Colombia enfrenta 1.600 demandas ante la CIDH

El efecto del caso Petro, el descredito y la morosidad de la justicia colombiana y los antecedentes sobre millonarias condenas al Estado, provocaron en el último año un súbito incremento del 37% en el volumen de asuntos tramitados contra Colombia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque muchas de las peticiones se relacionan con denegación de justicia o violaciones de derechos humanos insuficientemente investigadas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también han empezado a llegar demandas tan exóticas como problemas por concesión en licencias de construcción, incendios, choques de trenes en las altas cortes, divorcios y separación de bienes, negligencias médicas y hasta accidentes de tránsito.

El Espectador conoció un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el que se evidencia que la CIDH tiene en su poder 1.614 peticiones pendientes de estudio inicial, 360 expedientes en trámite, 281 admitidos y 75 con informes de fondo de la CIDH. En total el Estado ha sido condenado 14 veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “siendo el segundo país con mayor número de fallos de todo el hemisferio”, solo por debajo de Perú. Está claro que el Sistema Interamericano ha venido ganando prestigio y popularidad entre comunidades históricamente excluidas, pero al mismo tiempo, entre distintos sectores que han equiparado esta justicia subsidiaria a una cuarta instancia procesal.

“Las causas transmitidas al Estado colombiano en el periodo 2013-2014, por lo general se refieren a peticiones presentadas ante la Comisión en el lapso 2004-2009, y se refieren a hechos ocurridos entre 1990 y 2005. Esta demora en la transmisión de la petición hace compleja la recolección de información, piezas procesales y documentales requeridas para contestar la petición, dificulta la activación de mecanismos de concertación con las presuntas víctimas, entorpece la construcción de eventuales medidas de prevención o sanción y el cumplimiento de recomendaciones”, advierte el documento de la Agencia.

Así, por ejemplo, en el sonado caso del Miti-Miti, el exministro Saúlo Arboleda elevó una petición ante la CIDH, en noviembre de 2002, pero sólo hasta septiembre de 2013 se dio traslado de la misma al Estado colombiano. Los hechos datan de 1997. Igual podría decirse que ocurrió con el caso del general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán. Desde 2003 el uniformado le pidió a la CIDH intervenir y sólo 11 años después su caso apenas entró a estudio. A pesar de estos antecedentes y de otra larga lista de gente que todavía espera, lo ocurrido con las medidas cautelares en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, disparó los índices de peticiones ante el Sistema Interamericano.

“La vida media de una petición ante el Sistema puede oscilar entre 15 y 20 años y no asegura un pronunciamiento sustancial sobre el asunto”, recalca el informe. Al margen de estas consideraciones, está claro que muchas peticiones ante la CIDH se han generado por actos u omisiones de las tres ramas del Poder Público y, a modo de ejemplo, los asuntos relacionados con materias laborales ocupan casi un 8% del total de casos tramitados en estos tribunales. Sobre todo los que tienen que ver con regímenes pensionales, despidos injustos, derecho a la negociación colectiva y fuero sindical.

El desborde en el uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos parece constatarse en el cambio de las temáticas de los casos llevados ante el organismo internacional. Si antes se ventilaban masacres, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos, ahora se discute sobre incendios, accidentes de tránsito y casos de negligencia médica. Por ejemplo, uno de los casos ante la CIDH tiene que ver con un accidente de tránsito por el estado defectuoso de una vía. La justicia nacional ya declaró la responsabilidad administrativa del Estado por lo ocurrido y las víctimas ya fueron reparadas, pero el caso continúa su trámite en el exterior.

Así mismo cursa otro proceso por el incendio de una plaza de mercado. En el hecho nadie murió pero sí hubo múltiples pérdidas materiales. Nunca se aclaró la causa del siniestro pero el Estado fue demandado alegando presuntas violaciones al derecho a la vida y la libertad. Un tribunal administrativo falló a favor del Estado pero, igualmente, la CIDH continúa estudiando el expediente. De la misma forma, a la CIDH llegó un proceso contra el Estado por el supuesto incumplimiento de una poliza por parte de una aseguradora, en cuyo caso un paciente con una enfermedad catastrófica falleció. La verdad, se demostró que el paciente fue trasladado a un hospital en el extranjero para recibir el tratamiento médico apropiado y no hubo negligencia.

Aún más absurda resultó la petición en donde los demandantes le piden al Sistema Interamericano que fije la cuota alimentaria para unos adultos “en el marco de una declaración de nulidad del matrimonio católico”. El listado es largo, los litigios aún más largos y el desgaste del Estado infinito. El consenso sobre los yerros en la administración de justicia en Colombia, la morosidad, la excesiva tramitología, entre otro largo etcétera de ‘peros’, parece unánime. En ese sentido la CIDH se ha convertido en un tribunal al que muchos han acudido a fin de reivindicar sus derechos. Pero comienzan a verse los excesos.

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Condena por Palacio de Justicia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó que ya dictó sentencia en el caso de 13 desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985. Según los demandantes, durante la retoma del Palacio se produjeron torturas y ejecuciones que, después de casi 30 años, siguen en la impunidad. Aunque en principio el Estado se negó a admitir cualquier violación de los derechos humanos, desde que el caso fue asumido por la Agencia de Defensa del Estado y se nombró como agente a Julio Sampedro, Colombia reconoció su responsabilidad en varios hechos. No obstante, el fallo aún no ha sido notificado ni se conocen sus alcances. Se da por descontada una millonaria condena contra el Estado.

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@jdlaverde9