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Dos alfiles más del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron vinculados de manera formal a la investigación por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Sus exministros del Interior y Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, fueron imputados en la mañana del 1 de diciembre, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según la Fiscalía, los exfuncionarios lideraron una “organización delincuencial”, para destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso, ofreciendo a congresistas la entrega de contratos por más de COP 612.000 millones.
Los exministros resultaron salpicados en el escándalo de corrupción tras las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, y de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. Los tres exfuncionarios, que lograron negociar preacuerdos y principios de oportunidad con la Fiscalía a cambio de beneficios judiciales, dieron cuenta en sus declaraciones de la forma en la que los exministros Velasco y Bonilla “se enfocaron en satisfacer intereses individuales” y habrían ordenado “aceitar” con contratos a congresistas, para asegurar sus votos favorables a las reformas sociales del gobierno y millonarios préstamos para la Nación.
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En su imputación, la Fiscalía documentó que Bonilla y Velasco habrían comprometido la entrega de 74 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Esos contratos, que sumaban más de COP 612.000 millones, estaban dirigidos a congresistas de las comisiones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima del Senado, las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara de Representantes y la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CIPC). Para la Fiscalía, Velasco y Bonilla “lideraron, promovieron y dirigieron la organización criminal”. Además, habrían dado órdenes, coordinado reuniones y verificado los proyectos que se movían en el Invías y la Ungrd, para asegurar que fueran a dar a manos de los congresistas.
Los exministros, dijo la fiscal María Cristina Patiño, “plantearon las líneas base del modus operandi que consistía en comprar congresistas”. Una aseveración que fue acompañada por el delegado de la Contraloría durante la audiencia: “La imputación describe fielmente cómo se instrumentalizó el presupuesto de la Nación para comprar gobernabilidad”. Para el ente investigador, los exfuncionarios del gobierno Petro “se concertaron entre sí” para ofrecer millonarios contratos y convencer a congresistas “con el fin de lograr las mayorías parlamentarias para cometer delitos contra la administración pública” y desenredar proyectos como las operaciones de crédito público que estaban en trámite en la CICP.
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La Fiscalía detalló que, para amarrar los votos de los congresistas, fueron tres los hechos criminales en los que habrían participado los exministros. El primero habría empezado durante una reunión de noviembre de 2023, en la que Velasco y Bonilla presuntamente le dieron la orden a la entonces asesora Benavides de reunirse con el senador Julio Elías Chagüi para hablar sobre tres proyectos del Invías en Córdoba, que sumaban COP 15.700 millones y, en los cuales, él tendría interés: uno en Lorica, por COP 8.500 millones; otro en Los Córdobas por COP 4.500 millones, y un tercero en Tierralta, por COP 2.700 millones. En esa reunión, Chagüi habría dicho que representaba a otros ocho congresistas, cuyos nombres aún no se conocen, y que mediaría para asegurar la entrega de 15 cupos indicativos a cambio de sus votos.
El segundo hecho documentado por la Fiscalía está relacionado con seis congresistas de la CICP: los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, el exrepresentante Juan Diego Muñoz y los senadores Liliana Bittar y Juan Pablo Gallo. Luego de que entre junio y diciembre de 2023 la Comisión Interparlamentaria negara 17 créditos para la Nación, los exministros habrían buscado asegurar su apoyo y, en una reunión del 31 de octubre de ese año, se habría fraguado la asignación de tres convenios de la Ungrd para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar), que sumaban COP 89.619 millones. El resultado de esa negociación, dijo la Fiscalía, fue claro: el 12 de diciembre la CICP aprobó cinco operaciones de crédito y el 15 de diciembre le dio luz verde a una más.
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El nombre del senador Chagüi apareció de nuevo en la descripción que hizo la Fiscalía del tercer hecho de posible corrupción en el que habrían participado los exministros Velasco y Bonilla. Se trata de un contrato para la construcción de obras y canales de mitigación de inundaciones en el municipio de Sahagún (Córdoba), por COP 28.141 millones. La asignación del millonario convenio al senador Chagüi se habría fraguado durante una reunión del 23 de noviembre de 2023, en la que, además de los exministros, habrían participado la entonces asesora Benavides y Jaime Ramírez Cobo, hoy exasesor de la Presidencia de la República. Sin embargo, la fiscal Patiño dijo que ese convenio no se concretó.
De la lista de 79 contratos con los que, según la Fiscalía, los exministros Velasco y Bonilla habrían intentado amarrar los votos de los congresistas, solo siete se habrían concretado. Para el ente investigador, en la presunta acción criminal de los exfuncionarios, cometida entre mayo de 2023 y febrero de 2024 “había una apuesta común para corromper al Legislativo, obviamente enmarcada en un tiempo”. Ninguno de los dos aceptó su responsabilidad en los tres delitos imputados. Por su parte, el senador Chagüi ha dicho que nada tiene que ver en este entramado. Aunque la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para ambos, tras casi diez horas de audiencia, el futuro inmediato de los otrora alfiles del presidente Petro en las carteras del Interior y Hacienda quedó sin resolverse. El próximo 15 de diciembre habrá decisión sobre la medida de aseguramiento solicitada.
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Por Gustavo Montes Arias
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