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La radiografía sobre los males que achacan hace décadas a Colombia no tiene muchos cambios. Asesinatos de líderes sociales. Atentados. Bombas. Secuestros. Mesas de paz estancadas. Crecimiento de grupos criminales. Solo por mencionar algunos. Pero si a eso se le suma que la respuesta del Estado sigue siendo mínima y no logra proteger a las víctimas ni frenar a los responsables de esa violencia, el pronóstico es aún más crítico. Así lo advierte la oenegé Human Rights Watch en su más reciente informe sobre seguridad, violencia y derechos humanos a nivel mundial. En el capítulo de Colombia, hizo especial énfasis en que en el país no solo persiste una guerra, sino que las instituciones tienen una deuda sin cumplir con las víctimas.
Esta organización, que mide la situación de derechos humanos en al menos 90 países del mundo, sostiene una idea que pareciera simple, pero que en la práctica es cada vez más difícil. “Las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no han logrado proteger de forma efectiva a la población, garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, ni realizar avances significativos en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales”, dice el informe. Mientras eso pasa, las cifras de violencia siguen aumentando: “En 2025, el secuestro creció en más del 190%, el confinamiento en 50%, el reclutamiento de menores en más del 270% y la tasa de homicidios subió en 1,4%”, explicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
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Muestra de esa cuestionada respuesta estatal, el informe expone que, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc de 2016, han sido asesinados al menos 1.500 líderes de derechos humanos. Solo entre enero y septiembre de 2025, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 157 denuncias de asesinatos de líderes en Colombia. Según el informe, de las 1.381 investigaciones de este tipo que la Fiscalía abrió entre enero de 2016 y diciembre de 2024, en 527 fueron imputados los presuntos responsables (38% de los casos) y solo en 227 casos (16,5%), hubo condenas por los crímenes cometidos contra defensores de derechos humanos. Los demás hechos han quedado en la impunidad.
En diálogo con El Espectador, Goebertus agregó que las instituciones claves en el trabajo de atacar a los grupos ilegales, como la Fiscalía General de la Nación, no tienen clara la hoja de ruta para hacer su trabajo de forma efectiva. Para la investigadora, hace falta “tener una política de persecución penal estratégica para desmantelar al crimen organizado, que no ha avanzado bajo este gobierno”. En su concepto, la desarticulación entre la política de seguridad, la política de paz total del presidente Gustavo Petro y el trabajo de las instituciones ha sido tierra fértil para que las organizaciones al margen de la ley amplíen su poder territorial y que grupos como el Clan del Golfo delincan al tiempo que adelantan negociaciones de paz con el gobierno.
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Sobre la posición del Ejecutivo frente a las mesas de paz, el informe de HRW señala que las decisiones en materia de negociación han producido coletazos adversos contra la seguridad y el orden público en el país. A manera de ejemplo, la oenegé expuso la resolución de diciembre de 2025 con la que la Presidencia creó tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para avanzar en los diálogos con el Clan del Golfo, ubicadas en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó). Una medida que, además, suspende las órdenes de captura a los miembros de esa organización, incluso a aquellos que hayan sido pedidos en extradición por otros países. Para Goebertus, ese tipo de medidas pueden facilitar su fortalecimiento armado.
Para sostener esa tesis, la experta hizo referencia a lo que sucedió en Catatumbo a comienzos de 2025, cuando los enfrentamientos entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (Eln) causaron el desplazamiento forzado de más de 64.000 personas. Esa crisis, en su concepto, fue el resultado de los ceses al fuego pactados entre el Gobierno y las disidencias, que en lugar de aprovechar la tregua para construir la paz, terminaron por ampliar su poder territorial en el nororiente del país y desataron una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas. Con ese antecedente claro, Goebertus tiene encendidas sus alarmas por lo que pueda pasar con las Zonas de Ubicación Temporal.
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“Con esa lección del Catatumbo, yo tengo inmensa preocupación por los riesgos que pueden generar las ZUT acordadas con el Clan del Golfo en un escenario que ha permitido que esa organización siga operando de manera ilegal en el territorio”, señaló. Sobre esa insuficiente respuesta del Estado a las víctimas y el papel de las instituciones ante la violencia, el informe de HRW también destacó escándalos de presunta corrupción dentro de las Fuerzas Militares. Uno de ellos, el de las posibles filtraciones de información clasificada a las disidencias de “Calarcá”, en las que estaría implicado el general (r) Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Ambos han dicho que nada tienen que ver.
Para Goebertus, este tipo de casos ponen en riesgo la seguridad del país: “Una parte fundamental de una estrategia de seguridad es poner en marcha medidas de contrainteligencia anticorrupción para sacar de la fuerza pública a aquellos actores que terminan coludidos por dinámicas de corrupción o alianzas ideológicas con actores criminales”. Uno de los puntos que sí destaca como positivo el informe es que en los últimos tres años han disminuido las denuncias sobre abusos por parte de la fuerza pública. Lo que aún es una tarea pendiente por parte del Estado, dice el documento, es “presentar reformas más amplias, incluidas aquellas orientadas a limitar la jurisdicción de la Justicia Penal Militar sobre las investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública”.
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Entre otros hallazgos, el informe destacó que durante 2025 el desplazamiento forzado aumentó en un 84% y que “la violencia ha resurgido de nuevas formas y los grupos armados han ampliado su presencia en diversas zonas del país”. Muestra de ello, por ejemplo, es que el año pasado más de 137.000 personas se vieron en la obligación de confinarse por cuenta de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y los combates con la fuerza pública en sitios como Cauca, Norte de Santander y Antioquia. A manera de conclusión, Goebertus expresó que, “De manera muy desafortunada, la lectura de las cifras y el trabajo de campo nos lleva a la triste conclusión de que la política de paz total y la política de seguridad del gobierno fracasaron”.
Muestra de ello son las cifras de reclutamientos forzados. Según el informe, en los últimos tres años se ha evidenciado una tendencia al alza en el número de menores de edad reclutados forzosamente, siendo el año 2024 el más crítico, con 625 casos reportados por la Defensoría del Pueblo y un incremento del 81% respecto al año 2023. Los datos de HRW se suman al ya polarizado escenario electoral al que se enfrenta el país en 2026, con las votaciones para Congreso y Presidencia. Unas elecciones amenazadas por un ambiente en el que, según el informe, hay “riesgos para los derechos civiles y políticos” y que ameritan medidas urgentes en al menos 224 municipios. Las alertas están en rojo.
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