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US$ 300 millones del bolsillo nacional están en juego en una demanda internacional. Quien está detrás es un grupo de inversionistas extranjeros que, en 2012, quiso construir un lujoso complejo inmobiliario en Medellín de nombre Meritage. Un megaproyecto que quedó reducido a una obra gris, luego de que la Fiscalía iniciara un proceso de extinción de dominio, en 2016, al considerar que la Oficina de Envigado tenía cartas en ese asunto. Los inversionistas tienen demandada a Colombia ante un tribunal internacional y, como si se tratara de una partida de póker, ahora la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) apostó todas sus fichas a una jugada. Una para salvarse de entregar lo que sería la indemnización más costosa pagada en la historia de litigios arbitrales en el país.
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El escenario de este lío es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal en el que inversionistas radican demandas contra hasta 165 países, argumentando violaciones a tratados de libre comercio. En el caso Meritage, inversionistas como el empresario estadounidense Ángel Seda argumentaron que Colombia incumplió los acuerdos de trato justo y equitativo, y de no expropiación ilegal. Esto último porque la Fiscalía confiscó un bien donde se invirtió para tener 35 locales, 114 apartasuites y 116 casas. El ente investigador considera que el lote ha pasado por testaferros de la Oficina de Envigado y hasta del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca.
En noviembre de 2023, el Ciadi recibió los últimos documentos de parte y parte, y ya solo quedaba tomar la crucial decisión. Sin embargo, en marzo pasado el actual director encargado de la Andje, Jhon Camargo, envío un documento de urgencia para, en pocas palabras, defender la decisión de Colombia al iniciar un proceso contra los bienes de Ángel Seda, una jugada clave en el largo y delicado proceso de defensa que la entidad ha realizado desde 2018. Para el equipo dirigido por Camargo, Colombia tenía todo el derecho de confiscar el predio de Meritage, porque necesitaba cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento de la paz y proteger sus intereses en materia de seguridad. Para ello, invocó la figura de “seguridad esencial”.
Antecedentes: Irregularidades de la Fiscalía en caso Meritage podrían costar $1 billón (II)
Según Camargo, en diálogo con El Espectador, aunque no puede dar detalles del documento enviado, explicó que esa defensa se argumentó “para evitar que se consolidara un lavado de activos a través del uso de un predio de la Oficina de Envigado, en el que se estaba construyendo un importante complejo inmobiliario”. Expertos en arbitraje internacional señalan que este tipo de recursos de último momento no son usuales, pero los Estados tiene derecho a utilizarlos para intentar cambiar la opinión de los árbitros. En juego está un debate difícil de tranzar: mientras que el Estado señala que la extinción de dominio se podía hacer, los demandantes aseguran que son terceros de buena fe y que, sencillamente, fueron expropiados ilegalmente y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para comprar un predio sin líos judiciales.
Camargo detalla que, a través de su equipo, “probamos que el arbitraje le interesa al principal capo de la Oficina de Envigado”. Habla de Javier García Rojas, alias Maracuyá, un señalado narco, quien estaría interesado en el resultado del Ciadi y quien, según audios filtrados por W Radio, incluso habría invertido dinero en el litigio internacional. Según información oficial del gobierno, ante el tribunal internacional se allegaron los más recientes resultados de la Fiscalía contra alias Maracuyá, a quien se le incautaron 72 bienes en Medellín. “Le pedimos al tribunal reabrir el récord (la recolección de pruebas) para que considere esta información tan importante”, concluye Camargo.
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Asimismo, el gobierno otorgó plena legitimidad a las actuaciones de la Fiscalía, la cual tendría cómo probar que dineros de la mafia fueron invertidos, en algún momento, en el predio en cuestión. Y, con esa mancha, el predio debe estar bajo manejo estatal. El primer nombre en el historial es el de Iván López Vanegas, un extraditado que se salvó de una condena en Estados Unidos por narcotráfico en 2007, como miembro del Clan Úsuga, pues probó que su cargamento llegó a Europa. La investigación detalla que compró el predio en 1994 y que, según denunció, lo perdió cuando supuestos miembros de La Oficina de Envigado obligaron a su hijo, bajo secuestro, a firmar un documento de escritura pública.
La persistencia de López Vanegas con esa hipótesis, de hecho, fue la que inició el proceso de extinción de dominio a Meritage en 2016. Sin embargo, Ángel Seda, en su proceso de defensa, vinculó al expediente un oficio del FBI a la Policía de Colombia, de noviembre de ese año, en el que se advierte que el secuestro nunca sucedió. Y que, de hecho, el traspaso de tierras se dio por un ajuste de cuentas por un cargamento de drogas que no le llegó a la Oficina de Envigado. Además, Seda aportó conceptos técnicos de expertos para explicar cómo se debe aplicar la ley de extinción de dominio y en qué casos deben primar los derechos de los terceros que compran de buena fe. Explicó que los dueños de Meritage habían comprado el predio, pero nunca su pasado judicial.
Ana María Ordóñez, antigua directora de litigio internacional de la Andje, agrega que, más allá del dinero en la mesa y las estrategias de defensa, en juego está la legitimidad de “la única herramienta que encontró el Estado colombiano para enfrentar al narcotráfico”: la extinción de dominio. Los árbitros del Ciadi que deciden el caso Meritage, no solo tienen en manos una decisión judicial que costaría alrededor de $1 billón, sino que cualquiera que sea la decisión, podría tener efectos de fondo: su concepto en este caso será histórico, no solo para Colombia, sino también para la comunidad internacional y los inversionistas extranjeros, pues en el trasfondo está el poder de la extinción de dominio, la herramienta reina para recuperar las fortunas de la mafia, el narcotráfico y el crimen organizado. Colombia ya está “all in”, es decir, apostando todo, y el juego pronto acabará.
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jcote@elespectador.com
@SebasCote95
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