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Dos años y siete meses sonando en la opinión pública. Cuatro delitos en el ojo de la justicia. Una imputación penal concretada y otra en la cuerda floja. Nueve audiencias aplazadas. Un pliego de cargos abierto en la Procuraduría. Dos fiscales con el expediente en sus manos. Y cuatro abogados al frente del caso, tres de los cuales renunciaron a mitad de camino.
Esos son algunos de los elementos que resumen lo que ha sucedido entre el 3 de marzo de 2023 y el 1 de octubre de 2025 en la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntamente haber desviado recursos de la campaña presidencial de su papá y contratos de la administración del Atlántico.
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La más reciente movida se registró en la mañana de este 1 de octubre, cuando la jueza sexta penal municipal de Barranquilla le dio luz verde a una solicitud de aplazamiento radicada por el abogado Alejandro Carranza, que representa a Petro Burgos —luego de que David Teleki, Juan Trujillo y Diego Henao renunciaran a defender al hijo del presidente—.
Con esa decisión, se postergó hasta después del 8 de noviembre de este año la imputación de dos nuevos delitos: interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Cargos que se sumarían al expediente que se abrió el 3 de marzo de 2023, cuando empezó la investigación por hechos relacionados con un presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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El origen de la investigación
El hijo mayor del presidente Gustavo Petro está en apuros ante la justicia luego de que su expareja, Daysuris Vásquez, le concediera una entrevista a la revista Semana en la que señaló que Nicolás Petro Burgos, quien fue diputado de la Asamblea del Atlántico entre enero de 2020 y agosto de 2023, habría recibido dineros de personas cuestionables, para financiar la campaña presidencial de su papá.
Puntualmente, se refirió a cuatro personas: Máximo Noriega, excandidato a la Gobernación del Atlántico; Alfonso “el Turco” Hilsaca, un megacontratista del departamento de Bolívar; Musa Besaile, exsenador condenado por el cartel de la toga; y Germán Londoño, nombrado en diciembre de 2024 en un alto cargo de la intervenida empresa Air-e.
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Las pistas que siguen las autoridades tras esa declaración indican que Petro Burgos habría desviado a sus bolsillos ese dinero, que iba para la campaña presidencial del 2022. Movidas como la compra de una lujosa casa en Villa Campestre (Puerto Colombia, Atlántico), que según la Procuraduría, estaría avaluada en COP 1.600 millones, levantaron aún más dudas.
Para 2022, cuando se habría hecho la compra del inmueble, los ingresos anuales reportados por Petro Burgos eran de solo COP 220 millones, provenientes de su salario como diputado. El 20 de noviembre de 2023, el hijo presidente Petro fue acusado formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos a los que en un mes y medio podrían sumarse dos nuevos cargos.
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Una imputación inconclusa
A la imputación por el presunto desvío de dineros por parte de Nicolás Petro Burgos y el incremento irregular de su patrimonio en COP 1.053 millones, en las últimas semanas se sumó el anuncio de una nueva imputación, que por ahora está en veremos. La fiscal Lucy Laborde, quien desde hace un año tiene en sus manos la investigación —tras la salida del fiscal Mario Burgos—, radicó el pasado 6 de septiembre una solicitud de imputación de nuevos cargos en contra de Petro Burgos.
Ahora se sumarían a la investigación los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con la presunta asignación de contratos amañados a la Fundación Conciencia Social.
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Según lo que se ha conocido hasta ahora, Petro Burgos y su expareja, Daysuris Vásquez, habrían “utilizado” esa organización en 2022 para desviar millonarios contratos de la Gobernación del Atlántico para atención psicosocial de adultos mayores. Al parecer, el dinero habría ido a parar en cheques cobrados por terceros y dinero en efectivo entregado a Petro Burgos y a Vásquez.
La imputación estaba citada para el 1 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en el juzgado sexto penal de Barranquilla. Pero el abogado Alejandro Carranza pidió que se aplazara, basado en “la agenda previamente copada de la defensa” y el desconocimiento de los detalles de la nueva imputación. La solicitud fue avalada y la imputación quedó pendiente hasta noviembre.
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Rifirrafe en la Fiscalía
El anuncio de la imputación de nuevos cargos a Nicolás Petro Burgos, no solo puso a su defensa a radicar recursos para intentar ponerle freno, sino que fue objeto de discusiones al interior de la Fiscalía. Tras ese anuncio, fue asignada la investigadora María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo para la investigación.
La decisión incomodó a la fiscal Lucy Laborde, quien el pasado 22 de septiembre le envió una dura carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que señaló que ese tipo de movidas “afectan el equilibrio institucional y pueden menoscabar la autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución y la jurisprudencia”.
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La misiva fue contestada desde el despacho de Camargo, quien negó cualquier tipo de injerencia o presiones indebidas en la investigación. Argumentó que la decisión de designar a una investigadora extra no tenía una intención distinta a la de acompañar, orientar y asesorar el proceso.
“No tuvo por finalidad socavar su autonomía e independencia, sino solo poner a su disposición mayores herramientas para la realización de sus deberes, como se ha hecho en otras oportunidades, sin que ello haya suscitado reparo alguno de su parte”, se lee en la respuesta de Camargo. La carta llegó acompañada de una orden de tumbar el nombramiento de Ramírez Meléndez. Mientras tanto, la Procuraduría avanzaba en otro proceso contra Petro Burgos.
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Bajo la lupa de la Procuraduría
Una semana después del choque de trenes al interior del búnker de la Fiscalía, la Procuraduría reactivó la conversación pública sobre el caso del hijo del presidente. En la tarde del pasado 29 de septiembre, el Ministerio Público dio a conocer un auto de 56 páginas con el que anunció la apertura oficial de un pliego de cargos disciplinarios en contra de Nicolás Petro Burgos.
¿La razón? En 2022 habría incurrido en un presunto incremento injustificado de su patrimonio personal, justo cuando ejercía como diputado de la Asamblea del Atlántico y, al parecer, como fruto del desvío de recursos para la campaña presidencial de Gustavo Petro, que también investiga la Fiscalía.
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“Habría generado un aumento patrimonial no explicado, a favor propio y de la señora Daysuris del Carmen Vásquez Castro, durante 2022; al parecer, sus ingresos netos por la actividad económica como diputado habrían sido inferiores a los gastos realizados en ese período”, señaló la Procuraduría.
Según las pesquisas de Javier Bolaño, procurador regional de instrucción del Atlántico, Petro Burgos y Vásquez habrían aumentado su patrimonio irregularmente en COP 1.189 millones y se habrían gastado COP 1.409 millones en lujos y compras personales. El dinero, al parecer, lo habrían recibido de Samuel Santander Lopesierra, “el Hombre Marlboro”, y de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca.
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Un caso sin puntos suspensivos
En medio de todo el ruido que durante las últimas semanas ha rodeado el caso Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente jugó recientemente una última carta en el proceso. En la tarde del 30 de septiembre, el abogado Alejandro Carranza, en nombre de su cliente, le envió una carta a la fiscal Camargo pidiendo que se reconsidere la permanencia de Lucy Laborde como fiscal encargada del caso.
Se refirió directamente a la misiva de la investigadora, enviada el 22 de septiembre: “Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”, dijo el abogado de Petro Burgos.
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La carta no ha tenido respuesta desde el despacho de la fiscal Camargo y, mientras tanto, el proceso seguirá adelante. La Procuraduría llevará a juicio disciplinario al hijo del presidente, por tener una riqueza mayor a la que podría justificar con su sueldo como funcionario público.
La Fiscalía avanza en las audiencias preparatorias al juicio, que empezaron en enero de este año y se han centrado en más de dos millones de pruebas sobre la presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sobre la segunda imputación, que quedó en pausa tras la decisión de este miércoles, se espera la confirmación de una nueva fecha para la audiencia. En todo caso, por ahora el nudo del expediente está lejos de ser desatado.
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Por Gustavo Montes Arias
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