Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Fue una semana difícil para la Casa de Nariño. Los estragos judiciales por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) siguen tocando alfiles del presidente Gustavo Petro. A las imputaciones contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González y el exdirector de la Función Pública César Manrique se sumó el anuncio de la inminente imputación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. De los tres, el jefe de Estado solo ha defendido a este último. “Bonilla no es culpable de lo que se le acusa porque nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la Ungrd (…). Bonilla no hizo más que lo que hicieron todos los ministros de Hacienda siempre, y tramitar proyectos por parte de los congresistas no es delito”, dijo el presidente esta semana.
Diecisiete años atrás, en agosto de 2008, en plena efervescencia del escándalo de la yidispolítica, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez señaló algo parecido. Para defender a su gobierno de las acusaciones por la compra del voto de la parlamentaria Yidis Medina y de otros para aprobar la reelección presidencial, ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, aseguró: “Si la participación política es cohecho, no cabría en las cárceles la cantidad de personas que tendrían que estar condenadas por este delito”. Más allá de los retrovisores políticos o de los discursos de ambos mandatarios para respaldar a sus aliados en apuros, lo cierto es que el expediente de la Ungrd continúa poniendo en aprietos al “Gobierno del cambio”. La vinculación formal de Bonilla a este proceso es un golpe al corazón del proyecto político del petrismo, pues se le señala, ni más ni menos, de direccionar contratos para comprar a congresistas.
El capítulo de la CICP
Bonilla ha sido acusado por varios testigos estelares en el expediente de sobornar a los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), encargados de rendir concepto para aprobar millonarios créditos de la banca multilateral a la nación. Hoy seis congresistas de la CICP están investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues existe evidencia de que, a cambio de tres proyectos de la Ungrd por más de $92.000 millones, habrían aprobado esos empréstitos internacionales que le urgían al Gobierno a finales de 2023. “Hay elementos que indican que Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo posiblemente habrían aceptado los términos de un acuerdo negociado con funcionarios del Gobierno. Los aforados aludidos habrían aceptado emitir conceptos a cambio de una dádiva prometida”, señaló la Corte.
En este contexto cobran relevancia dos pruebas claves en este proceso. Primera, la extensa declaración que rindió ante ese alto tribunal el entonces director de Crédito Público, José Roberto Acosta, un funcionario clave en el manejo de los frentes de endeudamiento del Estado a nivel internacional y que estuvo en varias de las sesiones de la CICP en 2023. Y segunda, los videos de esas discusiones, en las que el entonces ministro Bonilla se jugó a fondo para que esa Comisión aprobara esos créditos vitales para las finanzas del Estado. El Espectador conoció estas evidencias. El 28 de octubre de 2024, José Roberto Acosta le explicó a la Corte las razones por las cuales no volvió a la CICP y terminó vetado por los congresistas. Ocurrió el 9 de noviembre de 2023, tras una accidentada sesión en la que Acosta se quejó de las demoras de los parlamentarios para tramitar estos conceptos y habló sin rodeos de “dilaciones”.
El congresista Wadith Manzur montó en cólera y le contestó: “Si usted tiene algo que decir de mi comportamiento, le agradezco que haga la denuncia pertinente, pero no estoy jugando a ninguna dilación, cuide sus palabras. Ya es la segunda vez que usted, de manera imprudente, me ofende, no se lo admito”. El congresista Julián Peinado lo secundó: “Hablar de dilaciones es hablar de un dolo, de una mala fe (…) ya se han vuelto reiterativas las malas maneras en las que usted se dirige a esta honorable Comisión”, se oye en el video de esa sesión de la CICP. Acosta le contó a la Corte que a raíz de ese encontronazo con los congresistas, que además ese día disolvieron el quórum y no aprobaron los créditos, el ministro Bonilla le pidió que no volviera “para no exacerbar los ánimos”. Mientras Acosta se marginaba de estos trámites, cobraba forma la presunta estrategia del ministro para “aceitar” a los parlamentarios de la CICP.
José Roberto Acosta, que salió del Gobierno en enero pasado, le explicó a la Corte por qué le pareció tan grave en ese momento la lentitud de la CICP para emitir concepto sobre los créditos solicitados y que por eso habló de dilaciones. “Era desconcertante y molesto que hubiéramos llegado al mes de noviembre y todavía no nos hubieran dado el concepto”, pues “nos bloqueaba procesos mucho más complejos en la banca multilateral”. Y añadió: “Se vuelve un obstáculo indeseable, con graves consecuencias para el tema macroeconómico de la nación, que se dilate la sola concurrencia del quórum de la CICP”. Para el alto exfuncionario era muy perjudicial la demora de esa comisión legislativa en el trámite de esos empréstitos urgentes para la nación. Justamente la tesis que hoy investiga la justicia es si esa especie de operación tortuga por parte de los congresistas constituía una presión para que el Gobierno les soltara la mermelada.
Esa trazabilidad de posibles presiones al Gobierno quedó en evidencia en otra sesión de la CICP de 2023, en donde tampoco se votaron los créditos internacionales y en la que el ministro Bonilla se quejó: “Espero que los congresistas que están en voto de silencio tengan esta semana de reflexión, como se dice en los conventos, para poder realizar las respectivas votaciones. No podemos seguir en un proceso de someter a consideración todo este programa de fondeo al gota a gota”. En la ya reseñada sesión de la CICP del 9 de noviembre de 2023, Bonilla insistió: “Tenemos 13 conceptos pendientes por revisar en esta Comisión desde hace más de dos meses, casi tres meses aplazados”. Ese bloqueo en el trámite de esos créditos con la banca multilateral y el súbito desbloqueo de los mismos antes de que finalizara la legislatura, al parecer, por los recursos que saldrían de la Ungrd para los congresistas, es lo que trata de dilucidar la justicia.
El caso de Víctor Meza
A pesar de los avances en el expediente de la Ungrd hay un personaje del que nadie volvió a hablar: Víctor Andrés Meza, entonces subdirector de esa entidad. En sus interrogatorios ante la Fiscalía, el exsubdirector para el Manejo de Desastres Sneyder Pinilla, hoy testigo de la justicia, lo vinculó en actos de corrupción en contratos de maquinaria amarilla en Córdoba. “El doctor Víctor Meza tuvo incidencia en unas órdenes de proveeduría de maquinaria amarilla en Canalete y Moñitos. En esas dos órdenes de proveeduría el contratista lo escogió el doctor Víctor Meza. Él fue quien designó quién iba a ser el contratista”. Pinilla aseguró que esas órdenes sumaban cerca de $3.000 millones. “Cuando era maquinaria amarilla (todo) era directo, no se tenía que hacer ninguna escogencia, no era necesario ningún proceso de elección”, manifestó el testigo, hoy condenado por este caso.
Pinilla agregó que en su calidad de subdirector de la entidad, Víctor Meza era ordenador del gasto y, por tanto, no tenía que informar este tipo de contrataciones. La Fiscalía le preguntó a Pinilla si él le había comentado a su jefe, Olmedo López, sobre los negocios de maquinaria amarilla que supuestamente estaba haciendo Víctor Meza, a lo que López le contestó lo siguiente: “Los temas de Córdoba háblalos con Víctor”. Sneyder Pinilla explicó que Meza era de esa región y maneja sus contactos allá. Le comenté a él (Olmedo) que había unas necesidades en Córdoba, entonces lo que el doctor Olmedo decía era: ‘Bueno, Víctor es de Córdoba’”. Pinilla indicó finalmente que Víctor Meza le dijo en su momento que él tenía unos amigos que manejaban maquinaria amarilla y que luego le envió a un ingeniero que trabajaba con él, llamado Hugo Toloza, con los nombres para cuadrar esas órdenes de proveeduría.
De la matriz de colaboración de Sneyder Pinilla Álvarez, todos los señalados ya están imputados y en prisión, salvo Víctor Andrés Meza. Se trata de un hombre que tuvo varios cargos públicos en Córdoba y que estuvo en la lista de precandidatos del Polo para la Gobernación de ese departamento. Según Pinilla, Meza era cuota política de la senadora del Pacto Histórico Clara López. En el expediente por la compra de los carrotanques de La Guajira el nombre de Meza salió a relucir porque firmó parte de la documentación de ese proceso, que fue la punta del iceberg del escándalo de corrupción en la Ungrd. Al cierre de esta edición no había sido posible obtener una respuesta por parte del exsubdirector Meza. En todo caso, debido a las confesiones de Sneyder Pinilla, la Fiscalía avanza en sus pesquisas para aclarar este y otros episodios del proceso judicial que más atormenta al gobierno Petro.
El viernes pasado, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra el exdirector del Dapre Carlos Ramón González, quien habría dado la orden de comprar a congresistas para aprobar los proyectos del Ejecutivo y, en particular, de direccionar la entrega de $4.000 millones para los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, hoy en prisión. Para muchos esta solicitud contra González llegó tarde, pues desde hace un año Olmedo López y Sneyder Pinilla declararon en su contra. El pasado viernes, la Fiscalía señaló que el hombre que manejó durante un buen tiempo los hilos del poder desde la Casa de Nariño, a escasos pasos del presidente Petro, estaría en Nicaragua. El jefe de Estado, en todo caso, insiste en que ha sido su gobierno el que ha desvelado la corrupción y que quienes han terminado empantanados en ella lo han traicionado a él y a su proyecto del cambio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más