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El inclemente sol llanero de mediodía sirvió como reflector para la ceremonia con el territorio que encabezó el médico ancestral de la comunidad Kanalitojo, reserva indígena a 25 kilómetros del casco urbano de Puerto Carreño (Vichada), el pasado 6 de diciembre. El acto hizo parte del festejo de la población de este resguardo, compuesta por indígenas de las etnias amorúa, sikuani y sáliba, por la entrega oficial, de manos de agencias del Gobierno, de la sentencia que los acredita oficialmente como dueños de sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados por la acción violenta de las Farc, paramilitares y colonos que llegaron al departamento a finales de los 90 y comienzos de la década siguiente.
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“Ustedes son la primera etnia indígena a la que se le reconocen sus derechos territoriales por restitución de tierras en Vichada”, dijo el viceministro de Agricultura, Javier Pérez Burgos, que presidió la ceremonia junto con el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro Forero, y el gobernador indígena de la comunidad de Kanalitojo, Marco Julio García Achagua, quienes, en cada una de sus intervenciones, destacaron la importancia del fallo para los miembros del resguardo y las comunidades indígenas del departamento. En efecto, la sentencia entregada, proferida el junio de 2019 por la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, es una recompensa a una lucha de poco más de 24 años.
La pelea de los indígenas de Kanalitojo por sus tierras comenzó en 1995, según quedó consignado en la sentencia a su favor. La comunidad había dejado vivir a un ciudadano venezolano en su territorio, pero, a su muerte, colonos llegaron a la zona asegurando que les habían comprado a sus herederos parte de los territorios que originalmente eran de las tres etnias. Nueve años después, en 2004, estos mismos colonos, que ya se habían asentado en los territorios y causado el desplazamiento de varios miembros de la comunidad indígena, presentaron una promesa de compraventa entre el fallecido venezolano y ellos. Un documento que no era válido, ya que el territorio era considerado un baldío de la nación.
No obstante, los colonos insistieron para que les adjudicaran varios de los territorios que habían sido tradicionalmente de los miembros de Kanalitojo, lo que ocurrió, en buena parte, porque el extinto Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) no había reconocido a la comunidad triétnica como resguardo. Desde 1995, esta población indígena pidió a la entidad ese reconocimiento, petición que reiteró en 2003. Sin embargo, el Incoder no dio traslado a la demanda hasta diciembre de 2013, cuando ya había adjudicado varios predios en el interior de Kanalitojo a los colonos —los primeros títulos fueron otorgados en mayo de 2010—.
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Al tiempo que la comunidad de Kanalitojo se defendía de los colonos que buscaban apropiarse de sus tierras, al Vichada llegaban hombres de los paramilitares y las Farc. Las primeras acciones reportadas en el departamento datan de 1999, cuando grupos de autodefensa realizaron “acciones de limpieza social”. Desde entonces se reportaron ataques en contra de comunidades indígenas del Vichada, la mayoría de ellas relacionadas con las etnias miembros de Kanalitojo. En 2006 se presentó una de las primeras agresiones directas en contra de este resguardo: una mujer indígena fue amenazada por hombre de las Farc que la vieron cocinar y lavar la ropa de un policía. Ella huyó hacia Venezuela, pero decidió volver a su tierra al poco tiempo.
Expulsados por el paramilitarismo Mientras la ceremonia de entrega de la sentencia continuó con un baile tradicional de los más ancianos de la comunidad, cinco jóvenes de la etnia sáliba se sentaron en círculo para hablar sobre la salida de sus tierras en 2007. Todos ellos, menores de 25 años, ya tienen hijos y celebran que los territorios de sus ancestros sean oficialmente suyos, pero no olvidan que durante años estuvieron lejos. “Hubo desplazamiento, amenazaron a unas familias, y cuando uno es indígena existe una cadena de que si amenazan a uno, pues todos nos vamos”, contó uno de ellos. Otro le respondió: “Nos regamos. Nosotros fuimos al lugar que se llama Aceitico (cerca a Puerto Carreño). Perdimos nuestra unidad, pero después volvimos”.
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Las amenazas a las que hacen referencia estos jóvenes son las incursiones del bloque Central Bolívar en sus territorios entre 2006 y 2008. Llegaron a acampar en la escuela bilingüe de Puerto Colombia, centro educativo en las tierras de la comunidad en donde se enseñaba en español y en lengua indígena. La presencia paramilitar desencadenó el desplazamiento masivo de los indígenas de Kanalitojo. Muchas familias emprendieron la huida hacia el casco urbano de Puerto Carreño y poblaciones aledañas. Por cerca de cuatro años estuvieron deambulando sin una tierra fija, en muchas ocasiones aguantando hambre y hasta comiendo los desperdicios del basurero.
La danza dio paso a nuevos discursos. El ejercicio de memoria de estos cinco jóvenes continuó. Uno de ellos hizo una pausa y dijo: “Hace ocho años (2012) comenzamos a volver. Ese retorno fue gracias a los mayores que dijeron: ‘Esos territorios son de nosotros, de nuestros ancestros. ¿Cómo vamos a dejar que los violentos nos los quiten?’”. A su retorno, señalaron, las familias de Kanalitojo se encontraron con colonos afianzados en los territorios ocupados, muchos con títulos legales. Este hecho confinó a los indígenas que nunca se fueron y a los retornados a un área de tan solo 570 hectáreas. Fue para ese momento, en diciembre de 2013, que el Incoder reaccionó y pidió revocar las adjudicaciones a los externos y reconocer a la comunidad como un resguardo indígena.
Sin embargo, la determinación fue tardía —la institución de desarrollo rural fue liquidada por sus muchos casos de corrupción— y se quedó sin ejecución. Sin un soporte legal, la comunidad indígena enfrentó el rechazo y hasta amenazas de los ocupantes de sus tierras. En febrero de 2013, llegaron hombres en vehículos sin placas y en motos de alto cilindraje, autodenominándose paramilitares, y quemaron los cultivos de Kanalitojo . “Cuando volvimos comenzaron las amenazas de los vecinos. Nos dijeron que nos teníamos que ir porque ellos no iban a perder plata”, señaló otro miembro de la población presente en la restitución de sus tierras.
Ante el peligro de las acciones violentas por parte de los colonos, la población indígena solicitó “medidas urgentes por inminente riesgo de desplazamiento, así como la amenaza de desalojo”, a la Unidad de Víctimas. Asimismo, por medio de la Unidad de Restitución de Tierras le pidió al Tribunal Superior de Bogotá, el 11 de septiembre de 2014, que “protegiera su derecho fundamental a la restitución de sus derechos territoriales, reconociendo su ocupación”. No obstante, la petición no fue sobre las 1.270 hectáreas originales del territorio ancestral, sino por las 570 hectáreas en las que se encontraban confinados en ese momento. Esto último para evitar choques y confrontaciones con varios de los vecinos que habían llegado a ocupar sus tierras.
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Tras el regreso, y mientras el tribunal capitalino decidía, esta población también afrontó varios intentos de desalojo forzoso a través de la vía legal. Incluso, una de estas acciones legales, instaurada a través de una tutela, alcanzó a prosperar, pero fue detenida a último momento por la Corte Constitucional. El 28 de junio de 2013, una sentencia avaló el pedido de los colonos de que la comunidad de Kanalitojo fuera reubicada. El recurso fue revisado por el alto tribunal y reversado. En su decisión, la Corte Constitucional negó la expulsión de la comunidad e invitó al gobierno de Puerto Carreño a que “adopte las medidas necesarias tendientes a resguardar los derechos fundamentales de la comunidad indígena, brindando asesoría jurídica, social y económica”.
El Tribunal Superior de Bogotá entró a estudiar a profundidad el caso, no sin antes otorgar medidas cautelares para evitar que las tierras fueran vendidas. Tras cinco años de análisis, la Sala Especializada en Restitución de Tierras profirió el fallo. El Tribunal no solo le otorgó la propiedad colectiva de las 570 hectáreas a la comunidad de Kanalitojo, sino que le concedió derechos sobre las otras 700 hectáreas que no había querido reclamar por temor a una confrontación con sus vecinos. En la sentencia, el Tribunal determinó que, sin importar la situación, “los derechos territoriales de una comunidad indígena no son renunciables”.
Fue esta decisión, proferida en julio de este año, la entregada oficialmente a los miembros de Kanalitojo el pasado 6 de diciembre. Aunque todavía faltan las escrituras oficiales, los presentes ese viernes celebraron la restitución de sus territorios ancestrales y la revocatoria de los títulos de los colonos. Así lo señala el líder de la Guardia Indígena Salustiano Díaz, quien asegura que hasta hace unos días los vecinos los amenazaban “por reclamar nuestros derechos territoriales”. Ahora, con este documento, les quitan los argumentos a los ocupantes de sus territorios que los quería expulsar.
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Con territorios propios pueden dedicarse a resolver un problema que los aqueja desde hace años: la seguridad alimentaria. El Espectador pudo hablar con varios miembros de la comunidad y todos ellos resaltan que su mayor problema es la falta de alimentos. “Nos toca salir a las afueras a rebuscar ante la falta de alimento en nuestro territorio”, señala uno de los jóvenes de la comunidad, mientras uno de los pocos ancianos que quedan, en el poco español que sabe, dice: “Sufrimos porque no hay comida”. Es por eso que la sentencia del Tribunal de Bogotá contempla la asesoría en proyectos productivos para la autosostenibilidad de la población indígena de Kanalitojo.
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