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La defensa de los derechos humanos es, definitivamente, una lucha difícil de llevar en Colombia. Amnistía Internacional presentó un informe para dar a conocer los detalles de la crisis que vive el país por el asesinato de líderes sociales. La oenegé internacional estudió el periodo entre 2020 y 2023, y una de las conclusiones más importantes es que el cambio de gobierno no significó mejoría alguna. El informe “Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa”, sostiene cómo los líderes que siguen defendiendo la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos, permanecen en un país que no les da las garantías para desarrollar tan valiosa labor.
El Estado sigue teniendo problemas para llegar a zonas marginales rurales y garantizar el acceso de las comunidades a derechos fundamentales, según el informe de la organización. Es precisamente en zonas como estas que nacen procesos colectivos y liderazgos sociales que, de alguna manera, con las uñas defienden su territorio de diversos tipos de vulneración. De esta labor se tiene registro desde hace décadas, pero aproximadamente a mediados de los años 80 se convirtió en una actividad de alto riesgo, según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Las cifras hablan por sí mismas. Al menos desde 2016, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se cuentan por cientos.
Las raíces de tal problemática están en el exceso normativo, el cual en vez de mejorar y apoyar las estrategias que ya existían, terminaron creando nuevas instituciones, las cuales se dividieron funciones entre ellas y no se conectan entre sí. Asimismo, se les dio la espalda a las estrategias planteadas de manera posterior al Acuerdo de Paz de 2016. Su plan se limitó al análisis individual de la solución por medio de medidas como chalecos, camionetas y esquemas de seguridad, cuando la recomendación estaba en una mayor articulación de las instituciones como Defensoría del Pueblo, que a través del Sistema de Alertas Tempranas ofrece todo el contexto que necesitan las autoridades locales para trabajar en la protección de líderes.
El 7 de agosto de 2022 se da el cambio de gobierno. Gustavo Petro asume como presidente de Colombia, teniendo como mano derecha a Francia Márquez, una mujer que se había desarrollado en su propio territorio como lideresa social. Si bien desde su campaña política mostraron una postura diferente a la del expresidente Iván Duque, retomando algunas estrategias de protección de líderes, esto no ha sido suficiente, relata el texto. En este primer año del gobierno Petro, aunque se inició un plan de emergencia construido por entes públicos y organizaciones, se falló en la implementación.
Como explica Ana Piquer, representante para las Américas de Amnistía Internacional: “Se falló, fue precisamente en la implementación. En conseguir la coordinación entre instituciones, ministerios, el gobierno central y los gobiernos locales, para hacer que esto se implemente. El Estado no fue capaz de implementar un plan con ese nivel de ambición. Eso nos preocupa. La voluntad no es suficiente. Lo que toca es encontrar maneras de que se genere una diferencia real en los territorios”. Sin embargo, resaltó la importancia de la voluntad de avanzar en la protección y prevención de estas violencias.
Para la organización, no parece tratarse de un problema de normatividad, la cual es extensa e incluso cumple con las exigencias a nivel internacional. No se trata de escribir y firmar más leyes que busquen la protección cuando estas pretensiones en muchos casos no llegan a la realidad. Según relatan, Colombia cuenta con decenas de instrumentos normativos, pero ha mantenido un promedio anual, entre 2017 y 2022, de 120 líderes sociales asesinados. Para la Defensoría del Pueblo, estas normas parecen dispersas y no se conectan entre sí, pero lo más grave de todo las sienten ineficientes, pues las leyes no terminaban salvando la vida de las personas.
Paradójicamente, aunque existe este aparente exceso de normas, no existe un acceso oportuno a la justicia, como lo demuestra el sistema de información de Somos Defensores. “La Fiscalía dio respuesta sobre 484 casos, y de estos solo en 75 casos se reporta sentencia. Un poco más de un 5% en 20 años”, concluye. Esto deja un panorama preocupante, dado que el Estado no puede garantizar a cabalidad la protección de estos líderes, pero tampoco puede garantizarle el acceso a la justicia una vez se convierten en víctimas. Cuando analizaron el discurso de la Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2023, notaron que se concentraban en los avances obtenidos según las métricas, pero no veían las continuas falencias que se seguían presentando.
El informe finaliza haciendo un llamado a diferentes entes gubernamentales, sugiriéndoles estrategias que pueden adoptar. Empezando por la sugerencia a la Presidencia de la República para hacer un diagnóstico de sus instituciones y su interconexión. Como explico Piquer, “esa protección no debe quedarse en lo individual. Se necesita una aproximación colectiva, que aborde las causas raíz del problema y que permita a las personas trabajar de manera segura”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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