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Si a Colombia lo evaluaran por sus intentos de someter a la justicia a grupos armados criminales y a capos del narcotráfico, su calificación sería excelente. Desde tiempos inmemoriales, los gobiernos de turno han puesto sobre la mesa de debate diferentes estrategias para que hombres armados dejen las armas y los negocios ilícitos, a cambio de una serie de beneficios jurídicos. Lo hizo con Pablo Escobar, quizás el más famoso de todos los sometimientos, pero también con grupos paramilitares. Y ahora, el gobierno de Gustavo Petro quiere hacerlo con el Clan del Golfo y otros grupos de autodefensa, bajo la bandera de la “paz total”.
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El problema es que la primera medida para negociar el sometimiento salió mal y es clave entender sus consecuencias para leer los próximos pasos del gobierno frente a la posibilidad de llevar al Clan del Golfo a su fin. Vamos por partes. Como medida para empezar a negociar, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, le pidió a la Fiscalía que suspendiera las órdenes de captura en contra de los líderes del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Sin embargo, la entidad en cabeza de Francisco Barbosa le dijo que no, basando su decisión en la interpretación de una serie de sentencias y normas judiciales.
Para no enredar el asunto en temas constitucionales, la Fiscalía lo que explicó es que no puede suspender las capturas de criminales de la talla de “Chiquito Malo”, “Siopas” y “Gonzalito”, nada más y nada menos, que los temidos sucesores de “Otoniel”, que lograron paralizar medio país el año pasado, luego de la extradición de su líder. No puede dejar de perseguirlos por una razón básica: el Estado no puede negociar con criminales, terroristas y narcotraficantes, cuya lucha armada no es política. El caso contrario es el de las guerrillas de las Farc o el Eln. Ambas fueron reconocidas por el Estado como grupos armados con sentido político por tener la sedición, como pretexto para armarse.
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Por esa razón, el Estado ha buscado una negociación política con las guerrillas. En el caso de las Farc, esa intención terminó en un Acuerdo de Paz. Y en la segunda, el gobierno Petro apenas está arrancando en los diálogos. Para la Fiscalía, nada de eso puede pasar con grupos como el Clan del Golfo y las ACSN, pues lo único que puede hacer el Estado es someter a esos hombres a la justicia, eso sí, proponiéndoles una serie de beneficios jurídicos para que la dejación de sus armas y la entrada al sistema de justicia sea lo más atractivo posible. Por eso, le dijo al gobierno que no suspenderá las órdenes de captura para que puedan negociar el sometimiento.
Pero ahí nace el problema: ¿Cómo puede un gobierno buscar una solución no violenta con un grupo armado si negociar con sus líderes se vuelve complicado porque la justicia los busca por cielo, tierra y mar? La respuesta a la pregunta no es única, como tampoco lo es el debate sobre el sometimiento y las medidas que pueden tomar las entidades de un Estado para que se logre una salida no armada a un conflicto. Para entender los pormenores de la polémica, el abogado penalista, Marlon Díaz, explicó que el asunto tiene que ver con una interpretación mal hecha por parte de la Fiscalía: está confundiendo el estatus político de una organización con un delito político.
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En este caso explicó que, únicamente, el alto comisionado para la paz es a quien le corresponde establecer con cuáles grupos al margen de la ley se puede negociar y tener acercamientos al punto de otorgarle estatus político. Para Díaz, “la presunción de buena fe no se está aplicando” por lo que, a su juicio, lo que vendrá ahora es que el Gobierno le pedirá a los jueces que suspendan las órdenes de captura que la Fiscalía no quiso levantar. “No se requiere un nuevo proyecto de ley que busque la negociación con los grupos armados. Lo que se debe hacer es prevalecer la buena fe”, puntualizó Díaz en diálogo con este diario.
En contraste, para el penalista Francisco Bernate, Francisco Barbosa no se equivocó, principalmente, porque el Estado no puede negociar con ellos. “La Fiscalía se niega indicando que no se dan los reconocimientos políticos, ni tampoco de control territorial por parte de estas estructuras. Por eso, no resulta viable una negociación, sino un sometimiento”, explicó Bernate. El profesor de Derecho agregó un punto clave: en la nueva norma que le permite al gobierno adelantar estas negociaciones con grupos armados, no quedó claro quiénes pueden buscar una negociación política y cuáles un sometimiento. Para Bernate, esta diferencia debe quedar explícita para evitar, precisamente, lo que está pasando hoy.
Sobre este debate, el exfiscal Camilo Burbano coincide con Bernate en que hay un vacío en la norma del presidente Gustavo Petro para lograr su “paz total”. La decisión de la Fiscalía de Barbosa, agregó el penalista, es restrictiva, pero adecuada. “El problema no está en la postura del ente investigador, sino en que el marco jurídico que se creó para la “paz total” tiene muchas inconsistencias, vacíos y ambigüedades que dejan lugar a múltiples interpretaciones”. De acuerdo con Burbano, para la Fiscalía está claro que el Clan del Golfo no tiene estatus político, por lo que el camino es el sometimiento, no una negociación.
Desde que la Fiscalía no aceptó la petición del gobierno, voceros del Ejecutivo han insistido en que las órdenes de captura deben levantarse para que puedan entablar diálogos con los líderes de ambos grupos y que la ley les permite hacerlo. El ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, explicó que la ley les permite avanzar en diálogos exploratorios con grupos que no tienen estatus político, como estos dos grupos herederos del paramilitarismo. El alto funcionario agregó que el Gobierno adelanta un plan para poder dialogar con los otros actores armados “que nos permitan llevar estas estructuras a la desmovilización, el desarme y al sometimiento al Estado de derecho”.
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Por eso mismo, la decisión de la Fiscalía se convierte en una piedra en sus zapatos. Con las órdenes de captura vigentes, cualquier acercamiento con los líderes del Clan del Golfo o las ACSN se vuelve casi imposible. Prada agregó que respeta la decisión de la entidad de Barbosa, pero que está listo para explicarle, con documento en mano, por qué se equivoca en su decisión. Para muchos expertos, especialmente quienes han seguido procesos de sometimiento anteriores, señalan que en estos casos las negociación se deberían hacer con los abogados de los líderes de los grupos, pues se trata de un tema completamente judicial y no político, en el que las reglas las pone el Estado y en donde no hay mucho qué negociar.
El debate está abierto. La Policía ya anunció que, por orden presidencial, ya suspendió todas las operaciones contra los líderes del Clan del Golfo. Una decisión que contrasta con la de la Fiscalía de seguir persiguiendo a los capos. Está por verse si el Ejecutivo recurrirá a otra vía para levantar las órdenes de captura, como pedirle a un juez que lo haga, lo que acentuaría todavía más el choque de trenes entre el Gobierno Petro y la Fiscalía de Barbosa.
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