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Un nuevo escándalo de “chuzadas”, supuestamente orquestadas desde los comandos de Inteligencia del Ejército, volvieron a poner sobre la mesa las facultades de las instituciones en Colombia para interceptar las comunicaciones de los ciudadanos. Según la norma, solo la Fiscalía puede solicitarle a un juez este procedimiento cuando esté recabando pruebas contra una persona en un proceso penal.
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Esta información la pueden solicitar entidades con funciones de policía judicial (Procuraduría, Contraloría, Inpec, entre otros), y es diferente a la que recaban las unidades de inteligencia y contrainteligencia en labores de monitoreo del espectro electromagnético. Sin embargo, como este, han sido varios los escándalos por interceptaciones ilícitas de las comunicaciones en las que las víctimas van desde organizaciones sociales, periodistas y jueces hasta el propio Gobierno.
El Gaula de Medellín interceptó con órdenes judiciales falsas
Entre 1996 y 2001, cuando el general (r) Mauricio Santoyo estaba al frente del Gaula de la Policía de Medellín, esta unidad de la Fuerza Pública interceptó más de 1.800 líneas telefónicas con órdenes judiciales falsificadas. Entre las víctimas de estas “chuzadas” estaba la organización Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), a la cual pertenecían Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, quienes fueron retenidos por hombres armados el 6 de octubre del 2000 en Medellín, fecha desde la cual se desconoce su paradero.
La Procuraduría destituyó en 2003 a Santoyo tras demostrar que le presentó documentos falsos a la empresa EPM para interceptar estas líneas. El general (r) apeló la decisión del Ministerio Público y el Consejo de Estado reversó la suspensión en 2006. Sin embargo, en mayo del año pasado, el mismo alto tribunal reversó su decisión y confirmó la sanción disciplinaria impuesta al alto oficial, que llegó a ser jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. Tras pagar cerca de siete años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, Santoyo regresó a Colombia el año pasado y fue recapturado por su presunta responsabilidad tanto en la desaparición forzada de Monsalve y Quintero, como en el encubrimiento del crimen del periodista Jaime Garzón.
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Las “chuzadas” del DAS
El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia que le reportaba directamente al Gobierno, protagonizó múltiples escándalos por corrupción, vínculos con grupos paramilitares, entre otros. Quizás uno de los capítulos más recordados fueron las “chuzadas”. Estas tuvieron dos partes, primero, a través del G-3, grupo que operó entre 2003 y 2005 al interior de la agencia, con patrocinio de sus condenados directivos Jorge Noguera y José Miguel Narváez, para rastrear a particulares, opositores u organizaciones de derechos humanos. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la periodista Claudia Julieta Duque fueron algunas de las víctimas de este accionar ilegal.
La segunda fase de las “chuzadas” vino cuando, también en la era Uribe, María del Pilar Hurtado estuvo al frente del DAS. Desde esa entidad, según se comprobó en la sentencia que condenó a la exfuncionaria en 2015, se desplegó una acción ilegal para rastrear a opositores del Gobierno, como Piedad Córdoba y Gustavo Petro, periodistas como Daniel Coronell y a varios magistrados de la Corte Suprema, como quien coordinaba las investigaciones por parapolítica, Iván Velásquez. La detective Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari, logró incluso instalar micrófonos ocultos en la Sala Plena del alto tribunal de justicia.
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El cuarto de “chuzadas” de la Procuraduría
Cuando el exprocurador Alejandro Órdoñez llegó a al más alto cargo en el Ministerio Público en 2009 una de sus primeras actuaciones fue clausurar la sala de interceptaciones que operaba en la entidad. La mera existencia de esta al interior de la Procuraduría causó controversia pues se cuestionaba si el ente estaba autorizado para interceptar llamadas y, según se demostró más adelante, desde allí se “chuzaron” las comunicaciones de sus propios funcionarios. Solo durante la administración de Edgardo Maya, procurador entre 2001 y 2009, por lo menos 14 miembros de la entidad fueron interceptados.
El debate en este caso radicaba en si la Procuraduría tenía o no facultades para acceder a las comunicaciones de las personas que vigilaba. La discusión llegó hasta la Corte Constitucional en 2017, por una tutela de Miguel Ángel Durán Gelvis, condenado con base en evidencias recabadas con esas interceptaciones. Finalmente, en junio de ese año, la Corte decidió que, para el momento en que se realizaron, las interceptaciones fueron legales. Sin embargo, la propia Procuraduría, bajo el mando de Ordoñez, inició pesquisas internas que llevaron, por ejemplo, a la destitución de la directora de Investigaciones Especiales Luz Dary Henao Acosta por interceptar a funcionarios del ente de control sin órdenes judiciales.
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Las supuestas “chuzadas” a los críticos de la contralora Morelli
En 2013 estalló un nuevo escándalo de interceptaciones ilegales, cuando se conoció que mientras Sandra Morelli estuvo al frente de la entidad, la Contraloría General interceptó las comunicaciones de los columnistas de este diario Cecilia Orozco y Ramiro Bejarano. La propia Morelli le pidió a la Fiscalía investigar estas interceptaciones, pero también recusó a quien llevaba la investigación: el vicefiscal general Jorge Perdomo.
Dos años después, en 2015, el ente investigador capturó a dos funcionarias de la Contraloría y les imputó cargos por este caso. Las servidoras habrían utilizado como excusa un proceso de responsabilidad fiscal del 2011 para interceptar personas naturales y jurídicas no sujetas de la acción del ente de control, lo que constituiría un ejercicio caprichoso de las atribuciones investigativas conferidas a la entidad. Morelli también fue indagada por estos hechos, pero en diciembre del año pasado la Fiscalía decidió archivar la investigación en su contra tras determinar que los equipos de este ente fiscal no eran aptos para “chuzar”.
Operación Andrómeda y el hacker Andrés Sepúlveda
Han pasado ya seis años desde que Semana reveló el operativo en un local comercial de Bogotá. Desde allí, al parecer, se interceptaron ilegalmente las comunicaciones de los negociadores del Gobierno Santos con las Farc. Entre ellos, por ejemplo, el alto comisionado de la época, Sergio Jaramillo, y el jefe negociador, Humberto de la Calle. Cuando la historia fue revelada, el entonces jefe de inteligencia del Ejército, general Ricardo Zúñiga, negó la existencia de esa central. A las pocas horas, fue relevado de su cargo.
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En todo este tiempo, el mayor avance de la justicia en este expediente ha sido la condena del principal hacker involucrado, Andrés Sepúlveda. Tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía, en abril de 2015 fue condenado a 10 años de prisión. Sepúlveda formó parte de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y, en ese mismo año, en mayo, fue capturado. Aunque ha colaborado con la Fiscalía y en sus declaraciones ha salpicado nombres del primer orden de la política, como Luis Alfonso Hoyos —exfuncionario del gobierno Uribe y exasesor de la campaña Zuluaga— y de David Zuluaga —hijo del excandidato presidencial por el Centro Democrático—, nadie más ha sido condenado.
Aunque quedaron muchas dudas sobre el capítulo Andrés Sepúlveda, trascendió que desde mediados de 2013 crecía el rumor de las chuzadas ilegales. Entonces súbitamente se desmanteló la Sala Gris, una central de inteligencia y contrainteligencia militar que estaba ubicada en la calle 100 con carrera 8ª en Bogotá. Luego se supo que la Fiscalía había ordenado trasladarla al búnker. De todo este enredo, con chuzadas ilegales a bordo, quedaron procesos penales contra el hacker Sepúlveda y su círculo, y los reclamos del uribismo de que todo había sido orquestado desde la Agencia Nacional de Inteligencia para ganar la reelección de Santos.
El negocio de Hacking Team con la Policía
En 2015, por una filtración de Wikileaks se conocieron varios documentos de la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la vigilancia electrónica, a través de un intermediario en Colombia llamado Robotec. En el expediente reposaban evidencias de que la dirección de la Policía, en cabeza entonces del general (r) Rodolfo Palomino, compró un software de la firma italiana capaz de interceptar computadores, llamadas por skype, emails, mensajes instantáneos y contraseñas de Skype, Whatsapp, Viber, Hangout o Telegram.
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En las comunicaciones entre altos directivos de la firma se entrevé, como reveló El Espectador, que Hacking Team mostraba gran interés en la Policía colombiana porque, decían, a la institución le habían aprobado un presupuesto de US$60 millones y “al menos 20 serán invertidos en tecnologías para mejorar capacidades y tecnologías cibernéticas (herramientas de hackeo)”. “No es un negocio pequeño”, decían. No obstante, el resultado final fue la venta de la licencia de un software para espiar, vigente entre 2013 y 2016, que costó US$336.000 (en 2013, menos de $600 millones) y una tasa anual de mantenimiento de US$35.000.
Las empresas de “chuzadas” aparentemente manejadas por uniformados
Una fiscal de Pasto que investigaba una denuncia interpuesta el 5 de mayo del 2017 por el robo de hidrocarburos en la vía Panamericana identificó al coronel (r) del Ejército Carlos Andrés Pérez como uno de los responsables. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía decidió averiguar por las personas que se comunicaban con el exoficial. De esta manera se estableció que existía un grupo de personas que, por medio de empresas fachada, vendían servicios de interceptación a teléfonos celulares, recuperación de mensajes de WhatsApp, ubicación de teléfonos en tiempo real y obtención de claves de correos electrónicos, entre otros servicios. Las interceptaciones llevaron a Marialicia Pinzón y, por medio de ella, a los exoficiales del Ejército Jorge Humberto Salinas y Luis Quiroga Cubillos. Los cuatro fueron después capturados.
La Fiscalía comenzó a indagar en los casos que manejaba la organización ilegal, uno de ellos relacionado con la empresa Avianca. El exoficial Quiroga fue quien aclaró la razón de este último caso: “Para saber qué estaban planeando después del paro realizado”. Es decir, para establecer, en tiempo real, lo que estaba pasando con el sindicato. Y la manera de hacerlo fue mediante los números celulares del presidente y el vicepresidente de ACDAC. Supuestamente, la persona que los contactó para este servicio fue un funcionario de la Fiscalía: el exjefe de la Sala Diamante —desde donde se interceptan comunicaciones en el ente investigador— Luis Carlos Gómez Góngora.
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Asimismo, fue capturado Laude José Fernández, exdirector de contrainteligencia del extinto DAS y cabeza de la firma Berkeley Research Group (BRG), la cual tenía negocios de seguridad privada con Avianca. A Fernández lo señalaron en su momento de ser quien determinó que se chuzara a los pilotos que organizaban el paro y las cosas, hasta ahí, parecían de ese tamaño. Sin embargo, por los mismos días en que fue condenado Gómez Góngora —hacia junio de 2019—, luego de que aceptara los delitos que le endilgaba la Fiscalía y empezara a colaborar con la justicia, fue capturado dentro del búnker de Bogotá el fiscal contra el crimen organizado Fabio Martínez Lugo, abriendo otro capítulo de “chuzadas”.
Las “chuzadas” desde la Fiscalía
El ente investigador hizo pública su hipótesis de la forma de operar de este esquema de interceptaciones ilegales, que se calcaría una y otra vez: con la excusa de investigar casos de homicidio, desaparición forzada, u otros crímenes, un fiscal logra una orden judicial para interceptar una línea telefónica, lleva esa orden al sistema esperanza de la Fiscalía y allí se accede a las comunicaciones. Fue esta la forma en la que, supuestamente, Martínez Lugo y Gómez Góngora “chuzaron” las líneas que Laude Fernández les decía, como las del presidente de Enel-Codensa Lucio Rubio, la del abogado Felipe Jaramillo, entre otras.
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En ese punto, parecía que se trataba de un caso de espionaje corporativo en el que Fernández recababa información de los contrincantes de sus clientes. No obstante, ese panorama cambió cuando Gómez Góngora y Martínez Lugo enviaron una solicitud para acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y ofrecieron entregar información sobre unas supuestas “chuzadas” ordenadas por el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez a protagonistas del proceso de paz como Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Álvaro Leyva.
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