Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Las horas para conocer el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe se están agotando. El próximo miércoles, un juzgado de conocimiento revelará si el proceso penal en contra del exmandatario sigue su curso con un juicio o, por el contrario, archiva el expediente. El líder del Centro Democrático está ante los estrados judiciales desde 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación en su contra. Al parecer, a través de terceros, el político tuvo la intención de manipular testimonios para salir bien librado de señalamientos que hacían en su contra sobre nexos y promoción de grupos paramilitares.
(Lea también: En el caso Uribe, las cartas ya están jugadas)
¿De qué acusan al expresidente Álvaro Uribe?
El exmandatario es señalado de intentar manipular testigos a través de terceros. Según lo que reposa en la investigación de la Corte, el exjefe de Estado quiso, a través de terceros, cambiar la versión de testigos. Entre ellos, Juan Guillermo Monsalve, quien ha testificado sobre la presunta promoción de Uribe de grupos paramilitares, específicamente, del bloque Metro en Antioquia. Lo que trascendió es que el abogado Diego Cadena -hoy en día en juicio por los hechos- visitó a Monsalve para pedirle que firmara una carta en la que se retractaba, a cambio de ayudarle con una revisión judicial a su expediente.
El abogado Cadena, en más de una ocasión, ha dicho que la iniciativa de ofrecerle ayuda al testigo fue propia, y que nunca fue un pedido del expresidente. Ahora bien, el proceso de Monsalve no pasó por la famosa revisión que le prometió el penalista. No obstante, las investigaciones de la Corte, en donde reposan desde pruebas testimoniales hasta interceptaciones telefónicas, dan cuenta de una conversación entre Uribe y Cadena en la que este último deja claro que fue él quien redactó la carta y Monsalve quien plasmó su firma.
(Le puede interesar: Procuraduría coincide con Fiscalía en preclusión del caso contra Álvaro Uribe)
Entre otras cosas, el exdefensor de Uribe también gestionó reuniones con el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y según su dicho, el penalista le ofreció y le dio dinero para que testificara a favor del exmandatario. Cadena ha contestado estas acusaciones argumentando que las entregas de dinero fueron ayudas humanitarias y lo que se le había ofrecido fueron $200 millones, de los cuales, según el dicho del exparamilitar, alcanzó a recibir $50 millones. En esa ocasión, lo que buscaba era recabar información en contra del senador Iván Cepeda, quien ahora es víctima en el proceso judicial.
¿Cómo comenzó el caso contra Álvaro Uribe?
La puja empezó en febrero de 2018 cuando la Corte Suprema se inhibió de abrir una investigación en contra del senador Iván Cepeda. En ese entonces, el congresista del Polo fue denunciado por el expresidente por manipulación testigos. La investigación no prosperó. Por el contrario, cinco meses después, el alto tribunal llamó ante los estrados a Uribe por lo mismo . El 18 de julio de 2018, siendo congresista, el exmandatario fue llamado a indagatoria, por los delitos de fraude procesal y soborno. En la misma decisión, la Corte también llamó vinculó al proceso al hoy exrepresentante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada.
(Lea también: Caso Uribe: Corte Constitucional ratificó calidad de imputado del expresidente)
En 2019, el caso llegó al despacho del magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, quien, además de presidir, en octubre de ese año la indagatoria del exsenador, recopiló varios testimonios que terminaron en la apertura formal de la investigación. Casi un año después, Reyes ordenó la detención preventiva de Uribe en su vivienda: en El Ubérrimo, la finca del exmandatario ubicada en Córdoba. Con una decisión histórica en su contra, y con una reseña ante el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), en agosto de 2020, Uribe renunció a su curul en el Congreso, a su juicio, por falta de garantías e imparcialidad en el expediente.
¿Por qué el caso Uribe pasó a la Fiscalía?
En septiembre de 2020, luego de la renuncia de Uribe al Senado, el magistrado César Reyes remitió el caso de más de 1.500 páginas a la Fiscalía, y así, la Corte Suprema se desentendió. A juicio de la Corte, los delitos por los que es investigado Uribe no tenían relación con su función de senador y, tras su renuncia al Congreso, perdía el fuero especial. Es decir, debía ser investigado por la Fiscalía y juzgado por un juez de conocimiento.
(Lea también: Conclusiones de Fiscalía en el caso Uribe “fueron acomodadas”: víctimas)
La defensa del expresidente solicitó su libertad y la solicitud le fue concedida. Las víctimas del caso apelaron y, en noviembre del mismo año, un juez penal de Bogotá concluyó que, aunque Uribe sí debía permanecer en libertad, conservaría la calidad de imputado. En otras palabras, su proceso no debía comenzar de ceros ahora que estaba en manos del fiscal Gabriel Jaimes, sino que el funcionario debía decidir si pedía preclusión (archivo) o lo llamaba a juicio.
¿Por qué la decisión estaba en manos de una jueza?
Luego de tres meses de investigaciones, la Fiscalía anunció su decisión: según las pruebas y testimonios recopilados, el expresidente Uribe no había cometido ninguno de los delitos por los que era investigado por la Corte. Una posición transversalmente diferente a la que defendió, casi por dos años, el alto tribunal. En audiencias que se dieron entre julio de 2021 y febrero de 2022, Jaimes y las demás partes del proceso defendieron sus tesis ante la jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá, que fue asignada al caso por reparto.
Las intervenciones de Jaimes comenzaron en julio de 2021 y tardaron una semana entera. El proceso luego tuvo intervenciones extensas de las víctimas: el senador Iván Cepeda, al exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en contra de Uribe. Todos, incluido el fiscal y la defensa de Uribe, presentaron intervención frente al juzgado que decidirá este miércoles 27 de abril la suerte del exsenador.
(Le puede interesar: La tras escena en la Corte Constitucional en caso Uribe)
¿Álvaro Uribe irá a juicio?
La jueza 28 debe definir si el proceso contra Álvaro Uribe se archiva, como pidió la Fiscalía, o si debe seguir su curso. Si se decanta por la segunda opción, el siguiente paso es inminente: el fiscal Gabriel Jaimes debería llamar a juicio al expresidente. Cualquiera que sea la decisión, las partes del caso podrían apelar y, en ese caso, el lío lo definiría la Sala Penal del Tribunal de Bogotá.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más