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En su más reciente decisión sobre el expediente por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Corte Suprema de Justicia incluyó una advertencia de cara a los últimos meses que le quedan al gobierno Petro en la Casa de Nariño sobre posibles movidas ilegales para sobornar a congresistas a su favor. Lo hizo en una decisión de 1.020 páginas, en la que la Sala de Instrucción llamó a juicio a cinco congresistas y envió a dos de ellos a la cárcel por sus presuntos vínculos con este caso de corrupción. El alto tribunal dejó constancia de que las pruebas en su poder le permiten sostener que “es probable que existieran y existan todavía prácticas equivalentes dirigidas a comprar a otros congresistas”.
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La consideración del alto tribunal se dio en medio de la investigación en contra de Karen Manrique (curules de paz); Wadith Manzur y Liliana Esther Bitar del Partido Conservador; Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, del Partido Liberal, y del excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Solo los dos primeros fueron capturados la semana pasada y, además, los únicos que fueron reelegidos para repetir periodo en el Congreso. En el llamado a juicio en su contra, por el delito de cohecho impropio, la Corte los señala como beneficiarios de al menos tres proyectos en manos de la Ungrd, a cambio de sus apoyos en la aprobación de créditos internacionales, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
La bitácora de esas negociaciones con emisarios del Ministerio de Hacienda, en ese momento encabezado por Ricardo Bonilla, ya se ha recopilado en varias publicaciones de prensa. Lo que no estaba hasta ahora claro es que la Corte sostiene que hay indicios para afirmar que esas prácticas de ofrecer cupos indicativos a cambio de apoyos de congresistas a proyectos de interés del gobierno, estarían todavía vigentes. Para afirmarlo, el alto tribunal puso sobre la mesa varias evidencias que ha recogido tanto la Fiscalía como la Sala de Instrucción. En concreto, los documentos que las autoridades recuperaron en el apartamento de Andrea Ramírez, exasesora del ministro en temas legislativos, durante un allanamiento el 10 de diciembre de 2024.
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En varias oportunidades, la exfuncionaria le ha dicho a los investigadores del caso que nunca existieron ofrecimientos ilegales a congresistas. Sin embargo, la Corte la tiene identificada como la persona encargada del manejo de estas transacciones criminales y quien le explicó a María Alejandra Benavides las movidas que tenía que cumplir cuando la reemplazara durante su licencia de maternidad en 2023. Benavides es hoy testigo clave del caso y quien más detalles ha entregado sobre cómo se habría gestado este entramado criminal. Sobre la documentación que estaba en la casa de Ramírez, la Corte sostiene que se trata de documentación que sugiere una “clase de relaciones clientelares entre actores de Ministerio de Hacienda y el Congreso”.
Particularmente, la Corte resaltó que “fue hallada una hoja manuscrita que, en cifras cerradas, distribuye lo que serían COP 650 mil millones en cuatro porciones (…) En la hoja manuscrita se detalla una operación distributiva para “3 senado”, en la que, además, queda claro que se trata de la Comisión Tercera Constitucional el Senado de la República. La cifra que aparece allí asignada para esa comisión se distribuye en once porciones”. A continuación, la Sala de Instrucción expuso un cuadro con los nombres de los congresistas a quienes, al parecer, se les habría prometido un monto de dinero. Y, al lado de sus nombres, la supuesta cifra pactada en miles de millones”.
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El orden es el siguiente: “E. (Efraín). Cepeda”, con COP 30 mil millones; “JC (Juan Carlos) Garcés”, con el mismo monto; “Liliana Bitar”, con COP 20 mil millones; “Karina Esp (Espinosa)”, con COP 10 mil millones; “JP (Juan Pablo) Gallo”, con COP 20 mil millones; “M. (Mauricio) Gómez”, con COP 20 mil millones; “J (Jairo) Castellanos”, con COP 20 mil millones; “J. (José Alfredo) Gnecco”, con COP 20 mil millones; “A. (Arturo) Char”, con COP 10 mil millones; “A. (Antonio) Zabaraín”, con COP 10 mil millones, y finalmente, “JD (Juan Diego) Echavarría”, con COP 20 mil millones. Con esta prueba en mano, y las versiones de Benavides, es que la Sala de Instrucción señala que es posible que esas prácticas clientelistas sigan vigentes.
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“Es plausible sostener que este tipo de seguimientos, controles y anotaciones sobre montos y porcentajes en proporciones similares a las que se obtuvieron luego de la negociación entre el Ministerio de Hacienda y los sindicados (quince para todos), no hacen parte simple y llanamente de seguimientos presupuestales; más bien, parece insertarse en lo que en los testimonios y conversaciones en poder de la Sala se definía como la dimensión política latente de la negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo que deformó la negociación política para convertirla, en últimas, en un ejercicio mercantilista de compra de votos y decisiones, a cambio de asignaciones presupuestales”, puntualiza la Corte.
Las evidencias que reposan en el expediente también le permitieron a la Sala otras valoraciones, igual de contundentes que la anterior. Por ejemplo, que “la conducta de los sindicados puede entenderse enmarcada en una red criminal capaz de cooptar, como presuntamente lo hizo en este caso, las principales instituciones del país —el Congreso, Ministerios y Unidades Administrativas Especiales— para deformar la función pública en provecho de intereses privados”. Además que, sobre las redes creadas y sostenidas en el tiempo, en buena parte perduran porque quienes participan de ellas permanecen en cargos en el alto poder político y gubernamental.
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Las evidencias que encontraron los investigadores en la casa de Andrea Ramírez están desde diciembre de 2024 en los expedientes de todos los investigados y, hasta ahora, un año y tres meses después de ese allanamiento, la investigación en su contra avanza al paso de la administración de Luz Adriana Camargo. El único avance en su proceso lo conoció este diario en diciembre pasado cuando la Fiscalía confirmó que era una indiciada probablemente próxima a ser imputada. En todo caso ella, y todos los congresistas han dicho que nada tienen que ver en este esquema de corrupción que, para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, podría estar todavía vigente.
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