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Desde febrero de 2024, gracias a diferentes investigaciones periodísticas, se conoció lo que sería una compleja red de desvío de recursos públicos y sobornos que involucra a altos funcionarios y congresistas. Para muchos, el escándalo de corrupción más grande hasta el momento durante la administración del presidente Gustavo Petro: el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Este entramado ya cobró la cabeza de algunas personalidades cercanas al primer mandatario, como el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exdirector del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. Para 2025, las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia podrían sumar nuevos nombres a la lista de involucrados que deberán responder ante la justicia.
Lo que inició como un anuncio de llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira por parte de la Ungrd terminó destapando el engranaje criminal. Olmedo López, exdirector de la Unidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, prendieron el ventilador hacia mayo de 2024, salpicando a ministros, legisladores y contratistas. Ambos ya fueron imputados por la Fiscalía y se encuentran recluidos en guarniciones militares debido a temas de seguridad. Además, están a punto de concretar un principio de oportunidad, con el que buscan una rebaja de pena por cuenta de la información entregada. Y, a finales de año, ambos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía en el que se comprometieron a devolver la plata que se apropiaron, al menos en el caso de los carrotanques de La Guajira.
Las fichas del Ejecutivo
Son varios los nombres de personas cercanas al presidente Petro que han sido mencionadas en el entramado, pero que hasta el momento no han sido llamadas a responder por las autoridades judiciales. La más alta ficha del gobierno que sí ha enfrentado a la justicia por su participación en el escándalo es Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien se encuentra recluida en la Estación de Carabineros de Bogotá desde el pasado 23 de diciembre, y quien fue imputada por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La exfuncionaria es señalada por la Fiscalía de haber gestionado un soborno de $3.000 millones para Iván Name, expresidente del Senado y copartidario de Ortiz (de la Alianza Verde). La exconsejera, quien ha reiterado su inocencia, además, habría entregado el dinero en el apartamento del congresista.
La lupa de las autoridades se puso sobre la exfuncionaria, en principio, debido a las confesiones de López y Pinilla, quienes también echaron al agua al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien renunció a su cargo el pasado 4 de diciembre. El exjefe de la cartera económica aseguró que no utilizaría su cargo de ministro para defenderse y reiteró que no ha hecho nada ilegal. Sin embargo, los señalamientos en su contra terminaron sacándolo del puesto. De acuerdo con los exdirectivos de la Ungrd, Bonilla tenía pleno conocimiento de un esquema de sobornos que se fraguó para que congresistas de la Comisión de Crédito Público aprobaran préstamos de alto valor para la Nación. Al parecer, para conseguir esos apoyos, el Ministerio de Hacienda dio la orden de direccionar tres contratos por $92.000 millones para favorecer a seis legisladores.
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Aunque Bonilla ha negado cualquier movida ilegal, la estocada final que lo sacó del gabinete se dio a finales de noviembre, cuando la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los audios de la declaración que rindió ante la Fiscalía María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio, quien confirmó que Bonilla, al parecer, sabía de la operación fraudulenta para aprobar los préstamos. Estos pactos para comprar votos en el Legislativo se dieron, según le dijo Olmedo López a la Corte Suprema de Justicia, en reuniones que denominó como “cónclaves”, en los que habrían estado presentes, no solo Bonilla, sino también Guillermo Jaramillo, ministro de Salud; Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo y otro eslabón clave en este escándalo: Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
Como reveló El Espectador a mediados de diciembre, la Fiscalía analiza cuidadosamente el testimonio que Olmedo López rindió en el búnker sobre los supuestos cónclaves, en los que, asegura, Velasco habría organizado un esquema de compra de votos en el Congreso a cambio de la aprobación de proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, como la reforma a la salud. Según el exdirector de la Ungrd, en una reunión del 27 de noviembre de 2023, Velasco tomó la palabra y expuso el mecanismo de entrega de contratos a cambio de votos positivos en proyectos específicos. De acuerdo con López, para aprobar esas iniciativas, los congresistas pedían $80.000 millones, pero el entonces ministro Velasco, dijo el exdirector de la Ungrd, ofreció $35.000 millones.
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Con estos elementos en mano, la Fiscalía indaga la presunta participación de ambos exministros en el engranaje. Será en este 2025 cuando el ente investigador decida si los vincula oficialmente a una investigación o, por el contrario, ambos logran probar que no tienen nada que ver en el asunto, como han señalado en repetidas ocasiones. En todo caso, un fiscal delegado ante la Corte Suprema tiene la última palabra. Los dos exministros no son los únicos nombres que tiene en el radar la Fiscalía dirigida por Luz Adriana Camargo. A estos se suman Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y César Manrique, quien fuera la cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública, ambos del círculo cercano del presidente Petro.
La Fiscalía, durante audiencias contra los ya imputados, ha reiterado la supuesta participación de González en el entramado. Por una parte, presuntamente habría coordinado la entrega de contratos por $60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y de $10.000 millones para quien fuera su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La entrega de estos negocios, sin embargo, nunca se materializó y, a cambio, les habría sido entregada una coima en efectivo de $3.000 millones para el primero y de $1.000 para el segundo. El soborno para Name, reitera el ente investigador, fue entregado por Sandra Ortiz en el apartamento del legislador en Bogotá, mientras que Sneyder Pinilla entregó el dinero en la residencia de Calle en Montería.
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En el caso de Manrique, precisó la Fiscalía, junto a su “ahijado político”, Luis Carlos Barreto (exsubdirector de Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, y quien busca también beneficios con la Fiscalía), habrían gestionado el “traslado de $100.000 millones de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y, en contraprestación, Olmedo López habría permitido que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques y pozos subterráneos, a cambio de coimas”. La fiscal del caso aseguró que López y Manrique concretaron el pago de sobornos “para lograr el traslado de los millonarios recursos de la agencia y, para ello, se pactó con César Manrique una coima del 7% de los contratos”, precisó el ente investigador.
Los congresistas
Además de los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, quienes fueron citados a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ya fueron a hablar ante el despacho del magistrado Francisco Farfán, el alto tribunal también investiga a cinco parlamentarios y a un excongresista de la Comisión de Crédito Público. Se trata de Karen Manrique, Liliana Bitar Castilla, Wadith Manzur Imbett, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos se presentaron ante la Corte, y, salvo Bitar, todos decidieron hacer uso de su derecho a guardar silencio y solicitaron la citación de Olmedo López para ser contrainterrogado. El futuro de los congresistas también queda pendiente para este 2025. El alto tribunal también investiga el caso del senador del Partido de la U, Julio Elías Chagüi, quien fue señalado por María Alejandra Benavides de verse beneficiado con un contrato de $28.141 millones en Sahagún (Córdoba) supuestamente a cambio de votos positivos a proyectos del gobierno.
Así pues, estos serán los puntos de partida de las autoridades judiciales en este 2025 para llamar a los nombres que hacen falta en el entramado para que respondan por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos públicos que tiene a más de un exfuncionario dando explicaciones en cartas y redes sociales sobre su inocencia. Será tarea de la Fiscalía y de la Corte Suprema esclarecer, cada vez más, el escándalo de corrupción más grande durante la primera administración de izquierda en Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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