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Guatemala y Colombia arrancaron 2023 inmersos en una crisis diplomática, que en el fondo esconde una serie de denuncias de acoso y persecución judicial del más alto calibre. El ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, se sumó esta semana al grupo de fiscales y jueces guatemaltecos que han tenido que salir exiliados de su país, huyendo de procesos judiciales sin pruebas o indicios, simplemente por haber tocado fibras que jamás se habían podido tocar. El Espectador habló con una exmagistrada y tres antiguos fiscales de alto rango, quienes denuncian cómo funciona la presunta persecución judicial que inició en la década pasada y que se habría fortalecido con la reelección de Consuelo Porras, en 2022, como fiscal general.
La Fiscalía guatemalteca acaba de solicitar la captura de la exfiscal general Thelma Aldana y aseguró que tomará “acciones legales” contra Velásquez. No solo vinculó al exmagistrado con el escándalo de Odebrecht en Guatemala, sino también señaló, empuñando su mano, que no “escatimará esfuerzos para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia”. Los funcionarios obligados al exilio, no obstante, ya tenían en sus manos casos como Odebrecht, en episodios tan corruptos como los de Colombia, y hasta la posible elección irregular de magistrados de altas cortes. Es decir, escándalos comparables con el cartel de la toga e incluso con un potencial nunca visto en Guatemala, como investigaciones contra el actual presidente Alejandro Giammattei y la exvicepresidenta Rossana Baldetti.
El “mundo al revés”
Juan Francisco Sandoval fue la cabeza de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala entre 2015 y 2021. Aseguró que su salida del cargo no tiene otro responsable más que el presidente Giammattei. “En el último tiempo, entre 2020 y 2021, obtuvimos información relacionada con posibles recepciones de sobornos por parte del presidente, provenientes de comisiones ilícitas de empresarios de la construcción”, afirmó en entrevista con este diario. Como Sandoval puso en conocimiento público su investigación, el presidente lo cuestionó públicamente. Solo un mes después Sandoval fue destituido, a pesar de que su despacho estaba a cargo de casos contra magistrados de altas cortes y multinacionales extractoras de minerales.
En 2021, Sandoval se exilió en Estados Unidos, pues empezó a ser objeto de una oleada de denuncias por fraude, obstaculización de la acción penal, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. A la fecha registra más de 100 denuncias en la Fiscalía, la misma que ha ordenado cuatro veces su captura y lo pide en extradición. “Para quienes nos encontramos en medio de la persecución ilegítima en Guatemala no es ninguna sorpresa lo de Velásquez. Es una escalada en las acciones que ha venido desarrollando el Estado en contra de quienes descubrimos los casos más graves de corrupción del país. Sin ninguna duda, estos hubieran permanecido ocultos si no hubiera estado funcionando un organismo como la Cicig”, agregó.
Uno de los casos por los que la Fiscalía persigue a Sandoval tiene que ver con la suscripción de acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Tal como pasó en Colombia, la multinacional logró apropiarse de millonarios contratos de infraestructura a través de sobornos. Durante las investigaciones, la Cicig lideró un acuerdo de colaboración con la multinacional, en la cual sus miembros delataran a quienes eran responsables de las maniobras corruptas. Aunque la Cicig logró que Odebrecht reparara daños con US$17 millones, esta semana el fiscal Curruchiche señaló al ministro Velásquez por tener “pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando”. En palabras de Sandoval, “el mundo al revés”.
La “cleptocracia” guatemalteca
La exmagistrada Claudia Escobar Mejía es una de las más prestigiosas juristas de Guatemala y, como nadie, conoce cómo funciona la corrupción en ese país. Denunció, incluso, a su propio Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a la independencia judicial. También es víctima de uno de los casos de impacto nacional rastreados por la Cicig y que terminaron con la condena a 30 años de prisión contra Pedro Muadi Menéndez, quien en 2014 era presidente del Congreso. Para entonces Mejía era magistrada de la Corte de Apelaciones y a su despacho había llegado nada más y nada menos que una solicitud de protección constitucional a favor de la exvicepresidenta Rossana Baldetti.
En esa época los magistrados se estaban jugando su continuidad, la cual debía ser avalada por el Congreso. “En ese contexto, entro a conocer el caso de Baldetti y el presidente del Congreso (Muadi Menéndez) encuentra la manera de abordarme a través de un colega mío de la universidad. Me condicionan para que mi elección esté sujeta a que yo falle a favor de la vicepresidenta. Cuando llega este caso a mis manos, yo pongo una denuncia en contra de él, por tratar de sobornarme para favorecer a la vicepresidenta. Esto ocasiona que se suspenda el proceso de elección de magistrados. Él me cuenta, de hecho, abiertamente cómo los están eligiendo”, le dijo a este diario.
Lea aquí: ¿Qué es inmunidad diplomática y cómo protege a Iván Velásquez frente a Guatemala?
Según Escobar Mejía, los magistrados que finalmente fueron elegidos serían todos afines al “crimen organizado” y serían fichas de impunidad a favor de “grandes grupos económicos”. La exmagistrada, asegura, fue denunciada con la apertura de un proceso por sedición en su contra y fue señalada públicamente por impulsar una especie de golpe de Estado al Poder Judicial. Tal fue la presión, que en 2015 se exilió en Estados Unidos, donde sigue residiendo. Aseguró que la Cicg se ofreció a conocer de su denuncia y que la protegió al enfocar sus esfuerzos contra el presidente del Congreso y la exvicepresidenta Baldetti. “Lo que está pasando en Guatemala es que es una cleptocracia. El poder político siempre mantuvo el control de las altas cortes”, concluyó.
Un sistema “burdo”
Luis Ómar Mejía era uno de los investigadores que tenía a cargo los expedientes contra la exvicepresidenta Baldetti, también solicitada desde 2017 en Estados Unidos por presunto narcotráfico. Como miembro del despacho Especial contra la Impunidad, Mejía llegó a asumir pesquisas contra diputados, congresistas, presidentes del Congreso, uno de los empresarios más poderosos de América Latina e incluso contra el actual presidente Giammattei. Se sintió en el panorama más hostil cuando el presidente, señalado por corrupción, nombró en el máximo cargo de la Fiscalía a Consuelo Porras. Es decir, su superior jerárquica y responsable de direccionar los esfuerzos de la entidad.
“Yo recibí varias denuncias por parte de las mismas personas a las cuales estaba investigando. He planteado recursos para cerrarlas y la Fiscalía se ha negado a hacerlo. Al evidenciar casos en los que funcionarios públicos con poder recibían beneficios, que salieron a la luz pública con documentos respaldados, empecé también a recibir ataques muy fuertes. Eran por medio de redes sociales, también ataques más directos como vehículos desconocidos que me seguían. Además, se parqueaban alrededor de mi casa. Fue un ambiente hostil. Esa fue una de las causas por las que salí de Guatemala en 2020. Era burda la manera de actuar del sistema. Existía una fiscal general designada por un presidente que había sido investigado por nosotros”, concluyó Mejía.|Denunciantes silenciados
Otro de los casos fortalecidos por la Cicig, durante la administración de Velásquez, fue la de la exmagistada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, quien fue enviada a prisión en 2017 y procesada por el delito de tráfico de influencias. La hipótesis en su contra es que presuntamente habría expedido resoluciones judiciales a cambio de dinero. El investigador Alfredo Enrique Tejeda, de la dirección de Derechos Humanos, tuvo que irse del país hace un par de años, justo cuando investigaba el asesinato, en 2017, de un sindicalista que pertenecía a la Defensa Pública de Guatemala. La víctima había puesto en conocimiento de las autoridades presuntas maniobras corruptas por parte de Stalling, un ministro de Gobernación y miembros de la Defensa Pública.
“Nosotros capturamos al ministro. Cuando llegó su abogado, quien es su sobrino, nos amenazan directamente. Nos dicen que estamos la Fiscalía, pero que en la calle es distinto. El sector judicial es una red muy grande de corrupción de cuello blanco. Estamos hablando de magistrados y ministros. Todo esto lo denuncié. Pero luego de mi salida al exilio, los casos siguen ahí. Ahora la justicia de mi país está investigando a quienes estamos en contra de la corrupción”, concluyó. Y pide avances en el caso del periodista Álvaro Aceituno, quien fue baleado en 2016, días después de denunciar por narcotráfico al exalcalde de Coatepeque, al occidente de Guatemala. Aunque la nieta de Aceituno reconoció al asesino, quien fue capturado, una jueza lo dejó en libertad. Asegura que un gran cartel de narcotráfico mantiene el expediente bajo impunidad.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, por su parte, ha explicado que todavía no recibe ningún tipo de requerimiento por parte de las autoridades guatemaltecas. “Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia”, explicó. Human Rights Wacht se pronunció, a través del director para las Américas, Juan Pappier, mencionando que el estado de derecho en Guatemala está “destruido” y que el presidente Gustavo Petro debe proponer sanciones ante los países de la región. Ninguna de las fuentes consultadas es optimista a corto plazo y creen que, a diferencia de Venezuela y Nicaragua, las autoridades de su país han camuflado muy bien la corrupción que los mantiene con el poder en las manos.
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