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En una votación unánime, 9-0, la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la condición de imputado de Álvaro Uribe Vélez, en el caso que se lleva en su contra por presunta manipulación de testigos. Los magistrados consideraron que la petición de nulidad que presentó el expresidente era improcedente, por lo cual, como lo habían manifestado meses atrás, deberá seguir el proceso penal en su contra, en condición de imputado.
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El caso Uribe llegó a la Corte Constitucional porque su abogado, Jaime Granados, interpuso una acción de tutela aduciendo que no se podía equiparar la imputación de cargos a la indagatoria que rindió el exsenador ante la Corte Suprema de Justicia. El expediente que empezó en el alto tribunal, bajo la Ley 600 del 2000, pasó a manos de la Fiscalía, regida bajo la Ley 906 del 2004, una vez Uribe renunció a su curul en el Congreso porque consideró que no había garantías para enfrentar su proceso. Así, lo que Uribe buscaba con la tutela es que no se acreditara su calidad de imputado ante la Fiscalía. La mayoría de la Corte no estuvo de acuerdo y estipuló que la imputación podía equipararse a la indagatoria.
En pocas palabras, Granados pedía que se le respetara el derecho al debido proceso al exsenador porque, en su caso, según él, presentaron irregularidades previa y durante la discusión de los magistrados de la Sala Plena. Uribe y su defensa hacen referencia a varios episodios de filtración de información que se dio cuando estaban discutiendo la ponencia. Fue tan grave la situación que fuentes cercanas a la Corte explicaron que alguno de los nueve magistrados estaba transmitiendo en vivo y en directo la discusión, algo ilegal pues se trata de reuniones reservadas. La solución que tomó la Sala Plena fue reunirse en el Palacio de Justicia sin ningún aparato electrónico que les permitiera tener contacto con el exterior.
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El abogado documentó que, inicialmente, se dio a conocer de forma anticipada a la opinión pública el sentido de la ponencia y con ello el texto completo. Igualmente, según su relato, quedó en evidencia la postura de cada magistrado frente al expediente. “La filtración de información sobre el sentido de la ponencia, los detalles de la deliberación, el sentido anticipado de los votos, supuestas presiones externas, sin duda alguna, en lo que es un hecho lamentable, tuvo que venir del interior mismo de la Corte y, muy probablemente, de algunos de sus magistrados”, resalta el incidente de nulidad.
Para el abogado, la “burda” vulneración de la reserva del proceso no fue un “acto neutro”. Estima que por cuenta de esa situación se inició una campaña de presión mediática contra los magistrados, especialmente, aquellos que estaban a favor de tutelar los derechos del expresidente Uribe. “En el caso particular de la magistrada Gloria Ortiz, se expusieron ante la opinión pública aspectos de carácter personal y familiar a fin de dar a entender que estaría condicionando su apoyo a la tutela, para obtener posibles beneficios personales. Su voto, que inicialmente, fue expuesto como contrario a la ponencia, terminó siendo en el sentido contrario”, dijo Granados en el texto.
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Además de ello, la defensa de Uribe explicó en su documento que también se filtró a los medios de comunicación la supuesta “presión, influencias y amenazas” en contra de varios magistrados para que fallaran a favor y en contra del expresidente. No obstante, lo que dice Granados es que de haber sido así, esa situación no fue denunciada, y, por el contrario, se “prefirió” que se generara un ambiente “enrarecido” ante la opinión pública mientras se discutía a puerta cerrada el tema. “Ante la sociedad colombiana, por lo acontecido, la decisión carece de legitimidad, quedando muchas dudas sobre el proceder de la Sala Plena de la Corte y sobre, la estricta juridicidad de sentencia”, resaltó.El abogado documentó que, inicialmente, se dio a conocer de forma anticipada a la opinión pública el sentido de la ponencia y con ello el texto completo. Igualmente, según su relato, quedó en evidencia la postura de cada magistrado frente al expediente. “La filtración de información sobre el sentido de la ponencia, los detalles de la deliberación, el sentido anticipado de los votos, supuestas presiones externas, sin duda alguna, en lo que es un hecho lamentable, tuvo que venir del interior mismo de la Corte y, muy probablemente, de algunos de sus magistrados”, resalta el incidente de nulidad.
Para el abogado, la “burda” vulneración de la reserva del proceso no fue un “acto neutro”. Estima que por cuenta de esa situación se inició una campaña de presión mediática contra los magistrados, especialmente, aquellos que estaban a favor de tutelar los derechos del expresidente Uribe. “En el caso particular de la magistrada Gloria Ortiz, se expusieron ante la opinión pública aspectos de carácter personal y familiar a fin de dar a entender que estaría condicionando su apoyo a la tutela, para obtener posibles beneficios personales. Su voto, que inicialmente, fue expuesto como contrario a la ponencia, terminó siendo en el sentido contrario”, dijo Granados en el texto.
Además de ello, la defensa de Uribe explica en su documento que también se filtró a los medios de comunicación la supuesta “presión, influencias y amenazas” en contra de varios magistrados para que fallaran a favor y en contra del expresidente. No obstante, lo que dice Granados es que de haber sido así, esa situación no fue denunciada, y, por el contrario, se “prefirió” que se generara un ambiente “enrarecido” ante la opinión pública mientras se discutía a puerta cerrada el tema. “Ante la sociedad colombiana, por lo acontecido, la decisión carece de legitimidad, quedando muchas dudas sobre el proceder de la Sala Plena de la Corte y sobre, la estricta juridicidad de sentencia”, resaltó.
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