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La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, aseguró en audiencia que la Fiscalía General de la Nación la habría presionado para que declarara en contra de ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias.
Durante la diligencia, realizada desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, donde se encuentra detenida, Ortiz afirmó: “Acudí muchas veces a la Fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento” y señaló que el coordinador de la Fiscalía le dijo “si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento”.
La exconsejera agregó: “Yo tengo la carta que le envié a la Fiscalía y la trazabilidad que le envié los documentos que le envie a mi abogado. Desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político”, y por “haber trabajado con el presidente Gustavo Petro”.
Según la investigación, Ortiz es señalada de haber actuado como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, quienes permanecen privados de la libertad, con el fin de facilitar el trámite de reformas del Gobierno en el Congreso. Name habría recibido COP 3.000 millones y Calle, COP 1.000 millones.
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El pasado 10 de abril, inició el juicio oral contra Sandra Ortiz, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara en segunda instancia la solicitud de preclusión presentada por su defensa en el proceso por el escándalo de corrupción en la Ungrd.
Previamente, el pasado 4 de marzo, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá había ratificado la continuidad del proceso al rechazar esa misma solicitud. En su decisión, el despacho concluyó que no había obstáculos para que la exconsejera enfrentara el juicio, pese a que ha negado reiteradamente los señalamientos en su contra.
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La defensa, liderada por el abogado Mauricio Camacho, pidió el cierre del caso al argumentar inconsistencias en la imputación, particularmente frente a un contrato relacionado inicialmente con el municipio de Repelón (Atlántico). Según explicó, tras solicitar información a la Ungrd, se estableció que dicho contrato se ejecutó en Girón (Santander), lo que, según el abogado, generaba dudas sobre la imputación previa al inicio del juicio oral.
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