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El Gobierno Nacional se negó a firmar el documento propuesto por la Organización de Naciones Unidas, ONU, para obligar a todos los Estados a salvaguardar el acceso a estos y otros derechos económicos y sociales a todos sus ciudadanos.
La plataforma, denominada como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales es un instrumento para individualizar tales exigencias, haciendo que abandonen su carácter eminentemente colectivo, con el fin de redimensionarlos e incluirlos dentro de los parámetros mínimos de supervivencia de cada persona.
De haber aceptado dar este paso, el acceso a una vivienda con márgenes mínimos de comodidad o el trabajo digno se habrían convertido en derechos fundamentales y, por tanto, inalienables para todos los colombianos, por cuanto se habrían hecho reivindicables a través de la tutela.
Pese a que el documento fue puesto en debate por todos los asistentes a la última cumbre de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el Gobierno colombiano se abstuvo de intervenir en la discusión y decidió mantenerse al margen.
20 Estados, entre los que se cuentan Ecuador y Argentina emitieron un concepto favorable a la iniciativa y se comprometieron a generar las herramientas normativas y económicas para cumplir con los compromisos planteados por la plataforma, a través de su firma.
Bélgica, Cabo Verde, Chile, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gabón, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Senegal, Ucrania, Uruguay y Timor Oriental, fueron los 18 restantes países firmantes, que hoy conforman el pacto.
Pese a la renuencia del Gobierno colombiano para hacer parte de este multidimensional pacto, organizaciones como la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo anunciaron que seguirán trabajando de cara a la adscripción del país en este y otros convenios de la misma naturaleza.
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