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El proyecto de reforma a la justicia, una de las iniciativas cabecera del gobierno de Gustavo Petro, avanza con luz verde su tránsito en el legislativo. Tras haber sido presentado en el Congreso el pasado 8 de octubre, el proyecto ha superado dos debates en la plenaria del Senado con amplio éxito y, ahora, se espera que para 2025 sea sustentado ante la Cámara de Representantes para su último filtro. La iniciativa fue presentada en conjunto por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo. La idea es dejar el sistema penal acusatorio libre de las trabas que no le ha permitido funcionar de una manera célere y eficaz, privilegiando los procesos de negociación entre los victimarios con las autoridades y sus víctimas.
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Para la ministra Buitrago, el proyecto de reforma a la justicia no solo significa la capacidad de diálogo y unidad del gobierno con las instituciones de la justicia, como las altas cortes, sino también con los partidos políticos: “Se ha construido un diálogo y una comprensión de que el legislativo y el ejecutivo pueden trabajar conjuntamente para sacar una buena ley. Ahora, nosotros no estamos reformando a la justicia, buscamos reformar tres artículos del Código de Procedimiento Penal. Es una reforma fundamental para el sistema penal acusatorio, que lo devuelve su contenido natural, para ver si podemos funcionar mejor. Yo no soy política, ni tengo partido. Pero ver a diferentes partidos poniéndose de acuerdo es una satisfacción muy importante para que la ciudadanía tenga una mejor justicia penal”, dijo en entrevista.
Hasta el momento, al único artículo del proyecto de reforma al que se renunció fue el que permitía una reducción de penas en casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes, en casos de colaboración con la justicia y que permitieran, en el mejor de los casos, la desarticulación de grupos delincuenciales relacionados con los hechos. Luego de ello, los 12 otros artículos que componen el proyecto de reforma siguen en pie. El primer debate se llevó a cabo el 13 de noviembre pasado y fue aprobado por la Comisión Primera del Senado. El segundo debate fue el pasado 3 de diciembre, día en el que la plenaria del Senado aprobó los 12 artículos con una votación de 68 sufragios a favor y solo uno en contra. Ahora, el proyecto hará su tránsito a tercer debate, ante la Cámara de Representantes, probablemente en el primer semestre del año que viene.
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Durante la sustentación en el segundo debate, el magistrado Gerson Chaverra explicó lo siguiente: “Les doy mi palabra de juez que es una buena reforma y estoy dispuesto a estar aquí frente a ustedes a responder en dos años con los resultados con cifras, les vamos a demostrar que en esos casos los niveles de impunidad y la congestión judicial se van a reducir de manera significativa”. No obstante, el debate será recordado por la oposición del senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, quien no le dio su voto al artículo que permitiría la firma de preacuerdos con personas vinculadas a actos terroristas, ni siquiera porque ello signifique que su colaboración permita desarticular las estructuras detrás de estos delitos.
El proyecto de reforma contempla, por ejemplo, que los procesos penales puedan terminar cuando, en determinados delitos, los victimarios participen en procesos de reparación integral. Incluso, en homicidios y lesiones personales sin plena intención (modalidad culposa). También en los delitos contra los derechos de autor y en aquellos contra el patrimonio económico, a excepción del hurto calificado por violencia. Asimismo, el proyecto de reforma plantea que se pueda aplicar, incluso desde la etapa de investigación, el beneficio del principio de oportunidad. Este último es un recurso previsto en el Código Penal para beneficiar a aquellas personas que cometen un delito por primera vez y que, a cambio de librarse de un juicio y hasta la prisión, se comprometen a colaborar con la justicia en todo lo que requiera.
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Según el proyecto, se podrían decretar principios de oportunidad cuando el victimario se comprometa con mecanismos de justicia restaurativa a favor de su víctima. Cuando “la aplicación de la sanción penal sea innecesaria o resulte desproporcionada, como en los casos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad”, se lee en el texto. Además, cuando los beneficios del ejercicio de la acción penal para la sociedad, la justicia y las víctimas sean mínimos, en comparación con el costo que la persecución penal implicaría. Costos como la congestión judicial y la sobreexigencia de recursos que en sistema ya están limitados. En otras de las causales para decretar principios de oportunidad, los cuales siempre serán verificados por un juez de la República, está que la colaboración suponga servir como testigo en contra de otros victimarios y cuando la persecución penal implique riesgo o amenaza a la seguridad del Estado.
Entre los retos de la ministra Buitrago, de cara a 2025, está mantener la buena relación con los partidos políticos y el consenso con las instituciones de justicia que presentaron en conjunto la reforma al sistema. A menos de que las discusiones se enreden en la Cámara de Representantes, todo parece indicar que el próximo año la iniciativa será una realidad y la justicia penal será más rápida y privilegiará los mecanismos de justicia restaurativa con las que este gobierno se anunció. Tanto el exministro Néstor Osuna como la ministra Ángela María Buitrago han sido claros en que, de hecho, no es una revolución al Código Penal, al contrario, han buscado dejarlo lo más parecido a su naturaleza, la cual fue cambiada a lo largo de los años desde 2004.
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