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El próximo jueves 25 de julio es una fecha crucial para el caso de corrupción que golpea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ese día, a las 9:00 de la mañana, Olmedo López, exdirector de la Unidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres y Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso, el contratista que se quedó con el millonario contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira, serán imputados por cinco delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Todos por su confesa responsabilidad en el saqueo a la entidad, a través de un sofisticado esquema para direccionar contratos, un hecho que tiene dando explicaciones ante la justicia a congresistas y funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Tanto los exdirectivos de la Unidad, así como el Pastuso, se encuentran en una carrera en la Fiscalía, con el fin de obtener mayores beneficios judiciales en sus casos. Quien llegue primero y con mayor ventaja en comparación con los otros, es decir, quien entregue información más detallada y documentada, podría obtener una mayor rebaja en su pena, luego de negociar el beneficio del principio de oportunidad con el ente investigador. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que en esa competencia, los tres ya alcanzaron ese beneficio por sus aportes a la investigación, pero afirmaron que, aun así, eso no los salvará de la cárcel. Según la ley, el principio de oportunidad no puede aplicarse cuando se configura el delito de peculado, es decir, cuando un funcionario público malversa los recursos del Estado.
El próximo 25 de julio, según conoció El Espectador, la Fiscalía pedirá medida privativa de la libertad para los tres, pues considera que sí o sí deben ir a prisión. No obstante, que cualquiera de ellos pise una cárcel, por ahora, no es una opción viable para sus abogados, pues, por cuestiones de seguridad, consideran y pedirán que sus penas sean cumplidas en guarniciones militares: Olmedo López, en Medellín (Antioquia); Sneyder Pinilla, en Floridablanca (Santander) y Luis Eduardo López, en Pasto (Nariño). “Esperemos que así sea, es lo que hemos pedido. Pero eso lo decide un juez”, le dijo a este diario uno de los defensores. El responsable de tomar esa determinación aún no se conoce, pues todavía no se ha repartido en la Rama Judicial la jueza o juez que atenderá la audiencia.
De todas maneras, Sneyder Pinilla, a través de su defensa, le envió una carta al grupo de fiscales encargados de adelantar las pesquisas, en la que, haciendo operaciones matemáticas, subraya que su pena en prisión debe corresponder a no más de cinco años y que solo aceptaría cargos si se da luz verde al principio de oportunidad que busca. Además, el exsubdirector se comprometió a devolver un total de $292 millones como reintegro del incremento patrimonial a raíz del saqueo a la Unidad. Este diario se comunicó con la defensa de Olmedo López para conocer su propuesta a la Fiscalía respecto a la rebaja de pena, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, la defensa del Pastuso comentó: “No tenemos aún certeza sobre cómo se va a manejar. Por lo pronto no se aceptan cargos en la imputación y esperamos negociar”.
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Conozca el documento enviado por Sneyder Pinilla al grupo de fiscales:
Quienes conocen de cerca el proceso señalaron que no aceptar cargos es una gran posibilidad para todos y que, de hecho, “les sale más rentable una negociación” posterior a la audiencia de imputación. “Si aceptan cargos estarían aceptando la pena y se tendrían que someter a una sentencia anticipada, por lo que ya no habría negociación, ya que habrían aceptado su responsabilidad”, precisó una persona que conoce los pormenores del caso, pero prefiere no ser citada. Y aunque la fecha de imputación está agendada en el calendario, a las puertas del ente investigador siguen llegando carpetas con información del caso, las cuales ha hecho llegar Luis Gustavo Moreno, abogado de Pinilla. Si bien no se conoce el contenido de esos últimos folios que la defensa de Pinilla envió a la Fiscalía, sus aportes al expediente han dejado mal parados a varios funcionarios, congresistas y asesores.
Una serie de chats, revelados por Noticias Caracol, dan cuenta de las conversaciones que sostuvo el exsubdirector de la Ungrd con trabajadores de los despachos de Olmedo López, Ricardo Bonilla (ministro de Hacienda) y Carlos Ramón González, actual director Nacional de Inteligencia y, al momento de las conversaciones, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En esas conversaciones, según el informe periodístico, Pinilla habría cuadrado el direccionamiento de tres contratos hacia los municipios de Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar), los cuales sumarían $92.000 millones y que, para ejecutarlos, se argumentaron falsas emergencias que debían ser cubiertas. Esos convenios, al parecer, tenían una finalidad mayúscula: favorecer a congresistas para que votaran a favor de los proyectos legislativos impulsados por el gobierno.
Aunque Pinilla fue el primero en hablar sobre esa estrategia, Olmedo López le puso cara y nombre a los parlamentarios, luego de que se filtrara su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, un hecho que fue rechazado por el alto tribunal y que, incluso, llevó a que el expediente cambiara de despacho y pasara a manos del magistrado Misael Rodríguez. Según López y Pinilla, de esos tres contratos se verían beneficiados los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Karen Astrith Manrique Olarte, Wadith Alberto Manzur Imbett y Juan Pablo Gallo Maya. A estos nombres se sumaron esta semana los de Luis Fernando Velasco (exministro del Interior), Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones, y quien salió del cargo por su presunta participación en el entramado) y los ya mencionados Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González.
Entérese: Fiscalía abrió indagación preliminar en contra de cuatro alfiles del gobierno Petro
La Fiscalía abrió una indagación preliminar en contra de los cuatro funcionarios del alto gobierno, luego de que Olmedo López, ante la Sala de Instrucción de la Corte, y Sneyder Pinilla a través de los chats presentados en informes de prensa, los vincularan al escándalo de corrupción. Fuentes le aseguraron a este diario que no se descarta la posibilidad de abrir una nueva línea de investigación por estas menciones pero, para ello, se deberá esperar a la audiencia de imputación de López, Pinilla y el Pastuso, pues es necesario “cerrar una etapa procesal para poder entrar a otra”. Además, los asesores de los altos funcionarios también fueron vinculados a las pesquisas que aun adelanta el ente investigador. Se trata de Carolina Martínez (asesora de Olmedo López), María Alejandra Benavides (del Minhacienda) y Jaime Ramírez Cobo (del Dapre).
Así las cosas, el escándalo de corrupción del momento, que también ha tocado las puertas de la Casa de Nariño, pues el presidente Petro deberá declarar ante la Corte Suprema sobre el trámite de las reformas a la salud y pensional dentro del expediente del presidente de la Cámara, Andrés Calle, se va desenredando con fechas claras, como la imputación a los exdirectivos de la Ungrd y el contratista. Además, nuevos nombres se siguen sumando a la lista, como el de las senadoras Paloma Valencia y María José Pizarro, quienes también deberán declarar ante la alta corte en el expediente contra la cabeza del Senado, Iván Name. Lo que sí está claro es que el próximo 25 de julio habrá imputaciones formales, lo que significa el primer paso consolidado de la justicia en este controversial expediente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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