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Todo está dicho en la primera instancia del caso judicial más determinante por presunta financiación del empresariado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Juzgado Sexto Penal de Antioquia finalizó las audiencias públicas de juzgamiento en contra de 10 exdirectivos bananeros de la región del Urabá antioqueño, entre ellos cuatro extranjeros, relacionados con la multinacional estadounidense Chiquita Brands, una de las exportadoras de banano con mayor reconocimiento y presencia en el mundo. La jueza del caso ya conoció todas las pruebas, escuchó los alegatos de las partes, presenció el interrogatorio a los testigos —entre ellos expresidentes y funcionarios del más alto nivel del Estado—, revisó la documentación y de aquí en adelante solo le resta dar su veredicto.
¿Entregas de dinero consensuadas para fortalecer el proyecto paramilitar de los hermanos Castaño, o extorsión y presiones a un conglomerado mundialmente reconocido a cambio de evitar una masacre de funcionarios? Esa es, a grandes rasgos, la pregunta que deberá responder el juzgado. La Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que sufrió la embestida paramilitar en el Urabá, solicitaron la condena de los empresarios. Su hipótesis apunta a que la financiación, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya concluyó que alcanzó hasta los US $1,7 millones entre 1997 y 2004, fue voluntaria y a cambio de beneficios en seguridad y libertad operacional.
Los acusados se defienden señalando que, para entonces, era dar su vida o pagar las extorsiones. Por parte de Banadex están los exgerentes y representrantes legales, Charles Dennis Keiser y Álvaro Acevedo González; John Paul Olivo, excontralor; Víctor Julio Buitrago Sandoval, exjefe de seguridad; José Luis Valverde Ramírez, exgerente de producción; y Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exrepresentante legal. En cuanto a Banacol, la lista la encabezan Víctor Manuel Henriquez Velásquez, expresidente ejecutivo; Jorge Alberto Cadavid Marín, exvicepresidente financiero; y Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación. Y por parte de Chiquita Brands en Colombia, su excontralor, Fuad Alberto Giacoman Hasbun.
La Fiscalía los investiga desde 2007, cuando el Departamento de Justicia estadounidense sancionó con US$25 millones a Chiquita Brands, por financiar a las AUC. Se sabe que la multinacional pagó, a pesar de que en 2001 el gobierno norteamericano había definido a este grupo ilegal como una agrupación terrorista extranjera. En la acusación, por ejemplo, se establece que Keiser era vicepresidente global de producción de Chiquita y que llegó a Colombia en los años 90 como gerente de Banadex: la filial más rentable de la compañía en el país. Keiser está enjuiciado por autorizar al menos 32 pagos a terceros y a las cooperativas de seguridad Convivir, entre 1998 y 2000. Para la Fiscalía, así se consumó el delito de concierto para delinquir, por financiamiento a grupos armados.
Pagos probados, pero ¿con qué intención?
Fuentes al interior de la Fiscalía le confirmaron a este diario que la fiscal del caso basó sus alegatos finales en la acusación realizada en 2021. Por ejemplo, retomó el testimonio que entregó en 2008 Everth Veloza García, alias HH y excomandante del Bloque Bananero de las AUC, quien a la Fiscalía le explicó que empresarios y paramilitares necesitaban “implementar un sistema para el cobro de las ayudas del sector bananero. Ahí nacen las Convivir, creadas para poder recaudar ese dinero”. A su turno, hace casi década y media, el exjefe paramilitar Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito, agregó que “no solo el señor Keiser, sino muchos otros empresarios manifestaban la misma inquietud. Entonces planteamos, como alternativa, la conformación de las Convivir”, se lee en la acusación.
El pasado 6 de febrero, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín condenó a ocho años de prisión a al menos 28 exparamilitares del Bloque Bananero de las AUC, entre los que se encuentran alias Pedro Bonito, y otros líderes de la estructura de alta relevancia para la justicia, como Ovidio Pascual Núñez Cabrales, alias El Indio. Sus testimonios ante esa justicia especial, según conoció este diario, también fueron claves para que la fiscal del caso presentara sus alegatos en el expediente de Chiquita Brands. Fuentes cercanas al proceso indicaron que las declaraciones de los exparamilitares fueron claves para emitir el fallo condenatorio en Justicia y Paz y, por ende, un elemento válido y pertinente para los alegatos del ente investigador.
Con base en pruebas de la Fiscalía y los testimonios de alias HH y otros exparamilitares, el Tribunal Superior de Medellín determinó que miembros del Bloque Bananero arremetieron contra trabajadores de la fruta que demandaban “prerrogativas laborales y derecho a la tierra”. En el documento se consigna, además, una declaración de Pedro Bonito, en la que hace alusión a los pagos de los empresarios. “(El dinero) era para evitar los paros sindicales (…) en esa época los sindicatos estaban muy fuertes y había mucha huelga. Lo que hacíamos, y era el compromiso, era obligar a los trabajadores a ir a trabajar a las 343 plantaciones. El que desobedecía la orden y no iba a trabajar, ya sabía qué le pasaba”, relató el exjefe paramilitar.
La Fiscalía busca probar que Keiser, en 1997, asistió voluntariamente a una reunión en la finca Montecasino de los Castaño en Medellín (Antioquia), donde se fraguó la famosa cuota de tres centavos de dólar por caja de banano exportada, cobrada por las AUC a los bananeros. La asistencia voluntaria de Keiser a esa reunión se probaría en testimonios que indican que, frente al propio Carlos Castaño, tenía tal libertad de acción que se puso a contar historias de cuando participó en la guerra de Vietnam. La Fiscalía fortaleció su teoría exponiendo que Chiquita Brands dejó de hacerle pagos directos a los paramilitares justo después de la reunión de Montecasino, a partir de cuando los registros contables indican que el dinero entró a cooperativas Convivir como Papagayo o Lomapiedra.
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En la reciente sentencia contra los miembros del Bloque Bananero, el Tribunal Superior de Medellín recordó las palabras que Pedro Bonito le dijo a Keiser durante ese encuentro, cuando le explicó que las Autodefensas de Carlos Castaño era un movimiento que tenía como propósito desalojar del campo a la guerrilla, principalmente de la región del Urabá. Quien también habría asistido a ese encuentro fue Reinaldo Escobar de la Hoz, exrepresentante legal de Banadex, quien le dijo a la Fiscalía el 31 de agosto de 2018 que Hasbún “sabía perfectamente que las compañías bananeras, incluida Chiquita, pagaban extorsiones a la guerrilla y, para su tarea, él esperaba que por lo menos ese dinero que se entregaba a la guerrilla se le diera a las AUC, que tenían costos operacionales inmensos”.
Así mismo, Víctor Buitrago, exjefe de seguridad de Banadex, le dijo a la Fiscalía en 2012 que “la empresa, dentro del presupuesto de seguridad, tenía una línea denominada ‘pagos de seguridad’, que se distribuía entre pagos a las Convivir, pago de extorsiones a las autodefensas y a las autoridades civiles y militares, como apoyo de su función”. La Fiscalía encontró documentos que contienen los pormenores de los giros realizados a las Convivir por parte de Banadex. “Donación a grupo de reconocimiento ciudadano realizada a petición del Ejército”, registra una de las transacciones. También se evidenciaron movimientos para la Convivir Papagayo bajo el ítem de “Pagos de Servicio por Seguridad”. En total, entre 2001 y 2004, sostiene la Fiscalía, la multinacional pagó más de $1.600 millones a los paramilitares.
Alias HH le contó detalladamente a la justicia cómo se usó el dinero. Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, el 20 de octubre de 2013, señaló lo siguiente: “Me preguntaban en mis versiones, en mi declaración de los senadores americanos, que si con esos dineros habíamos matado sindicalistas, que si con esos dineros habíamos matado personas vinculadas a las empresas bananeras del Urabá Claro que sí, a nosotros no nos dieron el dinero y vaya mate a tal sindicalista, no. Pero ese dinero se utilizó para comprar armas, munición y pagar el sueldo de los muchachos, la bonificación que se les daba, para comprar comida, uniformes, material de intendencia. Entonces desde luego que ese dinero sirvió para matar gente en la zona de Urabá”.
El Tribunal de Medellín fijó posición en su reciente fallo y consideró que “Chiquita es responsable de las acciones violentas llevadas a cabo en el Urabá durante el tiempo que hizo pagos a las AUC u otras organizaciones bélicas (…) financiaron y apoyaron el ejército irregular paramilitar que ejecutó toda clase de hechos bajo sus intereses y logró percibir mucha cantidad de dinero, a tal punto que acudir a otras fuentes de financiación no les preocupaba a los comandantes paramilitares. Además, la compañía persistió con los desembolsos, aun con las advertencias de asesores jurídicos respecto a los problemas legales que enfrentarían e incluso con conocimiento de primera mano por parte de altos ejecutivos de la sede matriz en el estado de Ohio, quienes decidieron mantener los pagos”.
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La voz de las víctimas
La fundación Forjando Futuros, organización que representa a víctimas del conflicto armado en Urabá, asistió a las audiencias de alegatos de conclusión y entregó algunas consideraciones sobre el expediente. Su director, Gerardo Vega, señaló que la defensa de los empresarios se centró en decir que el delito de financiación a grupos paramilitares ya prescribió y que, como han reiterado en repetidas ocasiones, los pagos respondieron a extorsiones de las autodefensas. “Dicen también que no conocían la relación entre las Convivir y los paramilitares. Pero eso era un hecho notorio y de conocimiento público. Todo el mundo en Urabá sabía que las Convivir eran cooperativas de seguridad en el día y para militares de noche”, anotó.
Por su parte, el abogado Jahson Taborda, de la misma fundación, precisó que este tipo de diligencias deberían ser de carácter público y de pleno conocimiento de la ciudadanía, teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes que se investigan por parte de uno de los más altos actores del conflicto. “Le hacemos un llamado respetuoso a la juez para que de manera célere emita sentencia de primera instancia con el rigor jurídico que amerita un caso de esta envergadura, y así evitar que éste prescriba el próximo 17 de septiembre del presente año, y así cumplir a las víctimas que durante décadas han reclamado verdad y justicia en Colombia, como ya se hizo en Estados Unidos, donde la multinacional bananera ha sido condenada en dos ocasiones”, concluyó el jurista.
Para la fundación liderada por Vega, el papel de los apoderados de las víctimas se centró, al igual que la exposición de la Fiscalía, en testimonios y pruebas que dejaron en evidencia los pagos que habrían realizado los empresarios y que estos no fueron para pagar extorsiones, sino absolutamente voluntarios. “Los apoderados sostienen que los empresarios tenían plena conciencia de a dónde iba destinado ese dinero”, apuntó la organización observadora. Contrario a los alegatos de la Procuraduría, dice Forjando Futuros, los empresarios sí estaban informados sobre las labores de las Convivir e, incluso, resaltaron que el encuentro en Montecasino no respondió una acción extorsiva, sino un acuerdo voluntario en la que se pactó la entrega de recursos.
La defensa de los empresarios
De los empresarios acusados, Jorge Cadavid, exvicepresidente financiero de Banacol, es el único que tiene una ligera ventaja que puede desbalancear la justicia a su favor. El procurador del caso, Andrés Armando Ramírez, le solicitó a la jueza que lo declare inocente, teniendo en cuenta “que los pagos que él autorizó a los Servicios Especiales de Seguridad de Urabá se hicieron efectivos en diciembre de 2004, con posterioridad a la desmovilización del Bloque Bananero”, como reportó Forjando Futuros. El penalista Jaime Lombana, defensor de Cadavid, no accedió a una entrevista con este diario. No obstante, medios de comunicación registraron que, en sus alegatos, dijo que la responsabilidad de los pagos recaía sobre Chiquita Brands y no, al menos en su caso, sobre la empresa Banacol.
Además, los equipos de defensa alegaron al unísono que los enjuiciados también son víctimas de la guerra y que se vieron obligados a pagar extorsiones. Aseguraron que lo hicieron para proteger su vida y las de sus familias, y porque los Castaño habrían amenazado con gestar crudas masacres de funcionarios de las bananeras si se negaban a entregar el dinero. Otros procesados insistieron en la idea de que los pagos realizados a través de las cooperativas Convivir fueron tan legales que quedaron registrados en el sistema financiero. De hecho, esa documentación le permitió a la justicia norteamericana sancionar a la casa matriz de Chiquita, en 2007. Y, además, que para la época de los hechos no había una relación clara entre las Convivir y el paramilitarismo.
No es la primera vez que los empresarios sostienen esta estrategia de defensa. Por ejemplo, Reinaldo de La Hoz, exrepresentante legal de Banadex, está acusado de acudir a la reunión de Montecasino y de gestionar pagos. Ante la Fiscalía explicó que las Convivir eran legales y que es muy fácil pedirle que hubiera denunciado, cuando ya pasaron 20 años y “desde la tranquilidad de un cargo público del nivel central del ente acusador”. Víctor Buitrago, jefe de seguridad para Banadex, reconoce que la plata se entregó, pero le pidió a la Fiscalía que diferencie entre financiar y estar bajo extorsión. Álvaro González, exgerente de Banadex, quien realizó 18 pagos por más de $1.400 millones, explicó que él avisó a sus superiores en Cincinnati, pero le dijeron que siguiera pagando para evitar tragedias.
El norteamericano Keiser alega que, así como se le pagó a las AUC, se le pagó al Ejército Popular de Liberación (EPL), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Que no tuvo de otra si quería proteger la vida de los trabajadores de Chiquita Brands, ante las reiteradas amenazas de muerte. Ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en 2024, en el proceso indemnizatorio que víctimas del Urabá le ganaron a Chiquita Brands, Keiser testificó que Castaño “era cordial, pero dejo claro que él y su gente ya habían matado a 387 personas (en 1997)”. Sobre por qué autorizó los pagos, respondió que el exjefe paramilitar “tenía la capacidad de destruir nuestras fincas, de matar a nuestra gente, de secuestrar y causar caos en la región”.
John Paul Olivo fue controller de Chiquita para Norteamérica y, entre 1996 y 2001, para Banadex. Según la acusación, Olivo necesariamente tuvo que estar involucrado en los pagos a las AUC, pues quién más sino él explicaba en Cincinnati lo que ocurría en Colombia con el manejo del dinero. La Fiscalía considera que fue parte importante del engranaje, aunque en su indagatoria Olivo se escudó respondiendo que su única función era relacionar la contabilidad de la compañía, y que nunca autorizó o realizó pago alguno. Keiser, en su testimonio en Florida, confesó que “John no estuvo involucrado en absoluto en ninguna negociación con estos grupos” y que el sistema de pagos ya estaba montado con la participación de otro contralor, que era colombiano, y de nombre Verninio Bonnet.
Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado Sexto Penal de Antioquia entrará a hacer una exhaustiva valoración y deberá entregar sentencia antes de septiembre próximo, fecha para la cual está prevista la prescripción del caso. Hay testimonios del calibre de los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, del exdirector del DAS, Felipe Muñoz, y del exgobernador de Antioquia, Eugenio Prieto. Voces que no han sido conocidas por Colombia, ante la férrea intención de la jueza por mantener el juicio lejos de los medios. Aun así, el resultado de su trabajo será noticia nacional e internacional, porque su sentencia determinará cuál fue la intención del empresariado bananero con los criminales que sumieron al Urabá en sangre y desesperanza.
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