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A interrogatorio fue citado el ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por el escándalo de la contratación distrital.
A través de la diligencia se busca que el ex mandatario local ofrezca detalles de la manera cómo se fue dando el proceso previo a la licitación de la Fase Tres de Transmilenio.
El ente acusador ya tuvo a su haber los descargos del actual alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, que también enfrenta un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por el supuesto detrimento patrimonial que se dio tras la ejecución de la obra.
Algunos de los contratistas, como los representantes del Grupo Nule, han precisado que la Alcaldía y algunos contratistas ofrecían las concesiones a cambio de asegurarse una participación del 6% en el valor de los convenios.
Sin embargo, el titular de la administración distrital ha insistido en que no era él quien se encargaba de fijar esas condiciones y que lo que buscan los concesionarios es desligarse de su responsabilidad por el incumplimiento en la ejecución de las obras.
Además de Garzón, también habrían sido llamados a interrogatorio dentro de la misma investigación el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi; el abogado Álvaro Dávila y los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia. Sin embargo, estas personas le dijeron a El Espectador que no han sido notificados.
Garzón le dijo a este diario que no ha sido notificado aún, pero que asistirá para dar la cara, pues ese ha sido siempre su talante: “Yo no estoy evadiendo responsabilidades. Asumiré lo que me toque asumir, pero lo cierto es que los alcaldes, particularmente en Bogotá, no tienen potestad para guiar licitaciones ni para adjudicar”.
Por su parte, el contratista Julio Gómez afirmó que tampoco ha sido notificado por la Fiscalía, pero reveló que asistirá el próximo 28 de enero a la Corte Suprema a declarar por petición de ese alto tribunal.
Entre tanto, en la oficina de prensa del contralor Moralesrussi aseguraron que éste no ha sido llamado por la Fiscalía “ni por ningún otro ente de los que están investigando” el presunto carrusel de contratos. El Espectador intentó comunicarse con el abogado Álvaro Dávila, pero no fue posible.
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