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Las autoridades municipales de Ocaña y Cúcuta (Norte de Santander) articularon esfuerzos, en compañía de la Procuraduría, para descongestionar los depósitos de cadáveres en el departamento. Según la gobernación de la región, desde el pasado jueves hay registro por más de 80 muertes por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
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Según la Procuraduría, durante este miércoles se avanzó en la descongestión de los depósitos de cadáveres, para que el Instituto de Medicina Legal logre la identificación y la practica ágil de las necropsias, de tal manera que se pueda realizar la devolución digna de los cuerpos a sus familiares.
“Así mismo, se realizaron las coordinaciones con la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se atienda de manera prioritaria a las madres lactantes que como resultado del desplazamiento no han registrado a sus hijos menores de edad y, las personas que manifiestan ser desplazadas, que, ante la ola de barbarie de los grupos criminales, extraviaron o no cuentan con documento de identificación”, explicó la Procuraduría.
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La Defensoría del Pueblo alertó en las últimas horas que al menos 32.000 personas han resultado desplazadas desde municipios como San Calixto, Hacarí, Teorama y El Tarra, con destino a Ocaña y Cúcuta. Las principales ciudades receptoras son Cúcuta, donde hay 15.086 personas; Ocaña, a donde han llegado 11.503 desplazados; y Tibú con un registro de 5.300 personas desplazadas.
Según los censos realizados por la Alcaldía de Cúcuta, de los desplazados en su jurisdicción, 12.107 personas han salido desde Tibú, 1.355 se desplazaron desde El Tarra, 522 desde Sardinata, 220 desde Ábrego y 154 desde San Calixto. “122 más que prefirieron no dar su lugar de origen y 227 docentes que también huyeron del fuego cruzado, para un total de 15.086 personas”, informaron a través de un comunicado.
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Ante ese panorama, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, revocó las suspensiones de las órdenes de captura de 31 miembros del ELN que habían sido reconocidos por el Gobierno Nacional como voceros en el proceso de paz. La decisión se tomó tras las evidencias de graves actos criminales perpetrados por este grupo armado en la región del Catatumbo, los cuales contradicen su supuesto compromiso con los diálogos de paz.
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