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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias ante la Fiscalía General y el Consejo Superior de la Judicatura para investigar al fiscal de la dirección especializada contra el crimen organizado, Sergio Rodríguez Álzate por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato.
Para la Sala, el preacuerdo firmado entre el fiscal y un procesado por el delito de secuestro extorsivo no tiene justificación. En un fuerte llamado de atención se indica que el delegado del ente investigador “varió reiteradamente la imputación” en este caso “de un modo inexplicable”, hecho por el cual debe ser investigado.
“Hizo rediseños de la imputación jurídica, los que solo es posible explicar a partir de un presunto interés, dirigido a favorecer ilícitamente a los procesados”, precisa uno de los apartes de la decisión de la Sala Penal al advertir que no existe una justificación fáctica para esto.
Señala que “la Fiscalía General aligeró la carga de los procesados hasta dejarlos ante una condena que realmente debe ser vista como un verdadero monumento a la impunidad, en tanto no ha correspondencia entre el acontecer táctico y la calificación jurídica dada a los hechos”.
Rodríguez Álzate fue el abogado defensor del teniente del Ejército, Raúl Muñoz Linares condenado a 60 años de prisión por la violación de una menor de 14 años, y su posterior asesinato junto a sus dos hermanos de 10 y siete años de edad en Tame (Arauca) en octubre de 2011.
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