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El manto de impunidad en el que vive el proceso de la toma y retoma del Palacio de Justicia parece ser uno tan oscuro en el que, con el paso del tiempo, pareciera alejarse cada vez más la posibilidad de conocer realmente qué pasó y quiénes fueron los responsables. A los ya empolvados expedientes, ahora se le suma una polémica posición de la actual administración de justicia que vuelve a poner en tela de juicio lo poco que han logrado esclarecer jueces nacionales e internacionales. El hecho más reciente ocurrió ayer, cuando la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) anunció que revisará la sentencia del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por los desaparecidos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Una decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en 2019.
(En contexto: JEP revisará la sentencia del general (r) Jesús Arias por el Palacio de Justicia)
El oficial fue condenado a 35 años de cárcel por cinco desapariciones forzadas que ocurrieron en la operación de retoma del edificio del Palacio de Justicia, bajo el mando de Arias Cabrales. La legitimidad de las acciones que ordenó el alto oficial sobre las zonas del Palacio donde había rehenes civiles quedaron cubiertas por un enorme manto de duda. Con el tiempo, y decisiones de la justicia nacional e internacional, se supo que, bajo su mando, el Ejército y hombres de inteligencia desaparecieron, retuvieron ilegalmente a civiles, torturaron a otros y ejecutaron extrajudicialmente a un magistrado auxiliar: Carlos Horacio Urán. Más de 100 civiles murieron, entre ellos 11 magistrados de la Corte, y fueron desaparecidas 11 personas.
En pocas palabras, la defensa de Arias Cabrales sostuvo ante la JEP que los cuerpos de dos de las personas desaparecidas por las que fue condenado ya aparecieron: Luz Mary Portela y Bernardo Beltrán. En efecto, ambos trabajadores de la cafetería del Palacio fueron identificados por Medicina Legal en tumbas donde, hace 37 años, habían sido enterrados otras víctimas del Palacio de Justicia. Los restos de Portela regresaron a su familia en 2016, y los de Beltrán, en 2017. Por esta razón, el alto oficial dice que su sentencia debe ser revisada pues, en pocas palabras, como las víctimas aparecieron, hay hechos nuevos por los que no se configuraría el delito por el que lo condenaron: desaparición forzada. La Sección de Revisión acude a un argumento jurídico como “la duda razonable” para argumentar su decisión.
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Según un comunicado de prensa de la justicia transicional, “la Sección de Revisión consideró que el hallazgo de los restos de Portela y Beltrán y el error inicial en su identificación, generan una duda razonable en torno a si estas personas salieron con vida del Palacio de Justicia y si fueron privadas efectivamente de la libertad por integrantes de la fuerza pública, en el marco del denominado ‘Plan Tricolor’”. Además de aceptar la cuestionable petición de Arias Cabrales, con su decisión, la JEP puso en duda otras dos premisas que no solo han sido reiteradas por autoridades colombianas, sino por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya Comisión ya le había advertido al Estado colombiano en 2019 que si seguía desconociendo sus hallazgos, podría responder por cargos de desacato.
Desde hace décadas, pero especialmente desde 2014 con el fallo en contra del Estado colombiano emitido por la Corte IDH, se sabe que 11 personas fueron desaparecidas por miembros de la fuerza pública que estaban al mando de Arias Cabrales. Esa misma sentencia internacional puso en evidencia que, tanto Luz Mary Portela, como Bernardo Beltrán, salieron vivos del Palacio de Justicia y fueron conducidos a la Casa del Florero por uniformados. Ahora, la JEP, también pone en duda esos hallazgos que, además, están registrados en videos y en archivos de prensa, y pide que ese material audiovisual sea revisado.
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Germán Romero, abogado de DH Colombia que representa a varias de las víctimas del Palacio de Justicia, le dijo a este diario: “Esta es la tercera vez que la misma sala emite una decisión sobre este tema. En cada uno de estos fallos, la Sección le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Entonces no hay un cierre de la etapa, sino que admiten subsanar la demanda y este auto, de nuevo, tiene más recursos. Es una infinita posibilidad y Arias Cabrales cogió la JEP como puerta giratoria”. El abogado hace referencia a que el general retirado se sometió a la justicia especial cuando estaba por ser condenado en la Corte Suprema. Luego se retiró de la JEP, el alto tribunal lo condenó y, finalmente, volvió a pedir pista en el Tribunal para la Paz.
Aunque la decisión de la JEP es la más reciente revictimización en el caso del Palacio de Justicia, no es la primera vez que ocurre algo similar. Desde que la Corte IDH le ordenó al Estado investigar lo sucedido y encontrar a los desaparecidos, la Fiscalía ha puesto en evidencia el desastre que fue la identificación y entrega de los cuerpos de quienes murieron en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Como se sabe, muchas de las víctimas fueron enterradas en tumbas con nombres de otras personas que murieron en el holocausto. Ese es, precisamente, el caso de Luz Mary Portela, cuyos restos fueron encontrados en la tumba de Libia Rincón Mora (auxiliar judicial) y el de Bernardo Beltrán, quien fue hallado en el ataúd de Jorge Alberto Echeverry (magistrado auxiliar).
Romero considera que esta hipótesis de la JEP refleja un “profundo desconocimiento del expediente del Palacio de Justicia”. Primero, porque no se ha desvirtuado bajo ninguna razón que Portela y Beltrán salieron con vida del Palacio. Segundo, porque la justicia ha probado que desde el 7 de noviembre de 1985, en adelante, los jueves militares y el Ejército en general controlaron Medicina Legal y la entrega de cuerpos: clasificaban quiénes eran “especiales” y quiénes sí podían ser entregados a sus familias. “Es decir, lo que fue un mecanismo de ocultamiento de los crímenes, ahora nos lo quieren presentar como una duda”, agregó el abogado.
Con esos hallazgos, la Fiscalía optó por imponer una problemática posición frente a los desaparecidos. En pocas palabras, dijo que, como ya habían sido encontradas varias de las víctimas, pues no había desaparición forzada. El primero que dio detalles públicamente de esta tesis fue el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Jorge Hernán Díaz, quien no pudo escoger una peor ocasión para anunciar su teoría. Lo hizo en noviembre de 2017, en el acto de entrega digna de los restos de Bernardo Beltrán. “Es muy difícil, para la administración de justicia, definir responsabilidades penales sobre estos hechos, específicamente, respecto al delito de desaparición forzada”, dijo el funcionario judicial, quien se llevó los reproches de las familias que calificaron sus declaraciones como un ataque indigno a su dolor.
Dos años después, fue el fiscal Jorge Sarmiento quien salió en falso, pero sus palabras sí terminaron en escándalo. Aunque sostenía la misma teoría que su superior Díaz, en esa oportunidad, la tesis de la Fiscalía coincidió con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte IDH, que tenían como misión verificar el cumplimiento de la sentencia de 2014 contra el Estado por el caso del Palacio de Justicia. Todavía con el escándalo vivo por las palabras de Sarmiento, en la reunión con ambos organismos internacionales, la Fiscalía se echó para atrás y, ante el llamado de atención de la CIDH, terminó retractándose. Lo cierto es que se trata de una tesis que lleva años cocinándose, pese a las advertencias de la justicia internacional y el clamor de las víctimas.
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Personas que estuvieron presentes en una reunión con todas las partes le contaron a este diario que los organismos internacionales dejaron claro que la actitud del Estado y la Fiscalía era “un abierto desacato” y una enfrenta con las víctimas, y evidenciaron que, pese al paso del tiempo, no veían avances en las investigaciones. Desde esas declaraciones, de 2019, los expedientes solo han acumulado más polvo y el ente investigador no ha anunciado ningún avance. Hasta ahora, la única instancia judicial que se ha pronunciado a favor de las víctimas sobre este tema ha sido la Corte Suprema. Lo hizo, precisamente, en el fallo en el que condenó a Arias Cabrales y advirtió, precisamente, que la posición que sostuvo la Fiscalía y que hoy retoma la JEP, podía causar más dolor.
“Puede suceder que sus restos se encuentren; pero eso no significa que no hayan sido desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueran vistos en poder de las fuerzas del Estado, y que no hayan sido entregados a la autoridad jurisdiccional, si se consideraba que existían indicios de sus vínculos con el grupo terrorista, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas”, dijo el alto tribunal en 2019. Hoy, tres años después, es justamente lo que sostiene la JEP, que ya había rechazado en dos oportunidades la petición de Arias Cabrales y que, en otra instancia de la misma jurisdicción, había dicho que el general retirado no está cumpliendo con su compromiso de verdad.
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