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La Defensoría del Pueblo dio un primer informe sobre la entrada en vigencia de la ley que pretende disminuir el hacinamiento en los centros carcelarios de Colombia. Para la institución, el nuevo código penitenciario que empezó a regir desde el pasado 20 de enero ha tenido resultados mínimos.
La reforma que establece una «suspensión condicional de ejecución de la pena para penas máximas de cuatro años», -excluyendo los delitos graves-, ha ocasionado la solicitud de miles de excarcelaciones. Así lo resaltó Jorge Armando Otálora, defensor del pueblo: “Se han interpuesto más 3.900 solicitudes de libertad y según se nos informa por parte del Inpec, al día de hoy no ha salido resulta ninguna».
Frente al tema, la Defensoría pedirá a la Sala Administrativa del Consejo «nombrar un número importante de jueces de ejecución para descongestionar esta avalancha de solicitudes». Esto será tratado en una reunión con Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia, el general Saúl Torres, director del Inpec y representantes del Consejo Superior de la Judicatura.
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