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Decenas de horas de videos de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda, en poder de la Corte Suprema de Justicia, registraron la trasescena de una presunta operación de compra de congresistas a cambio de millonarios contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que habría liderado el renunciado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La bitácora de esa transacción criminal se concentra en 18 turbulentos días, entre el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023, donde además de Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, varios asesores presidenciales y seis congresistas llamados a indagatoria aparecen desfilando en las distintas dependencias del Minhacienda, justo en momentos en los que el gobierno necesitaba con urgencia que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) le aprobara cuantiosos préstamos internacionales a la Nación.
Para la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, esta sucesión de hechos de tiempo, modo, lugar y protagonistas no correspondería a una coincidencia, como algunos de los involucrados pretenden sugerir, sino “a un proceso de negociación y a la presunta aceptación de una dádiva condicionada” para los parlamentarios bajo sospecha. La confesión que le hizo a la Fiscalía la exasesora del ministro Bonilla, María Alejandra Benavides, revelada por Noticias Caracol, obligó a Bonilla a salir de su cargo el miércoles pasado; confirmó las acusaciones que desde junio hicieron Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, sobre cómo se usó esa entidad como botín político para aceitar congresistas; desató una tormenta judicial que no tiene pinta de amainar pronto y reforzó las dudas que rondan a los parlamentarios que hoy siguen jurando inocencia, tal como los altos funcionarios del gobierno Petro salpicados.
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La línea de tiempo de este caso arranca el 27 de noviembre de 2023. Ese día, según Olmedo López, en la Casa de Nariño ocurrió lo que él ha denominado como “el cónclave”, la reunión en la que se habría definido la ruta de los sobornos al Congreso. A ese encuentro asistieron el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, y los ministros Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo y Gloria Inés Ramírez. La Sala de Instrucción reseñó que ese día Velasco habría tomado la palabra para explicar la estrategia que se había trazado para lograr que las iniciativas y proyectos del gobierno pudieran ser aprobadas “bajo la figura de entrega de dádivas”. Uno de los capítulos claves de esta presunta operación de compra de congresistas era asegurar los créditos de la Nación. Justamente, al día siguiente, 28 de noviembre, sesionaba la Comisión de Crédito Público.
Entre septiembre y noviembre de 2023, la CICP no emitió ningún concepto sobre las solicitudes de créditos internacionales, aunque el gobierno le había presentado seis. No obstante, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre de ese año, justo en los días en los que, según los testigos, se inició esta operación criminal, la CICP aprobó 13 de los 18 empréstitos requeridos. Esto coincide con dos hechos fundamentales en esta cadena de suspicacias. Primero, a esa sesión del 28 de noviembre no asistió José Roberto Acosta, director general de Crédito Público, quien, al parecer, había tenido roces con los congresistas. En cambio, quien sí apareció fue María Alejandra Benavides, cuyo rol en este entramado como enlace de Bonilla para cumplirles a los congresistas ha sido contado por ella misma ante la justicia. Acosta le dijo a la Corte que Bonilla le pidió no volver a asistir a las sesiones porque “su presencia podría incomodar”.
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Las intervenciones de María Alejandra Benavides y de Jaime Ramírez Cobo, otro asesor de Presidencia, para lograr las mayorías en la CICP en esta presunta filigrana de corrupción aparecen en el expediente que adelanta la Corte Suprema. Las interacciones de ellos dos y sus jefes, así como de los seis congresistas que fueron al Ministerio de Hacienda en esos 18 turbulentos días, quedaron registradas en las cámaras de vigilancia de la entidad que revisó el alto tribunal minuto a minuto. A las 11:17 de la mañana del 4 de diciembre, por ejemplo, se ve ingresando al ministerio a la representante a la Cámara, Karen Manrique Olarte, una de las protagonistas de este escándalo a la que la Corte ordenó allanarle su oficina en el Congreso esta semana. Según Olmedo López, ella fue la encargada de sacar adelante los tres contratos por $92.000 millones en la Ungrd en representación de sus demás compañeros de la CICP.
A las 11:30 de ese día fue a recibirla en la sala de espera María Alejandra Benavides y a las 12:18 ambas se dirigieron hacia un despacho ubicado en los pisos superiores. Al día siguiente, 5 de diciembre, los videos del circuito de cámaras del Ministerio de Hacienda permiten constatar la presencia de otros congresistas de la CICP en esa entidad. A las 4:06 de la tarde, y durante 39 minutos, estuvieron allí la senadora Liliana Bitar y los representantes Wadith Manzur y Julián Peinado, quienes se reunieron con el viceministro Diego Guevara Castañeda, hoy reemplazo de Bonilla. Posteriormente, en una sala ubicada en el ala norte del tercer piso, a las 4:48 de la tarde, se reunieron la asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, con el senador Juan Pablo Gallo y los representantes Juan Diego Muñoz y, de nuevo, Karen Manrique. El encuentro duró 14 minutos. Todos los parlamentarios investigados estuvieron ese mismo día en el Minhacienda.
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Tan solo unas horas después de esas reuniones, el 6 de diciembre de 2023, se llevó a cabo otra sesión de la CICP. Ese día solo se aprobó un crédito y los riesgos de los préstamos en el limbo hicieron que la angustia se apoderara del alto gobierno, según Benavides. El entonces director de la Ungrd, Olmedo López, le contó a la justicia que le dieron la orden de tramitar de urgencia tres contratos para los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), a través de los cuales se les pagaría a los seis congresistas. Para disponer de nuevos recursos en su entidad, el ministro Bonilla expidió el 11 de diciembre la resolución 3202 mediante la cual le entregó $700.000 millones a la Ungrd. Coincidencialmente, al día siguiente, el 12 de diciembre, estaba citada otra sesión de la CICP para aprobar los créditos que faltaban. Para la Corte, la cronología de esta ruta de súbitas aprobaciones de dinero parece muy clara.
Ese 12 de diciembre, la CICP aprobó cinco créditos, pero quedó uno por votarse, y por eso se citó para el 15 de diciembre nuevamente a la Comisión Interparlamentaria. Al gobierno le quedaban tres días para obtener los votos necesarios. Para la Corte, ese 12 de diciembre pasaron muchas cosas que reforzarían la teoría de que el Gobierno compró a esa Comisión del Congreso. Esa tarde fue muy movida en el Minhacienda. A las 2:59 p.m., las cámaras de seguridad de la entidad registraron una reunión entre los ministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, y los asesores María Alejandra Benavides y Jaime Ramírez Cobo. Dos minutos después, Velasco ingresó al despacho de Bonilla con la congresista María Eugenia Lopera. A las 3:13, Ramírez Cobo entró a la oficina del ministro y a las 3:19 salió de la entidad. Ese día, Ramírez Cobo le envió un cuadro con los tres contratos amarrados a una asesora de Olmedo López.
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A las 6:08 de la tarde, la asesora de López se comunicó vía WhatsApp con Sneyder Pinilla y le reenvió el cuadro de Ramírez Cobo indicándole que un asesor de Presidencia estaba pedaleando los tres contratos de obra pública por $92.000 millones y que de su aprobación dependían los créditos de la Nación. A las 10:56 de la noche de ese convulso 12 de diciembre, Olmedo López se reunió con Sneyder Pinilla en el hotel Grand Hyatt y se mostró muy molesto por la forma en la que se estaba dejando trazabilidad de los contratos para los parlamentarios, pues había ni más ni menos que chats, audios y la tabla del delito. El 13 de diciembre no fue menos agitado. De nuevo aparecieron en las instalaciones del Ministerio de Hacienda el ministro Velasco, el asesor Ramírez Cobo y María Alejandra Benavides. Las horas corrían en contra del Ejecutivo y Ramírez Cobo se cansó de los intermediarios y decidió escribirle directamente a Sneyder Pinilla.
Eso ocurrió el jueves 14 de diciembre. Al final de la tarde, Ramírez Cobo se le presentó por WhatsApp, le habló de la importancia de que no se cayeran los créditos de la Nación y le dijo que el ministro Bonilla necesitaba hablar urgentemente con Olmedo López. Tan de frente fue la cosa, que Ramírez Cobo le compartió a Pinilla el contacto del ministro. A las 6:03 de la tarde, Bonilla le escribió a Pinilla que estaba “preocupado por destino de recursos proyectos viabilizados”, es decir, por los tres contratos que necesitaban sacar para beneficiar a los parlamentarios que el 15 de diciembre votarían en la última sesión de la CICP. Según Sneyder Pinilla, en ese momento, tras una corta llamada, el ministro le dijo que necesitaba verse al día siguiente a primera hora en su despacho con Olmedo López. Al día siguiente, en efecto, López llegó al Ministerio de Hacienda y estuvo reunido con Bonilla entre las 8:39 y 8:53 de la mañana.
En ese encuentro, según Olmedo López, fue cuando Bonilla le dijo que necesitaba sacar esos contratos ya. En el teléfono de Sneyder Pinilla, aportado a la justicia, quedó registro de una videollamada que le hizo a Olmedo López cuando éste estaba con el ministro. Olmedo López le dio la orden a Pinilla de que se entendiera en adelante con la asesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, para tramitar como fuera esos tres contratos de obra pública. “Estos contratos son urgentes. Urgentes mi hermano. Urgentes porque es un tema acá del ministro”, le dijo Olmedo López a Pinilla en la videollamada. Según este último, tras esa instrucción, su jefe giró la cámara de su teléfono para mostrarle con quién estaba. Apareció en pantalla Bonilla levantando su dedo pulgar en señal de aprobación. En ese encuentro, también quedó claro que Karen Manrique ya no sería la vocera de sus colegas en esta “vuelta”, sino Wadith Manzur.
Al final de la mañana de ese 15 de diciembre, Olmedo López se encontró personalmente con Pinilla en la Ungrd y le dijo que esos contratos tenían que sacarlos así fuera por emergencia. La justicia ha constatado que ninguno de los tres municipios tenía una situación de calamidad. El propio Sneyder Pinilla lo confesó de forma categórica: se inventaron las emergencias para poder cumplir. Sobre la 1:55 de la tarde de ese mismo día comenzó a sesionar por última vez ese año la CICP. Y apenas 12 minutos después, María Alejandra Benavides, a las 2:07 comenzó a cruzarse mensajes con Sneyder Pinilla en los que le remitió los nombres de los contactos en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar para tramitar los contratos y le pidió que los llamara de urgencia para que ellos vieran que la cosa iba en serio. La justicia indaga si los congresistas no solo eran los dueños de los contratos, sino si además ponían a sus contratistas.
La operación para poner en marcha la entrega de los contratos prometidos ocurrió al mismo tiempo que los seis parlamentarios le daban el “sí” al último crédito de la Nación. El exsubdirector Sneyder Pinilla se puso en la tarea y llamó a los tres contactos: Harry Bejarano en Cotorra, Camilo Díaz en Saravena y Carlos Torres, que resultó ser el alcalde de Carmen de Bolívar. Con ellos y luego con sus delegados, Sneyder Pinilla les explicó cómo debían presentar los documentos ante la Ungrd para su aprobación y les indicó que debían declarar las emergencias. En los chats que entregó Pinilla a la Fiscalía se revela que estas personas hicieron tan mal su trabajo que él y varios de sus subalternos prácticamente les hicieron el trabajo. Con otra perla: los tres proyectos llevaban años en la Ungrd esperando que hubiera recursos. Solo hasta que el gobierno inició este operativo exprés, según los testigos, la plata apareció.
Mágicamente, el 21 de diciembre, es decir, apenas seis días después de que María Alejandra Benavides y Sneyder Pinilla empezaran a encarrilar estos proyectos, se emitieron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para los tres contratos y sus interventorías. Para la Corte es muy sospechoso que estos proyectos hubieran estado engavetados durante años y se reactivaran así no más en apenas seis días. Aunque los CDP ya estaban listos, los emisarios de los contratos no completaban los documentos requeridos para subirlos a la plataforma oficial. Por eso la demora en la adjudicación. María Alejandra Benavides fue encargada por el ministro Bonilla de hacerle seguimiento a la materialización de estos negocios, según sus confesiones. Y por eso, entre el 21 de diciembre de 2023 y el 14 de febrero de 2024, le envió a Pinilla mensajes tan explícitos como este: “¿Qué ha pasado con los proyectos de diciembre del ministro?”.
Sneyder Pinilla le explicó las dificultades, pero le dijo que contara con eso, pues ya solo faltaba la firma del contrato. Pero el 15 de febrero la periodista Paula Bolívar reveló los primeros hallazgos de corrupción en la Ungrd y todo se fue al traste. Olmedo López salió de la entidad el 28 de febrero y una semana más tarde haría lo propio Sneyder Pinilla. Los abogados de algunos procesados han dicho como una gran revelación que aquí no se perdió plata del Estado porque los contratos no se entregaron y que no solo no hay delito, sino que todo esto es una ficción de un sector de la prensa malqueriente. No obstante, la Corte en sus consideraciones para llamar a indagatoria a los seis parlamentarios explicó los alcances del delito de cohecho impropio por el cual están procesados. Penalistas consultados señalaron que esa conducta no necesita que exista una transacción material del dinero, sino la constatación de un acuerdo criminal.
La defensa de los ministros
Esta semana, luego de que se confirmara la salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda, el exfuncionario del gobierno Petro señaló: “Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no la usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público y mi renuncia estuvo sobre la mesa pendiente solo de fecha”. Y agregó: “Me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores de que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública”. Por su parte, el exministro Velasco, ha dicho que nunca ha dado una orden ilegal “nunca ordené entregarle dinero a alguien”.
Desfile en la Corte Suprema para indagatorias
El pasado 12 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a los parlamentarios Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Justamente esta semana, Manzur y Manrique estuvieron en el alto tribunal para cumplir la cita pactada por la Corte. Sin embargo, ambos guardaron silencio. Por otra parte, Lilian Bitar también cumplió con su cita en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y, antes de entrar, aseguró: “Estoy tranquila y segura, dando siempre mis declaraciones como debe ser”. Este diario pudo confirmar que la senadora no guardó silencio y contestó las preguntas de los magistrados. Además de estas diligencias, la Corte justamente esta semana, ordenó inspeccionar la oficina de la representante Karen Manrique. Se espera que durante la semana que entra, los parlamentarios Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz cumplan con la cita de indagatoria que ordenó el alto tribunal.
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