonistas, tiene un punto de inicio en común: el contrato para recaudar los dineros que le entran al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP).
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Los documentos judiciales de esta historia han pasado por la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades y el Concejo de Bogotá. En todos se habla de una posible inhabilidad que habrían tenido los hermanos Carlos y Javier Ríos Velilla, y su sobrino Felipe Ríos Londoño. Lo que dice el expediente es que los dos primeros estuvieron detrás de la adjudicación del contrato del recaudo, aunque no podían hacerlo porque Felipe Ríos era concejal de Bogotá. Una irregularidad penal y disciplinaria, pues la ley prohíbe que funcionarios públicos o sus familiares contraten con el Estado. Sin embargo, la investigación que han adelantado las autoridades ha dejado entrever que esa supuesta inhabilidad no es tan clara.
No solo porque ellos mismos aseguran que nada tuvieron que ver con el contrato, sino porque Felipe Ríos no tiene relación con sus tíos, pues desde hace años no tiene contacto con ellos por una vieja pelea familiar. El Espectador tuvo acceso al expediente que generó la imputación de cargos en contra de los tres empresarios, en donde se condensaron las denuncias, fallos judiciales y pruebas de los detalles del proceso. Las claves para entenderlo son dos: el proceso de adjudicación del contrato del Recaudo y las inhabilidades del concejal Felipe Ríos.
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El contrato
La remodelación del sistema de transporte público de Bogotá tuvo un punto clave que, durante la alcaldía de Samuel Moreno, terminó de definirse: una sola empresa manejaría todo el dinero de los pasajes de los buses y Transmilenio, a través de una tecnología y su sistema de soporte que hoy se llama TuLlave. El distrito, entonces, abrió una proceso de licitación para buscar la mejor oferta para adjudicar el contrato más grande de ese momento por $64 billones, con vigencia de 16 años. Al final, el ganador resultó ser el consorcio Recaudo Bogotá S.A. compuesto por Land Developer (con el 20 % de la participación), la firma coreana LG (con el 20 %) y Citymóvil Colombia S. A. S. (como socio mayorista con el 60 % restantes).
El 17 de julio de 2011, el jugoso contrato quedó firmado. Pero desde ese momento, la polémica estuvo en el orden del día. Los oferentes que no quedaron ya habían evidenciado que, por ejemplo, habría un funcionario del Distrito asesorando la propuesta de Recaudo Bogotá (algo que también está prohibido) y que detrás de esa empresa realmente estaba la familia Ríos Velilla, o al menos Carlos y Javier Ríos Velilla. Para 2013, la supuesta presencia de los empresarios colombianos en el contrato ya era un secreto a voces. La prensa del momento reportó que la Fiscalía estaba investigando si los hermanos estaban detrás del consorcio, pero esas pesquisas nunca avanzaron.
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La revista Semana, por ejemplo, reportó el 27 de abril de 2013 que “el problema es que seguir el hilo implica levantar reservas bancarias y legales de empresas. Los nombres de Javier y Carlos Ríos los encuentra como los dueños de Citymóvil Colombia, pero después de pasar una maraña de empresas y de ‘trust’ en varios países extranjeros y a esa información tal vez solo tienen acceso ellos”. Las investigaciones aterrizaron en la Fiscalía y en la Superintendencia de Sociedades y ambas aseguraron lo mismo: que no había evidencia de que los Ríos Velilla estuvieran detrás de las acciones de Recaudo Bogotá. Ambas entidades archivaron los procesos al evidenciar que, en efecto, los Ríos no estaban detrás de la empresa.
Sin embargo, el tema volvió a coger vuelo en la Fiscalía el año pasado. La fiscal Angélica Monsalve recibió el expediente y desempolvó evidencias que, para ella, eran prueba clave para determinar que sí habría existido una celebración indebida de contratos y que los Ríos Velilla habrían incurrido en una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades (los dos delitos por los que serán imputados). Para llegar a esa conclusión, la funcionaria les encargó a los agentes de policía judicial un informe que diera cuenta del estado del expediente y de si había méritos para seguir con las pesquisas. La respuesta fue rotunda: sí los hay. Entre otras cosas, porque, según la investigadora, la Superintendencia de Sociedades, al archivar su investigación, les dio poca importancia a documentos claves.
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Por ejemplo, el informe en poder de este diario señala que la Súper no tuvo en cuenta un Acuerdo de Fondos para Proyectos y Retención de Acciones, en el que los propios hermanos Ríos Velilla habrían confirmado que sí tenían participación en una de las empresas que tuvo relaciones comerciales con Recaudo Bogotá. Para la policía judicial, esta prueba y las demás que reposan en el expediente podrían ser evidencia de que Carlos y Javier Ríos se benefician, asesoran y son garantes de las operaciones de la empresa que se quedó con el contrato de $64 billones. Algo que ellos han negado desde que comenzó este pleito y hoy siguen rechazando con vehemencia. La imputación de cargos está programada para que ocurra el próximo 25 de abril, audiencia en que, por ahora, participará la fiscal Monsalve.
Las inhabilidades
Gran parte de la historia judicial de las últimas semanas ha girado en torno al papel de Felipe Ríos en el contrato del recaudo. Como ya se sabe, el empresario es hijo de Alberto Ríos Velilla, hermano de Carlos y Javier, con quienes sostienen un enfrentamiento familiar, al punto de que, dicen fuentes cercanas a la familia, no se hablan sino para desearse un feliz cumpleaños. El lío radica en que Felipe Ríos llegó al Concejo de Bogotá en 2011, como cuota de Cambio Radical, y su entrada a la política implicaba que sus tíos quedaban prácticamente bloqueados para contratar con el distrito, una fuente de ingresos que había sido clave para sus negocios. Estuvieron detrás del negocio de la recolección de basuras de Bogotá, por mencionar un ejemplo.
Con un sobrino político, nadie de su familia, o al menos hasta el cuarto grado de consanguinidad, podía tener contratos con la ciudad. El primero que evidenció la situación fue el propio Javier Ríos, quien le envió una carta a la Procuraduría el 26 de diciembre de 2007, en la que advirtió que el hijo de su hermano no podía posesionarse por sus relaciones societarias y vinculaciones económicas de su sobrino y sus familiares. El Ministerio Público arrancó el estudio del caso. Pidió pruebas y escuchó la defensa de Felipe Ríos. Mientras tanto, el concejal se movió en la plenaria y, desde el primer día que la pisó, dejó claro todo su pasado y enumeró uno a uno los 46 miembros de su familia que podían tener negocios con el distrito para que quedara claro cómo debía aplicarse el régimen de inhabilidades.
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Así dejó constancia en una carta que le envió el 1 de enero de 2008 a la mesa directiva del Concejo. “Por esta razón, desde ya manifiesto que me declaro impedido para actuar en cualquier trámite, proyecto de acuerdo, debate y en general en cualquier acto como concejal de Bogotá, que guarde algún tipo de relación directa o indirecta” con los negocios de sus familiares. No solo se los dejó claro a los directivos, sino que dedicó su atención a radicar derechos de petición en casi todas las secretarías del Distrito para advertirles, una a una, que, con él en el Concejo de Bogotá, sus familiares no podían ni adicionar, ni prorrogar, ni celebrar ningún contrato que tuviera a los Ríos Velilla en los papeles de los negocios.
Poner sus posibles conflictos de interés sobre la mesa terminó siendo la defensa fundamental del exconcejal. Tanto fue así que la Procuraduría, al revisar la queja de su tío Javier Ríos, aclaró que Felipe Ríos actuó de manera correcta, adelantó los trámites correspondientes para declararse impedido y “se rigió dentro de los cánones de la ética y del derecho”. Con evidencias en mano, el Ministerio Público archivó la investigación el 21 de enero de 2010. Un año después, el polémico contrato del recaudo fue adjudicado y Felipe Ríos terminó su periodo el 31 de diciembre de 2011. El tema de sus inhabilidades quedó quieto, hasta el año pasado, cuando la fiscal Monsalve desempolvó el expediente, lo llamó a interrogatorio el 30 de septiembre de 2021 y el 23 de febrero de 2022 anunció que le imputaría cargos.
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Hasta aquí, el proceso de los Ríos Velilla estaba enmarcado en la investigación por la adjudicación del contrato y las supuestas inhabilidades de Felipe Ríos. Sin embargo, el caso tomó otro matiz cuando se conocieron los audios en los que habría quedado en evidencia un posible tráfico de influencias para beneficiar al exconcejal, en el que habría participado el rector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, el exfiscal Néstor Humberto Martínez y Alberto Ríos Velilla. El verdadero alcance de las movidas de la familia para supuestamente quedarse con el contrato del recaudo, como socios fantasma, está por verse, al igual que el papel que habría tenido el exconcejal. Las primeras pistas se conocerán cuando la fiscal Monsalve destape sus cartas durante la imputación de cargos el próximo 25 de abril.
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