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En una declaración pública de 21 minutos y 15 segundos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a la decisión de la Fiscalía de llamarlo a juicio penal por los delitos de fraude procesal y soborno. Como ya es su costumbre, el exmandatario leyó una intervención que dividió en cinco puntos en los que se refirió, desde a los magistrados que le abrieron la investigación penal, el papel de los nuevos fiscales, hasta de los testigos y pormenores de su caso. Sin embargo, varias de sus declaraciones, o no son ciertas, o fueron incompletas. Eso sí, muchas otras fueron verdades que, para Uribe, han afectado políticamente su investigación.
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Uribe habla de la animadversión de magistrados en su contra
Una de las primeras declaraciones del expresidente Uribe con nombre propio fue en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que lo investigaron. Habló, por ejemplo, de José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández, Fernando Castro Caballero y César Reyes, como los responsables de la persecución política y no de los investigadores de un proceso judicial. Según el expresidente, los juristas violaron varios de sus derechos fundamentales (algo que la justicia nunca ha probado) e, incluso, aseguró que el magistrado Hernández tiene una “animadversión” en su contra.
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Sobre ninguna de las dos declaraciones, el expresidente presentó evidencia alguna. Además, durante los dos años que el proceso estuvo en la Corte Suprema, hubo otros magistrados que también tuvieron cartas en el asunto y blindaron las decisiones del alto tribunal. En concreto, cuando la Corte resolvió su situación jurídica y ordenó la captura, cuatro magistrados tomaron la decisión, no solo César Reyes. Los togados fueron: Héctor Alarcón Granobles, Misael Rodríguez Castellanos y Marco Antonio Rueda Soto, todos magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Los magistrados y las elecciones
Según el expresidente Uribe, los magistrados que le abrieron la investigación (José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro) participaron en la elección de los juristas que lo pusieron preso. El problema de la aseveración, que es cierta, es que Uribe Vélez menciona el tema para poner en duda la independencia de los juristas que resolvieron su situación jurídica y ordenaron su prisión domiciliaria en agosto de 2020. Barceló, Hernández y Castro sí participaron en la elección de los otros magistrados porque la ley estipula que es la Sala Plena de la Corte, a la que ellos pertenecían en ese momento, los llamados a elegir a integrantes de la Sala de Instrucción.
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Pero, además de los tres magistrados, en esas elecciones participaron todos los magistrados de la Corte Suprema que, cuando está completa, son 23 que corresponden a todas las demás salas del alto tribunal, la Civil y la Laboral, y no solo la Penal (que es a la que pertenecían los magistrados Barceló, Hernández y Castro). Otra referencia similar hizo el expresidente durante sus declaraciones, al referirse a la elección de la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón. Uribe Vélez señaló que el magistrado Hernández participó de la elección de la nueva jefe del ente investigador, hecho que es cierto. Sin embargo, también mencionó el hecho para poner en duda la decisión que tomó la administración de Camargo de llamarlo a juicio.
Aunque es cierto también que Hernández fue una de las personas claves en la elección, pues varias fuentes le han confirmado ese hecho a El Espectador, la fiscal Camargo llegó a la Fiscalía con los votos de otros 18 magistrados, no solo con el apoyo de Hernández.
“Mi interés es la verdad”
De acuerdo con el expresidente, en 2018 le pidió a su abogado, Diego Cadena, que verificara las versiones que le llegaban sobre un supuesto plan para que exparamilitares presos declaran contra él y su hermano Santiago Uribe como supuestos aliados de grupos paramilitares. Según sus versiones, su “único afán fue buscar la verdad y verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”, amparado de su derecho al debido proceso y a probar su inocencia. Esa misma teoría la expuso el exfiscal Gabriel Jaimes Durán durante su fracasada petición por cerrar el expediente.
“Álvaro Uribe Vélez apremiado por los hechos judiciales del año 2017 y 2018 resolvió canalizar las pródigas informaciones que le llegaban por diversas fuentes y asumirlas con un trabajo de verificación en la fuente y así, en ejercicio de sus derechos, respaldar su defensa en los estrados judiciales”, explicó Jaimes. La Corte Suprema y la Fiscalía tienen una mirada muy diferente de esos hechos. Según se lee en el llamado a juicio, Uribe contó con una red de personas, “bajo la coordinación, dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, que materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, documentos y otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente ciertos o que no correspondían a la realidad”. Todo, dice el documento, para confundir a la justicia.
Cárcel por riesgo para la sociedad
El expresidente señaló en su intervención que cuando la Corte Suprema ordenó detenerlo de manera preventivamente (agosto de 2020) lo hizo bajo el argumento de era un riesgo para la sociedad. Sin embargo, de acuerdo con el documento de 1.554 páginas con las que argumentó su detención, la principal razón tiene que ver con que había “motivos graves y fundados que permiten inferir razonablemente que el senador Álvaro Uribe Vélez podría incurrir en conductas dirigidas a la obstrucción de la justicia”.
En conclusión, señaló la Sala de Instrucción de la Corte, “el examen probatorio deja expuesta con suficiencia (…) la existencia de conductas punibles que pueden y deben atribuirse al senador Uribe Vélez como posible responsable a título de determinador, puesto que se aprecia que actuó con dolo, vale decir, con conocimiento de los hechos, conciencia de la ilicitud y la voluntad o querer su realización”. Pensando en que el expresidente podría entonces obstruir de algún modo la investigación, la Corte determinó que lo mejor para el proceso era que él quedara detenido mientras las pesquisas siguen andando.
Las presiones a presos en Miami
La reciente declaración del expresidente señala que la Fiscalía no tiene pruebas de que él haya presionado a presos en Miami, haciendo referencia a una carta en los exnarcotraficantes Gordo Lindo, Diego Rastrojo y RQ, solicitaban declarar a favor de Santiago Uribe en el proceso que se adelanta por, supuestamente, ser integrante de un grupo paramilitar llamado los 12 apóstoles. Sin embargo, en el escrito de acusación contra el expresidente no se hace referencia a este episodio. En cambio, el documento de 13 páginas sí hace referencia a las presiones que su abogado, Diego Cadena, habría hecho para que el narcotraficante alias el Tuso Sierra declarara a su favor.
Ni la Fiscalía ni la Corte hablan de suposiciones
Durante toda su intervención, el expresidente Uribe se refirió al trabajo de la Fiscalía y la Corte Suprema como uno basado en suposiciones. Según su versión, no hay pruebas que lo vinculen con ninguno de los hechos delictivos. Sin prueba en mano, el investigado señaló: “Me abren las puertas de la cárcel sin pruebas, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho”. Sin embargo, las investigaciones judiciales han señalado que habría pruebas que demostrarían participación en los hechos.
Lo hizo la Corte Suprema durante dos años, cuando arrancó la investigación en su contra y recopiló nuevos testimonios y evidencias, sino también la Fiscalía actual que, para llamarlo a juicio, tiene listos 34 pruebas testimoniales; 40 documentos y evidencias físicas, 26 actas de entrevistas declaraciones juradas, interrogatorios, indagatorias y versiones libres y 243 informes de policía judicial y anexos. No solo existen pruebas en el expediente, sino que ya cinco jueces diferentes (dos juezas y tres magistrados) han explicado que el caso sí tiene el mérito suficiente para avanzar y para que sea un juez quien decida su inocencia o culpabilidad.
Según Uribe, el llamado a juicio coincide todo con el caso Mancuso
Otro de los puntos de la intervención del expresidente se centró en que, en su contra, existe una manipulación en medio del contexto de la política de paz total del presidente Gustavo Petro y la polémica ley de punto final que ha cogido fuerza en los últimos meses. Para Uribe, su llamado a juicio coincide con el regreso del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, quien ha dicho que quiere colaborar con los procesos de paz. Aunque es cierto que la acusación y el regreso de Mancuso coinciden en tiempos (este último piso suelo colombiano el pasado 27 de febrero), la investigación contra Uribe ya cumple seis años.
El proceso contra el expresidente inició el 22 de febrero de 2018; rindió indagatoria el 8 de octubre de 2019; la Corte ordenó su captura el 3 de agosto de 2020; renunció a su curul en el Senado el 31 de agosto siguiente, obligando al alto tribunal a enviarle el expediente a la Fiscalía, pues había perdido el fuero y las carpetas cayeron en la administración de Barbosa, sin que en tres años la investigación avanzara. Solo después de que dos fiscales no lograran cerrar el caso, pues la justicia les advirtió que sí había pruebas para investigarlo y que otro más se tuviera que declarar impedido, es que el cuarto fiscal en conocer el expediente decidió llamarlo a juicio.
Eso sí, falta ver si el regreso de Mancuso tiene implicaciones en los procesos judiciales del expresidente. Por ahora, se sabe que el exjefe paramilitar habló ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre hechos que conoció mientras comandó temibles bloques paramilitares, entre ellos, la supuesta relación de Uribe, mientras fue gobernador de Antioquia en los años 90, con sus tropas.
La relación de la esposa del magistrado César Reyes con la esposa de Iván Cepeda
Como parte del relato de Uribe de que este proceso judicial se trata una venganza política en su contra, el exmandatario recordó una vieja relación contractual que tuvo un actor clave en su proceso con la esposa del senador Iván Cepeda, víctima en el caso Uribe. Se trata del magistrado César Reyes, quien se encargó de la etapa de investigación en la Sala de Instrucción del alto tribunal y escuchó en indagatoria al expresidente. Lo que se sabe sobre este asunto es que, en 2016, Pilar Rueda, esposa de Cepeda, trabajó junto a Reyes en un programa relacionado al Acuerdo de Paz con las FARC. Esa relación laboral le sirvió al expresidente para afirmar que hay un complot en su contra, pues su denunciante es, precisamente, Iván Cepeda.
La relación entre la fiscal general y el ministro de Defensa
Durante las declaraciones, el expresidente mencionó el papel de otros funcionarios en un caso, por ejemplo, el del fiscal del caso, Gilberto Villareal, cuya decisión de llamarlo a juicio es la primera movida de gran calado de la administración de Luz Adriana Camargo. Uribe resaltó en su intervención la conocida relación entre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la fiscal, como parte de una supuesta venganza política para procesarlo penalmente. Y además, según Uribe, es conocida la animadversión de Velásquez contra él y su familia. Aunque no ahondó en este punto, los caminos de Uribe y Velásquez se cruzaron, por ejemplo, durante la primera década del siglo XXI, cuando este último investigó como magistrado auxiliar de la Corte a políticos ligados al uribismo en la conocida parapolítica.
Entre ellos, al expresidente del Senado, Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe. Como se sabe, Iván Velásquez conoció a Luz Adriana Camargo mientras investigaba estos crímenes en la Corte y luego se la llevó a Guatemala para integrar una comisión judicial independiente contra la corrupción y que Velásquez lideró desde 2006 hasta 2019. No obstante, la decisión de llamar a juicio a Uribe fue de un fiscal a quien le llegó el expediente en enero pasado, meses antes de que llegara Camargo a la Fiscalía. Ahora bien, su nuevo jefe, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, es Hernando Barreto Ardila, quien, a su vez, viene del despacho del magistrado Luis Antonio Hernández.
El lío de las interceptaciones al celular de Uribe
Uno de los hechos que retomó Uribe en su declaración fue el de la polémica interceptación que hizo la Corte Suprema a su teléfono celular. “Unas interceptaciones ilegales a mi teléfono no han tenido ningún efecto frente a los magistrados que las ordenaron y mantuvieron”, expresó el exmandatario. En teoría, esas escuchas no fueron ilegales porque ya la justicia declaró que no lo fueron. Sin embargo, en esas tareas investigativas sí hubo irregularidades. Como ya se sabe, el alto tribunal terminó escuchando las conversaciones de Uribe porque, dentro de un proceso completamente ajeno al del expresidente, la Corte interceptó su número.
El alto tribunal ya reconoció que, por error, terminaron interceptando su número, pero que, cuando se dio cuenta de que las comunicaciones eran las de Uribe, cancelaron la orden de interceptación. Al final, nunca se supo cómo el número de celular del exmandatario terminó en ese expediente, ni tampoco la Corte Suprema investigó internamente los hechos. Pese a esas irregularidades, la Corte Suprema declaró legales las interceptaciones contra el expresidente.
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