‘Chuzadas’ tocan Casa de Nariño

El escándalo por las ‘chuzadas’ del DAS ya empezó a engrosar los expedientes, no sólo de la Fiscalía, sino de los organismos de control. La Procuraduría General anunció la apertura de investigaciones disciplinarias contra cuatro altos funcionarios públicos, tres de ellos de la Casa de Nariño, y tres ex directivos del DAS. Así las cosas, el Ministerio Público tendrá que definir si sanciona o no al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas; al secretario de prensa de Palacio, César Mauricio Velásquez; al asesor presidencial Jorge Mario Eastman; a los ex directores del organismo de seguridad Jorge Noguera Cotes y Andrés Peñate; al ex subdirector de esta misma entidad José Miguel Narváez y al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Mario Aranguren.

El jefe de prensa del Presidente fue el primero que se manifestó sobre la decisión: “Hemos recibido con respeto pero con extrañeza los requerimientos del señor Procurador. Como siempre, estamos prestos, listos para ir allí. Creemos en las instituciones colombianas”, expresó César Mauricio Velásquez. Los siete cobijados con la determinación del Ministerio Público serán escuchados en versión libre en las próximas semanas y el organismo de control espera que los siete investigados expliquen si tuvieron relación o no con las interceptaciones ilegales que, desde 2006, con equipos del DAS, se hicieron a personalidades como magistrados, periodistas, parlamentarios, miembros de la Fuerza Pública y hasta integrantes del gabinete presidencial.

Ya el pasado 22 de abril la Procuraduría le había abierto investigación a Hurtado, a Polo, al jefe de contrainteligencia del DAS, Carlos Julio Álvarez, y a otros trece funcionarios de la policía secreta. Sin embargo, hasta esta semana el escándalo no había alcanzado a tocar a ningún asesor del presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero a raíz de la declaración del ex jefe de contrainteligencia del DAS ante la Fiscalía, Jorge Alberto Lagos, el panorama cambió. Saltaron a la palestra nombres como Bernardo Moreno y José Obdulio Gaviria, quien se desvinculó del Gobierno hace un par de meses. Paradójicamente, en el proceso recién abierto por el Ministerio Público, éste último no fue mencionado.

El anuncio del comienzo de este proceso llega en medio de fuertes pronunciamientos de las cortes al Ejecutivo. A pesar de que el lunes pasado el presidente Uribe se reunió con los magistrados de los altos tribunales, quienes ya le habían pedido sentar una posición clara frente al tema de las ‘chuzadas’, hace dos días, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema volvieron a manifestar públicamente su inconformidad con el manejo que el Gobierno ha dado a estos controvertidos hechos. La Corte, incluso, advirtió que las nuevas denuncias “modifican notoriamente los lineamientos fijados en la reciente reunión que los representantes de las altas cortes sostuvieron en la Casa de Nariño”. Una vez más, ambas corporaciones le solicitaron a la administración Uribe un pronunciamiento.

Este ambiente de animadversión, de confusión y de incertidumbre, en el que representantes de diversos sectores exigen celeridad y transparencia en el desarrollo de las investigaciones que adelantan la Fiscalía y los organismos de control, contrasta con el mutismo del Jefe de Estado. Si bien Uribe Vélez ha mostrado interés en saber los resultados de las pesquisas, ni los magistrados, ni la oposición, ni los demás afectados por las interceptaciones ilegales han conocido todavía la perspectiva que el Mandatario tiene de todo este asunto. Por el momento, al parecer, serán los organismos investigativos los que sigan marcando el compás de este espinoso tema, que mantiene en vilo a la opinión pública.