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José Luis Caballero Ochoa fue elegido presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde febrero pasado, cuando el organismo internacional también definió su junta directiva. En abril de 2024, junto a una comitiva que también integró a Roberta Clarke, segunda vicepresidenta de la Comisión, visitó el país bajo la modalidad de in loco —mecanismo de inspección de derechos humanos— y se encontró con un difícil panorama en materia de inseguridad, violencia en territorio y un Estado que camina, poco a poco, hacia la paz. Un poco más de 365 días después, el comisionado volvió al país para reunirse con entidades del Estado, organizaciones y comunidades. También habló con El Espectador sobre los avances y debilidades que enfrenta Colombia en la protección de los derechos humanos, los procesos de paz, la JEP y mencionó como los recortes del gobierno de Donald Trump han afectado a la CIDH.
¿Cómo evalúa la CIDH la situación de derechos humanos en Colombia hoy, especialmente en zonas donde hay presencia de grupos armados?
Estamos valorando todo el esfuerzo que Colombia ha realizado en atención a los procesos de paz, que es una ruta que tiene la Comisión con el Estado y con la sociedad desde hace mucho. Pero seguimos viendo que hay zonas del territorio donde no hay control del Estado y eso nos parece algo muy complicado. El pasado 24 de enero emitimos un comunicado en el que hablamos sobre temas como el desplazamiento en esta región y aún se siguen presentando hechos de comunidades desplazadas y situaciones de vulnerabilidad de personas que defienden derechos humanos. Hemos recibido información de amenazas contra defensores del ambiente y también vemos el aumento en el reclutamiento forzado. La Comisión saluda los esfuerzos, pero sigue viendo situaciones de mucha complejidad.
En su última visita a Colombia, bajo la modalidad de in loco, la CIDH alertó sobre graves problemas de inseguridad en el Cauca, debido a los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las Farc. Ahora el conflicto ha aumentado su volumen, pues los enfrentamientos se han extendido entre varios grupos armados afectando a la población civil. ¿Desde la óptica de la Comisión la situación ha empeorado?
Ese tema lo vemos con mucha preocupación. No solo por estos temas de conflicto, sino porque a ello también se suma el crimen organizado, que es un factor que también altera la estabilidad del Estado, y ante eso la Comisión debe seguir alzando su voz. Estos temas también serán objeto de revisión para el informe que lanzaremos con las recomendaciones que hicimos al país, que estamos muy próximos a darlo a conocer. Ya hicimos unas observaciones preliminares luego de la visita in loco el año pasado. Allí hacemos recomendaciones muy serias en relación con la violencia ejercida por estos grupos, pero también ligadas con la posibilidad de paz que estamos advirtiendo.
En el paquete de recomendaciones que dejó la CIDH en su última visita también se habló de implementar la paz total, propuesta por el gobierno. ¿Considera que esa política se ha aplicado correctamente o qué vacíos se pueden identificar?
Es una política que está adoptando el Estado y que tiene toda la intención de que salga bien. No tenemos en la Comisión la posibilidad de hacer evaluaciones concretas sobre una política de esta envergadura, pero sí ver que proteja los derechos humanos, que articule la conflictividad en torno a la vigencia del Estado de derecho. Y para nosotros esto es algo muy importante, así como también es fundamental que haya instituciones solventes. La Comisión ha saludado la presencia de la Defensoría del Pueblo, el nuevo perfil con respecto a la Fiscalía y lo propio con la Procuraduría. Todos esos cambios esperamos que articulen bien al Estado en su conjunto en una plena institucionalidad democrática que hable sobre los temas de paz.
Ahora que menciona a los entes de control, ¿cómo evalúa la corta gestión que han desempeñado sus nuevas cabezas, sobre todo en materia de derechos humanos?
Quienes han llegado a los cargos, sobre todo Iris Marín en la Defensoría del Pueblo, y Luz Adriana Camargo en la Fiscalía, son personas de larga defensa de los derechos humanos. Creo que están tratando de salir adelante en sus entidades y nosotros hemos tenido un diálogo con ambas. Espero que con la Procuraduría, que tuvo un cambio reciente, también tengamos un diálogo. Ahí tenemos el tema pendiente, desde hace tiempo, de las sanciones disciplinarias de suspensión a funcionarios popularmente electos, que es un asunto que tiene que ver con los estándares interamericanos. Creo que hay una disposición de estas tres autoridades por establecer un diálogo con la Comisión, y que nosotros podamos considerar a los entes de control parte del Estado como un todo.
En febrero, la fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, dijo que la situación para los líderes sociales en el país es una “catástrofe”. También dijo textualmente que “Colombia es el país más peligroso del mundo para defender los derechos humanos”. ¿A la CIDH le preocupa esta situación?
Nos preocupa mucho. Nosotros tenemos una cartera altísima, como usted sabe, de medidas cautelares de protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos una relación con el Estado importante y productiva el cumplimiento de dichas medidas, junto a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las demás instancias involucradas, pero evidentemente nos preocupa. Esto tiene que ver también con la madurez de la sociedad. Yo decía hace rato que en Colombia hay tantos defensores y defensoras de derechos humanos porque es muy alto el sentido de la sociedad y de los sectores que han visto vulnerados sus derechos sobre la defensa. Y Colombia, como pocos Estados, se ha reivindicado en defender los derechos humanos. La Comisión está al tanto de todo esto.
Tenemos un tercer informe, que está a punto de salir, sobre defensores de derechos humanos regionales, y abordamos su situación de seguridad. Allí analizamos los mecanismos nacionales de protección y nuevas dimensiones de defensa en temas de tierras, territorio, medio ambiente, así como en los espacios de memoria, verdad y reparación. Todos estos asuntos merecen una atención por parte de la Comisión y estamos al tanto de ello.
¿Está Colombia fracasando en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos?
No lo vería como un fracaso, sino como un desafío mayúsculo y una necesidad de que se redoblen esfuerzos. Colombia es un país que tiene instancias muy solventes, que ha generado normativa, política pública y diseño institucional para atender problemas de alta importancia, como este de los líderes y defensores. Sabemos que el país siempre está atento a los llamados de la Comisión. Es un desafío enorme, pero no es un fracaso, porque para que eso pasara sería que no hubiera ni legislación ni institucionalidad, y sí las hay.
La situación de los firmantes del Acuerdo de Paz en lo que va de este año es crítica. Según la JEP, órgano con el cual la CIDH tiene relación de colaboración, van 16 excombatientes asesinados. ¿Cómo evalúa este panorama de violencia y qué herramientas podrían ayudar a solventar esa crisis desde la óptica de la Comisión?
A nosotros nos toca estar en diálogo continuo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El espíritu de nosotros como Comisión es impulsar la labor de la Jurisdicción, así como cualquier órgano del Estado que se haya creado para asegurar paz y justicia, y dentro de esto está apoyar las iniciativas que se establezcan para garantizar la seguridad de los firmantes de los acuerdos.
Justamente esta semana la JEP, el gobierno y la ARN firmaron un memorando de entendimiento para garantizar las primeras sentencias contra máximos responsables de FARC y fuerza pública, que serán proyectos restaurativos. Esa financiación será de $50.000 millones. ¿Considera que la labor de la JEP para emitir los primeros fallos ha sido demorada o, por el contrario, los obstáculos se han presentado por parte del Ejecutivo?
Creo más bien que es un tema del Estado en su conjunto. Por eso mismo es que tienen que fluir los recursos y tiene que fluir la reparación. En este punto creo que también tendríamos que involucrar lo que hace el Legislativo en la expedición de las leyes. El Congreso tiene que ser más claro en la política de Estado. En ese sentido, lo que la Comisión busca es que haya más diálogo y se destraben los desacuerdos. A la Comisión no le compete decir qué organismos o qué instancia del poder público está trabajando más que otra.
El presidente Petro señaló que va a acudir al Consejo de Seguridad de la ONU para advertir que el Estado no ha cumplido el Acuerdo de Paz. ¿Cree que se ha cumplido lo pactado en La Habana?
Consideramos que está en vías de cumplimiento. También hay pretensiones complejas, como la sustitución de cultivos, por ejemplo, y todo el capítulo de la reforma agraria. Tiene un largo camino, pero finalmente lo que queremos es que el Acuerdo, que se firmó hace casi 10 años, llegue a buen puerto. La Comisión, de hecho, está acompañando en la medida de sus posibilidades y en el despliegue de sus competencias la observación de esos cumplimientos.
Sin entrar a un escenario en el que pueda quedar impedido, ¿podría contarnos cuáles son los casos más importantes que está revisando la CIDH en este momento en Colombia?
Lo que puedo decir sobre esto es que con Colombia tenemos, quizás, una de las áreas con mayor trabajo. Tenemos una dimensión robusta de acuerdos de cumplimiento de recomendaciones y de solución amistosa. Hay una clara disposición del Estado para atender los temas de violaciones a los derechos humanos desde que se admiten en la Comisión y se reconoce que hubo vulneraciones. Hemos tenido jornadas muy productivas. Eso evita que los casos lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también requieren un compromiso de reparación por parte del Estado. Entonces, si hablamos de casos, la mayoría de los que hemos revisado tienen que ver con el conflicto armado y muchos de ellos se remontan a la época más difícil de desapariciones y de ejecuciones extrajudiciales a finales de los años 90 y principios de los 2000 en diferentes departamentos.
Y estamos alcanzando también, por la dinámica procesal, llegar al conocimiento pleno de esos casos. Todos ellos son importantes, hay que reconocerlo, porque son dimensiones de una justicia olvidada y silenciosa, que no se alcanzó en su momento en sede interna y que, finalmente, gracias a la Comisión, están llegando a tener verdad, justicia y reparación. Creo que el Estado tiene mucha disposición para esto.
En Colombia todavía existe, al menos en el papel, un sistema judicial capaz de resolver muchos de los casos que están llegando a la CIDH. ¿Cree que está fracasando? ¿O cómo podemos evitar la congestión del sistema interamericano?
Ahí convergen diversos factores. Por ejemplo, tiene que ver con una época en la que no se alcanzaba justicia en Colombia, son casos que llevan tiempo, más de 20 o 25 años, y que están relacionados con el auge del conflicto armado. Son casos en los que no se hizo justicia oportuna y a tiempo en diferentes épocas del desarrollo institucional y democrático del país. Eso se viene arrastrando, por así decirlo, y estamos encontrando vías de salida. En segundo lugar, tiene que ver con que la sociedad colombiana es muy madura en derechos humanos y conoce sus derechos, y por eso mismo tiene a la mano el sistema interamericano y lo sabe utilizar. ¿Que si se requiere mayor eficacia en las instituciones? Sí, con más presencia institucional tanto en investigación como en impartición judicial.
¿Cómo evalúa el avance del gobierno Petro con la iniciativa anunciada de priorizar las soluciones amistosas en los casos de Colombia?
Me parece muy bien como iniciativa de cualquier gobierno, porque son mecanismos que están previstos en la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Es una posición inicial de los Estados para enfrentar la problemática y no esperar un informe de fondo. Y todo esto tiene que ver, entonces, con la dignificación y reparación de las víctimas. Lo que hemos visto, tras la implementación de este mecanismo, son casos donde la gente se siente reivindicada. Por ejemplo, en casos de víctimas de desaparición, que son nombradas, que son traídas a la memoria, traídas a la justicia; es un avance importante. Escuchar un reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos reivindica las víctimas, pero también hace justicia a la legitimidad de los Estados que es la protección de los derechos humanos. Pocas cosas dignifican la tarea del Estado más que escuchar un pedido de perdón.
¿De qué manera la CIDH ha sido afectada por los recortes de presupuesto que ha hecho la administración de Donald Trump?
Mucho. Tenemos una dependencia muy seria de los Estados Unidos y creo que ha habido una afectación en los fondos especiales, pero no en el funcionamiento regular y cotidiano. Sin embargo, sí nos hemos visto afectados por la reducción de fondos que han estado bajo la evaluación de suspensiones y cancelaciones. Eso, por otra parte, no ha obstado para que hayamos sacado pronunciamientos en relación con Estados Unidos y que tienen que ver con la integridad de la propia Comisión y nuestra misión.
Manifestamos nuestra preocupación por la reducción de los recursos y las ayudas que se dejaron de entregar a la cooperación internacional, pero puede ser más preocupante que haya políticas de Estado que reduzcan el nivel de los derechos y atención de poblaciones con las que ese país había tenido un compromiso. Hablamos sobre la criminalización a las personas migrantes, la libertad de expresión y académica, con las políticas restrictivas en materia de género, el desconocimiento de poblaciones de la diversidad sexual y, en ese mismo comunicado, manifestamos una preocupación muy grande sobre el intento de debilitar la institucionalidad democrática, por ejemplo, al no acatar órdenes judiciales.
¿Hay proyectos que se hayan visto afectados por los recortes y cómo se están recuperando esos fondos?
Estamos haciendo un trabajo enorme. La Secretaría Ejecutiva ha hecho un trabajo muy dedicado, laborioso y responsable para buscar otras fuentes alternas de cooperación internacional. Debemos diversificar las fuentes de la cooperación. No podemos tener tanta dependencia de un solo país.
¿Y se han encontrado?
Hay muchos frentes abiertos en todo el mundo, pero la apuesta de la CIDH debe ser que los países de la región se hagan cargo de su Comisión. Todos.
¿Qué avances se pueden conocer del capítulo de Colombia en el informe que está próximo a presentar la CIDH?
No podría hablar de adelantos porque el 1 de mayo se presenta el documento oficial, pero lo que tenemos es un informe anual de 2024, en el que se habla de la situación de derechos humanos en Colombia y que se articula con las recomendaciones de la visita in loco del año pasado. Y también se une al cierre del segundo año del mecanismo de seguimiento al informe de 2021 sobre protestas sociales. Estos son los tres grandes espacios del capítulo para Colombia, espacios que son dialogantes, transversales y que demuestran la voz de la Comisión en el país. Daremos un informe de cumplimiento de las recomendaciones y saludamos algunas iniciativas.
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