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El castillo Marroquín ha sido un edificio de residencias, también un cabaret, casino, hospital siquiátrico, centro de eventos, escenario de historias de terror, la casa de un narco y ahora, por decisión presidencial, podría convertirse en una sede educativa para resolver un problema de hacinamiento crítico que enfrentan unos 8.000 estudiantes y 800 docentes de la Universidad Pedagógica Nacional. El presidente Gustavo Petro anunció que el palacio que construyó la familia del octavo jefe de Estado de la República de Colombia, José Manuel Marroquín (1900-1904), será entregado a la institución educativa que lleva años tratando de agrandar su sede en Bogotá, sin ningún éxito, y que, según el rector encargado, Adolfo León Atehortúa Cruz, solo tienen tres metros cuadrados por estudiante.
El director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Carlos Rojas Medellín, confirmó la decisión y, con la noticia, suspendió cualquier proceso de compra del inmueble, cuya historia no solo está relacionada con los usos que ha tenido, sino hasta con la propia mafia colombiana. El castillo, ubicado en la autopista norte de Bogotá, justo a la salida de la ciudad, a la altura de Chía (Cundinamarca), fue construido en 1898 por planos del arquitecto francés, Gastón Lelarge, el mismo detrás de los diseños del Palacio de Liévano y hasta el Capitolio nacional. Según su historia, quien ordenó construirlo fue Lorenzo Marroquín Osorio, hijo del expresidente, y en su propia sala se terminó de negociar la venta de Panamá a Estados Unidos.
Con el fallecimiento de Lorenzo Marroquín en 1918, nadie reclamó la tenencia del edificio de dos pisos y cuatro torres, cada una con cuatro niveles. Su estilo medieval francés llamó la atención de empresarios que trataron de convertir al castillo en un apetecido lugar de comercio, pero su precio terminó espantando a sus posibles compradores. Hasta que entró en el escenario el dinero de la mafia en los años 80. Aunque no es claro cuánto costó el edificio, expedientes judiciales señalan que terminó en manos de Juan Camilo Zapata Vásquez, conocido en el mundo del narcotráfico como uno de los relacionistas públicos del cartel de Medellín, y socio de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano.
Aunque nunca fue condenado, pues murió el 26 de noviembre de 1993 en medio de un operativo policial, en 2022 la justicia logró probar sus andanzas ilegales y su estrecha cercanía con el negocio ilegal de drogas, cuyos billetes le permitieron adquirir el castillo Marroquín. Así quedo evidenciado en una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, que le quitó 58 bienes a la familia Zapata Vásquez, porque fueron comprados con una fortuna manchada de sangre. Uno de los principales testigos fue Jorge Darío Correa, quien administró los bienes del narcotraficante. En noviembre de 1989, Correa le contó a la justicia que presenció muchas reuniones entre el Mexicano y Zapata Vásquez en el famoso castillo, en donde se sellaron negocios de todo tipo.
Uno de los más famosos fue la compra del caballo Túpac Amaru y de la yegua Consigna, por los que el capo Rodríguez Gacha habría pagado en 1982 más de un millón de dólares de la época. a familia de Zapata Vásquez trató por todos los medios de quedarse con el castillo Marroquín y el resto de la fortuna. Sin embargo, lo que logró probar la justicia es que, en realidad, trataron de engañarla bajo el argumento que apuntaba a que, como Juan Camilo Zapata Vásquez nunca fue condenado, su patrimonio era legal. Del rastro de Zapata Vásquez había mucho más que sus encuentros con Gacha en el palacio medieval y el testimonio de uno de sus hombres de confianza.
El Tribunal de Bogotá encontró reportes policiales de la época y la información que en su momento publicó el periodista Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína, en donde mencionó a Zapata Vásquez como uno de los capos de la droga en Bogotá. El expediente también recoge artículos publicados por El Espectador en 1993, en los que se reseñó que las autoridades consideraban a este hombre como un pez gordo de la mafia y aliado y secuaz del Mexicano. Es más, se refiere que, tras la persecución al cartel de Medellín en esa época, Zapata se escondió en la finca La Florida de Copacabana (Antioquia), a donde llegó la Policía para detenerlo el 26 de noviembre de 1993, pero en el cruce de disparos perdió la vida.
El expediente que le quitó los bienes a la familia del narco señaló, además, que Zapata Vásquez optó por una estrategia similar a la de sus jefes para evitar dejar rastro: acabar con quien pudiera contar sus andanzas ilegales. El Tribunal recordó que varios empleados del castillo o exgerentes de sus empresas fueron asesinados y desaparecidos entre 1988 y 1989. Por ejemplo, Jaime Laverde, Alejandro Mejía, Carlos Cárdenas, Ernesto Vélez y Jorge Darío Correa. Ana Isabel Barrientos, otra de sus exempleadas, denunció que fue secuestrada por su patrón. En mayo de 1991 la justicia ordenó capturarlo por homicidio y secuestro, pues había evidencias concretas de que estaba silenciando a todo el que tuviera información suya.
Ese mismo mes fue ultimado Libardo Bustos, su conductor personal. Al tiempo que borraba toda prueba en su contra, al mejor estilo de Pablo Escobar y sus sicarios, Zapata Vásquez multiplicaba su fortuna. La Policía, sin embargo, recopiló durante años su trasegar criminal, sus negocios con los principales capos del cartel de Medellín, los bienes que adquirió para disimular su insólita fortuna y los testaferros que usó para posar como un hombre honorable. Todo esto fue condensado en el fallo del Tribunal de Bogotá que, además, reprochó cómo estos nuevos ricos de “baja estirpe”, en “oposición a la dignidad de la mayoría de ciudadanos”, tuercen y llenan de corrupción todo cuanto tocan, arrasando las vidas de quienes los encaran.
La historia que hoy le permite al presidente Petro entregarle el bien a la Universidad Pedagógica se resolvió solo en 2022, cuando la Corte Constitucional cerró la pelea de la familia Zapata por recuperar la fortuna. Con esa decisión, quedó en firme el fallo del Tribunal que confirmó que Zapata Vásquez fue ficha del narcotráfico y que en los pasillos del castillo Marroquín se firmaron negocios de la mafia. Ahora, el futuro del palacio se asoma diferente, pues podría ser la solución a un problema de hacinamiento de la universidad, y su sede principal en la calle 72, que, según cuentas del rector, incluyen que solo hay un centenar de baterías sanitarias para unas 8.800 personas; un comedor con capacidad para 320 comensales; redes eléctricas e hidráulicas obsoletas; y edificios sin accesibilidad para personas con movilidad reducida.
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