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El escándalo de corrupción más grave que ha tenido que enfrentar hasta el momento el gobierno del presidente Gustavo Petro es el del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El caso ha sido de tal magnitud, que dos exministros están tras las rejas por su presunta participación en acuerdos ilegales y ofrecimientos de beneficios con contratos de la entidad a cambio de apoyos a las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. El ya amplio proceso tiene a varios de los protagonistas del escándalo en la cárcel, mientras que otros pasaron de ser alfiles del primer mandatario a estar prófugos de la justicia.
El 2026 pinta como un año en el que el caso puede avanzar a toda marcha, pues la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, quienes adelantan las investigaciones penales sobre el escándalo, ya tienen líneas claras que apuntan a congresistas, empresarios, exdirectivos de la entidad, exministros y exaltos funcionarios del gobierno Petro. Todos, según las primeras pistas, estuvieron involucrados en acuerdos corruptos para desviar más de COP 612.000 millones del erario público. Para no naufragar en el mar de información sobre la Ungrd, le contamos los hechos claves que han ocurrido y lo que le espera al caso el próximo año.
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Los avances de la Fiscalía
Durante 2025, al grueso expediente de la Ungrd que reposa en el búnker de la Fiscalía se le sumaron varios cientos de folios. Interrogatorios a implicados, imputaciones, medidas de aseguramiento y negociaciones con la justicia hicieron parte de la lista de actuaciones que el ente investigador adelantó sobre el caso. La movida más reciente sucedió justo antes de entrar en la vacancia judicial, que inició el pasado 19 de diciembre: los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, respectivamente, fueron enviados a la cárcel por orden de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Ante el despacho de esa togada, los exaltos funcionarios del gobierno Petro fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en contratos. Según la Fiscalía, los exministros hicieron parte de una “organización criminal” por medio de la cual se habría fraguado un intento de direccionamiento de 174 proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), por COP 571.000, y cinco proyectos más en la Ungrd, por más de COP 40.000 millones. Los contratos, que sumaban más de COP 612.000 millones, buscaban amarrar los votos de congresistas a favor de iniciativas del gobierno Petro en el Congreso, como la aprobación de operaciones de crédito público.
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Justo en esa línea, la Fiscalía destapó los nombres de los exintegrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) que estarían salpicados en el escándalo de corrupción y que aparecieron en la imputación contra los exministros y en las declaraciones que le entregaron a la justicia Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd. El caso de los parlamentarios cursa en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y es un capítulo aparte, pero están incluidos en la lista de personas que, aunque salpicadas por las declaraciones que se han conocido con relación al entramado de corrupción, aún no han sido vinculadas de manera formal a la investigación.
En su momento, El Espectador hizo una lista de las cinco personas que hasta ese momento estaban salpicadas por el entramado de corrupción y que no habían sido investigadas de manera formal: los ya mencionados exministros Bonilla y Velasco; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González; y el exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha. En los casos de los dos últimos, la Fiscalía abrió investigaciones por la presunta participación en el entramado y los imputó por diferentes delitos. Aun así, ambos exfuncionarios están fuera del país, prófugos de la justicia, y buscados mediante circular roja de Interpol.
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El caso de González es, tal vez, uno de los de mayor relevancia. El exdirector del Dapre pasó de ser un alfil del presidente Petro y de tener una oficina al lado de la del jefe de Estado en la Casa de Nariño, a estar investigado por presunta corrupción. En mayo de 2025, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. González, según las declaraciones de López y Pinilla, habría sido el cerebro detrás del entramado de corrupción. Directamente de él habría salido la orden de entregar coimas y dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso.
Los exdirectivos de la Ungrd han dicho que desde la oficina de González salió la orden de sobornar con COP 3.000 millones al hoy suspendido congresista Iván Name, quien era el presidente del Senado, y con COP 1.000 millones a Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara de Representantes. El 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra González, la cual fue confirmada en septiembre. Sin embargo, su captura no se ha hecho efectiva porque el exdirector del Dapre huyó de Colombia y reapareció en Nicaragua. Desde el 22 de septiembre pasado tiene circular roja de Interpol, pero no se ha materializado su captura, porque el país centroamericano le dio asilo político.
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También el expediente de César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública, tuvo movimientos importantes en la Fiscalía. El exfuncionario es señalado de ser, junto a Olmedo López, uno de los líderes de la red de corrupción que desangró a la Ungrd. Según el ente investigador, Manrique, López y Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd y quien está en prisión por estos hechos, habrían movido sus fichas para obtener COP 100.000 millones producto de un convenio entre la Ungrd y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El objetivo, supuestamente, era pactar contratos a cambio de coimas de hasta el 7% por cada convenio entregado.
El exfuncionario también está señalado por la presunta apropiación de COP 3.000 millones en coimas a un contrato firmado entre la Ungrd y la Corporación Yapurutú, para la adquisición de 40 carrotanques con los que se iba a surtir de agua potable a poblaciones de La Guajira. El pasado 4 de junio, Manrique Soacha fue imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. En julio le fue dictada la medida de aseguramiento, decisión confirmada por un juez de Bogotá el pasado 11 de diciembre. La captura no se ha efectuado, pues aunque también tiene circular roja de Interpol, no hay rastro de su paradero.
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Expedientes en la Corte Suprema de Justicia
Aunque los avances son más numerosos por el lado de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia no se ha quedado atrás en medidas contra los congresistas señalados de haber participado en el escándalo. Los casos, que avanzan en la Sala de Instrucción y de Primera Instancia del alto tribunal, concretamente, le siguen la pista a los legisladores que, supuestamente, vendieron sus votos a cambio de coimas y beneficios que habrían ofrecido altos funcionarios del Ejecutivo para que apoyaran las iniciativas gubernamentales, incluidas, al parecer, las distintas reformas. Incluso, uno de esos procesos llevó a la cárcel a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.
En mayo de 2025, la Sala de Instrucción ordenó el arresto del senador Iván Name (Alianza Verde) y del representante Andrés Calle (Partido Liberal), quienes fungieron como presidentes de la cámara alta y la cámara baja, respectivamente, entre julio de 2023 y julio de 2024. Según las distintas versiones de otros protagonistas del escándalo como Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, entre otros, esos dos congresistas habrían recibido COP 4.000 millones como soborno para mover los proyectos del gobierno. COP 3.000 habrían sido entregados a Name y COP 1.000 a Calle. En ese momento, la sala encontró que enviarlos a prisión era necesario por los indicios y pruebas en su contra.
Name y Calle fueron llamados a juicio el pasado 27 de agosto y se está a la espera de que su proceso, que camina en el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas, concluya, ya sea condenándolos o absolviéndolos por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio. Aunque son los dos únicos congresistas que están en juicio y tras las rejas por el caso Ungrd, no son los únicos a los que el alto tribunal les sigue la pista. Más de ocho legisladores, la mayoría de la Comisión de Crédito Público, están bajo investigación de la Sala de Instrucción de la Corte, por, supuestamente, haber vendido sus votos a cambio de coimas provenientes de contratos de la Ungrd.
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En el despacho del magistrado Misael Rodríguez, por ejemplo, caminan las investigaciones en contra del excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde) y de los congresistas Karen Manrique (representante por las curules de paz), Liliana Bitar, Wadith Manzur (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo y Julián Peinado (Partido Liberal). Al parecer, todos ellos se habrían beneficiado de sus puestos en la Comisión de Crédito Público para obtener sobornos a cambio de entregar conceptos a favor de propuestas del Ministerio de Hacienda. Las supuestas coimas habrían sido materializadas en contratos de la Ungrd, sobre proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en El Carmen de Bolívar (Bolívar).
En agosto pasado, el magistrado Rodríguez consideró que estos congresistas debieron ir a la cárcel de manera preventiva, como pasó con Name y Calle. La mayoría de la Sala de Instrucción no apoyó la idea, pues consideraron que no había razón suficiente para dictar esa medida. Dentro del escándalo, también resultaron salpicados otros senadores como Martha Peralta (Pacto Histórico) y Julio Elías Chagüi (Partido de la U). En el despacho de la magistrada Cristina Lombana avanzan las pesquisas en contra de ellos dos por, supuestamente, haber liderado una estrategia ilegal para asegurar votos a favor de la reforma pensional, usando como una moneda de cambio los contratos en la Ungrd.
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Negociaciones con la justicia
Del otro lado de la tribuna están los exfuncionarios corruptos que aceptaron su responsabilidad en el desfalco de la Ungrd, decidieron colaborar con la justicia y llegaron preacuerdos y principios de oportunidad, a cambio de rebajas en sus condenas o inmunidad jurídica. El exdirector Olmedo López es uno de ellos. El 29 de agosto de 2025, una jueza de Bogotá le dio luz verde al principio de oportunidad con el que le dio inmunidad parcial en tres delitos: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. Pero sigue el proceso penal por otros dos cargos: concierto para delinquir y peculado por apropiación agravados.
Sneyder Pinilla, quien era la mano derecha de López en la Ungrd, también negoció dos veces con la justicia. En abril de 2025 llegó a un preacuerdo por el que fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión, tras aceptar su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados. También se le ordenó la devolución solo de COP 618 millones de todos los que fueron usurpados de la entidad. En agosto pasado, Pinilla logró un principio de oportunidad que le otorgó inmunidad parcial en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
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Otro de los acuerdos con la justicia que más ha alimentado la investigación es el principio de oportunidad al que llegaron la Fiscalía y María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda. La exfuncionaria obtuvo inmunidad parcial al aceptar haber sido cómplice en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Una movida clave para el expediente, pues Benavides encendió el ventilador sobre los presuntos implicados en movidas corruptas mediante las cuales se habría comprometido la entrega de al menos COP 90.000 millones en contratos a congresistas. Fue por sus declaraciones que los exministros Bonilla y Velasco terminaron en la cárcel a mediados de este diciembre.
Tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema de Justicia avanzan los gruesos expedientes del que es, tal vez, el escándalo más grande de corrupción en el gobierno actual. Por un lado, están los casos de quienes han negado su responsabilidad tajantemente, entre ellos los exministros de Hacienda e Interior, que no aceptaron los cargos imputados en diciembre pasado y dijeron que demostrarán su inocencia en el juicio. Por el otro, los que han destapado lo que se escondía debajo del tapete de la Ungrd y del Invías. Otros, como la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz, han intentado llegar a un preacuerdo que sigue varado en el ente investigador.
La exfuncionaria, presa en la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá y a quien el 31 de diciembre, a solo horas derminarse el 2026 le fue negada la libertad por vencimiento de términos, buscó un principio de oportunidad. Pero en abril de 2025 la Fiscalía le cerró la puerta. “No podemos confiar en una persona que es errática, sale a los medios, entrega información que debería haber sido confidencial hasta que se terminaran las negociaciones”, dijo en su momento María Cristina Patiño, fiscal del caso. En 2026, el ente investigador tendrá que resolver si llega a un preacuerdo con Ortiz, que es la opción que le queda. También tendrá que ampliar el capítulo de presunta corrupción en el Invías y definir si vincula de manera formal o no a los congresistas y exfuncionarios hoy salpicados. Pero ese tema merece un capítulo aparte.
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