Comisión Interamericana también revisa protección a víctimas del Palacio

El organismo multilateral analiza la viabilidad de la exigencia de medidas cautelares a favor de Guarín, teniendo en cuenta la condición de refugiado que tuvo que asumir durante varios meses, debido a las crecientes amenazas y hostigamientos en su contra.

La respuesta de la CIDH obedece a la petición de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de buscar un mecanismo para disuadir a las autoridades acerca de la necesidad urgente de Guarín de contar con medidas especiales de protección, teniendo en cuenta además las denuncias que él mismo ha hecho públicas respecto a presuntos hostigamientos que se produjeron en la vivienda de sus padres.

Sin embargo, la Fiscalía le informó al afectado al respecto del archivo de la indagación que se habría iniciado para establecer si la repentina visita de dos desconocidos a su madre, preguntando insistentemente por él, la supuesta violación de sus comunicaciones, entre otros hechos irregulares, constituían una amenaza latente y una persecusión para él.

Además, Guarín indicó que el asesinato del abogado Eduardo Umaña y las amenazas en contra de los demás juristas que están al frente de los procesos judiciales, tanto como a la ex fiscal Ángela María Buitrago y la  ex juez María Stella Jara, sientan un claro precedente de lo que les podría ocurrir a él y a sus familiares.

“Algunas de las pruebas en las que se sustenta la sentencia condenatoria proferida en el proceso penal interno en contra del coronel (R) Luis Alfonso Plazas Vega, son las declaraciones rendidas por René Guarín, quien reconoce a través de videos y fotografías a algunas personas que trabajaban en la cafetería del Palacio, que salieron con vida de ahí y de quienes aún se desconoce su paradero. Particularmente el señor Guarín Cortés reconoce a su hermana Cristina del Pilar Guarín en un video en el que se le identifica saliendo del Palacio de Justicia”, dice la respuesta enviada a la CIDH.  

Ante el organismo multilateral también fue denunciado el Estado colombiano por los excesos que habría cometido la Fuerza Pública en la recuperación del Palacio de Justicia, tomado por guerrilleros del M-19; los denunciantes adujeron la presunta violación a los derechos humanos en contra de los rehenes y la lentitud de los avances en el proceso judicial para esclarecer lo acaecido durante la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, especialmente la desparición forzada de civiles y la probable ejecución fuera de combate de magistrados e insurgentes.