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El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal continuará. Así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá, en cabeza del magistrado Carlos Andrés Guzmán, al negar un recurso de la Fiscalía que buscaba el archivo del caso en segunda instancia.
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Aunque la noticia fue dada a conocer por el mismo Uribe en la noche de este jueves, el magistrado Guzmán la confirmó en los últimos minutos al dar detalles de la decisión en la que estuvo de acuerdo, tanto con Carmen Helena Ortiz, jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, y Laura Barrera, del juzgado 41, quienes le habían negado el archivo en los dos intentos anteriores.
El caso tiene su génesis en 2012, cuando Uribe denunció al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, por presentar testimonios de exparamilitares que supuestamente lo vinculaban con las autodefensas. Sin embargo, en febrero de 2018, el proceso tuvo un giro inesperado cuando el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles faltas en la defensa del exmandatario. En ese momento, empezó una larga batalla judicial en la Corte Suprema de Justicia.
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Sin embargo, para febrero de 2020, el expediente volvió a dar noticia, cuando Uribe renunció a su curul como congresista, en una estrategia que fue catalogada por las víctimas como dilatoria. Su salida del Congreso significó que la Corte perdiera la jurisdicción para investigarlo y, en consecuencia, no le quedó de otra que enviar el expediente a la Fiscalía. En cabeza del fiscal Gabriel Jaimes, el ente investigador decidió revisar lo hecho por la Corte Suprema y, contra toda evidencia recopilada por el alto tribunal, pidió que el caso se cerrara.
La solicitud oficial la presentó en 2021, pero a los meses cayó derrotado ante la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá. Un año después, la Fiscalía volvió a pedir la preclusión del caso y, de nuevo, perdió. En esa oportunidad, fue la jueza Laura Barrera quien consideró que la entidad dirigida por Barbosa tiene los medios y la evidencia suficiente para mantener vigente la investigación. Incluso, la juez en ese momento fue crítica del papel del ente investigador. Por ejemplo, señaló que la segunda preclusión fue un “desgaste” para el proceso. Esta decisión judicial fue apelada por la Fiscalía, por lo que llegó a manos del magistrado Guzmán, quien no llegó a una conclusión diferente.
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El magistrado explicó nuevamente que la Fiscalía no logró demostrar que el expresidente no cometió ninguno de los delitos por los que es investigado, pero además no recaudó las pruebas necesarias para pedir el archivo del caso y tampoco tuvo en cuenta algunas pruebas que recopiló la Corte Suprema de Justicia antes de hacer cualquier solicitud. En conclusión, aún existen serias dudas en la investigación, por lo que no se puede precluir el caso
Dentro de su extensa intervención, el magistrado se refirió, en primer lugar, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha sido el testigo estrella del caso luego de señalarlo a él y a su hermano Santiago de crear, junto con otros hacendados de Antioquia, los primeros grupos paramilitares en ese departamento. Sobre él dijo que no es cierto, como asegura la Fiscalía, que Monsalve es un testigo sin peso judicial, porque las pruebas recaudadas sí permiten inferir presuntamente que perteneció a un grupo paramilitar y conoció los hechos, pero además por las visitas que le hizo el suspendido abogado, Diego Cadena, para que se retractara de las afirmaciones que había hecho en contra del expresidente.
En este punto, el magistrado concluyó que tampoco se puede probar que fue Juan Guillermo Monsalve quien buscó la manera de contactarse con Álvaro Uribe para retractarse, pero aún más que no existen pruebas para afirmar que la retractación que pidió el abogado Diego Cadena al exparamilitar fue en nombre de Álvaro Uribe o no.
“Frente a nuestro caso, para que se declarase atípico el hecho investigado, como lo pretende la Fiscalía, se requeriría la presencia de elementos materiales probatorios que acreditaran, sin incertidumbre alguna, que la declaración que pidió Cadena a Monsalve contendría afirmaciones netamente verdaderas. Sin embargo, esto no está claro, hasta este momento existen dos hipótesis: o en las declaraciones que hizo Monsalve sobre Uribe faltó a la verdad y buscaba que lo reparara, o justo lo contrario, sin tal claridad no es posible revocar la decisión de primera instancia por el delito de soborno en el que este evento concierne”, dijo el magistrado.
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El magistrado Guzmán también se refirió a las supuestas presiones que el excongresista Álvaro Hernán Prada intentó hacer al testigo Monsalve, a través del convicto Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, de cuál, según la Fiscalía, no sabía el exsenador. El Tribunal no estuvo de acuerdo porque explicó que esto no se puede probar. “Existen varias posibilidades e hipótesis de lo que pudo ocurrir en este caso y de la persona a la que recayó la iniciativa. No es claro, quién o quienes decidieron ir por la retractación de Monsalve Pineda, la cual efectivamente beneficiaria al imputado (….) Entonces, tal como ocurrió en el evento número uno, no se tiene conocimiento cierto ni con el estándar exigido para establecer si la declaración que buscaba a Monsalve contenía falacias o la verdad”, dijo el magistrado.
Terminado el punto anterior, el magistrado Carlos Andrés Guzmán se pronunció sobre el tercer argumento con el que la Fiscalía buscó la preclusión: las gestiones que supuestamente hicieron personas cercanas a Uribe, como el exsenador Fabio Valencia Cossio y empresarios cercanos a él para asegurarse de que el narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra declarara en contra del senador Iván Cepeda en la Corte Suprema. En este punto el Tribunal no llegó a una conclusión diferente.
A la misma conclusión llegó el ente investigador sobre los supuestos ofrecimientos a la exfiscal condenada Hilda Niño; las cartas enviadas por los paramilitares Giovanny Cadavid (bloque Metro), Elmo Mármol (bloque Central) y Máximo Cuesta (Águilas Negras); el presunto soborno que entregó Diego Cadena para que alias Víctor, preso en la cárcel de Palmira (Valle), testificara que Cepeda le había ofrecido prebendas, y Harlintong Mosquera, quien también dijo que el expresidente sabía de supuestos ofrecimientos para declarar en contra de él. Ahora, el ente investigador tendrá que definir si lo llama a juicio o vuelve a pedir la preclusión.
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