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El gobierno Duque está convencido de que la cadena perpetua es la respuesta más efectiva para atacar uno de los mayores dramas que sufren niños y niñas en Colombia: la violencia sexual. La iniciativa, que tiene defensores tanto como detractores, avanza en el Congreso una vez más -pues ya varias veces se ha hundido-. En medio de esta discusión vigente, la ministra de Justicia, Margarita Cabello, respondió un cuestionario de El Espectador sobre este controversial tema.
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¿Está el gobierno renunciando a su deber de resocializar a los ciudadanos buscando condenas a cadena perpetua?
Desde luego que no, el proyecto no excluye la resocialización. Por el contrario, es una base esencial de la iniciativa que incorpora la cadena perpetua en nuestro país. La propuesta se basa en que sea una sanción reversible y revisable, lo que significa que si después de 25 años la persona comprueba su resocialización, podrá acceder a mecanismos de reducción de la pena e incluso a la libertad, siempre que se compruebe que esa resocialización sea efectiva y que la persona condenada deje de ser un peligro para la sociedad. Con este proyecto el Gobierno Nacional no está renunciando a cumplir ningún deber; está haciendo efectivo uno de los deberes más importantes de todos: el de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de agresores que afecten su libertad, integridad y formación sexual.
Tenemos un hacinamiento en cárceles del 48 %. ¿Cuáles, dónde y con qué presupuesto se van a construir los centros carcelarios necesarios para albergar a los condenados a cadena perpetua?
El hacinamiento carcelario es un problema que hemos heredado y al que históricamente no se le ha puesto la suficiente atención. Desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando en una estrategia sostenible que permita bajar los índices de sobrepoblación privada de la libertad en el país. Sin embargo, no se prevé que la implementación de la cadena perpetua afecte negativamente el hacinamiento carcelario, ya que tal y como lo señala el proyecto, la aplicación de esta pena será absolutamente excepcional y solo para delitos de extrema gravedad contra los niños, niñas y adolescentes, como el homicidio en su modalidad dolosa, acceso carnal y actos sexuales que impliquen violencia o cuando la víctima esté en incapacidad de resistir. Pero además, debe tenerse en cuenta que estas conductas contra los menores, entre el 2014 – 2018 corresponden solamente al 1,06 % del número de delitos cometidos y denunciados. Teniendo en cuenta todo lo anterior, serán muy pocos casos en los cuales se aplicará la cadena perpetua, si se tienen en cuenta todos los procesos que se presentan en Colombia.
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Mantener a una persona tras las rejas le cuesta al país cerca de $18 millones de pesos al año, cifra que, según expertos sería mayor para personas condenadas a cadena perpetua. ¿De dónde va a salir ese dinero?
Como la aplicación de la cadena perpetua será excepcional respecto de todos los casos que se presentan y que implican la detención de una persona, no se impactará negativamente el presupuesto destinado a la población penitenciaria y carcelaria del país. Por el contrario, continuaremos con nuestros esfuerzos preventivos para evitar que se cometan este tipo de delitos.
En Colombia tenemos una cadena perpetua de facto, por las condenas tan altas que ya existen en casos de violencia sexual: hasta 60 años. ¿Por qué no es esto suficiente?
Este es un argumento recurrente para criticar esta iniciativa, pero es erróneo. En efecto, en algunos pocos procesos se han aplicado penas de hasta 60 años para casos que implican algún tipo de violencia sexual contra menores. Sin embargo, en estos casos, dichas penas se han impuesto porque existe un concurso de delitos; es decir, porque se han cometido varios delitos. De hecho, si se examina el Código Penal, el acceso carnal violento contra un menor de edad tiene, como máximo, una pena de 30 años. De igual forma, los actos sexuales abusivos con menor de 14 años tienen una pena máxima de 20 años. Como parámetro de comparación, un hurto agravado y calificado tiene una pena más alta: de más de 36 años.
Si la información y evidencia que hay no soporta que la cadena perpetua acabe de raíz con la violencia sexual, ¿cuál es la motivación del Gobierno para insistir en ella?
La información y la evidencia muestran que existe un aumento en los delitos violentos contra los niñas, niñas y adolescentes, en especial en delitos sexuales. También es preocupante el aumento de la reincidencia en estos delitos, la cual es particularmente alta. Desde luego, las estrategias para proteger a nuestros menores deben ser integrales, como por ejemplo, el mejoramiento de las capacidades investigativas de la Fiscalía, optimizar la eficacia del sistema de justicia, mejorar la prevención en el hogar e incentivar la denuncia de estos hechos tan graves. El Gobierno está trabajando en todos estos frentes, pero también necesitamos aumentar la capacidad de sancionar del Estado, como una herramienta disuasoria para la sociedad y evitar, en lo posible, la reincidencia en estos delitos.
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De aprobarse en el Congreso, este proyecto pasaría a control automático en la Corte Constitucional, que ya se ha pronunciado sobre este tema, pero además tenemos un Estado de Cosas Inconstitucional en cárceles. ¿Qué piensa hacer el gobierno si la Corte no da luz verde a esta iniciativa?
El Gobierno es respetuoso de las decisiones de los jueces de la República, en especial de la Corte Constitucional. Si eventualmente la Corte se pronunciara en contra de la iniciativa, se tendría que examinar las razones en las cuales se sustentaría su fallo y solo en ese evento se podría diseñar un plan de acción. El Gobierno Nacional trabaja de manera permanente en buscar soluciones a los problemas de la ciudadanía, pero siempre con estricto respeto de la ley y de los pronunciamientos judiciales.
¿Cómo nos convencen al público en general de que esta no es solo una medida populista?
Esta medida se ha estudiado desde muchos puntos de vista, se ha soportado en cifras y datos estadísticos sobre la cantidad de delitos violentos contra menores y su reincidencia; también se ha examinado su impacto fiscal y se ha analizado su conveniencia y su utilidad. No estamos improvisando. Desde el Gobierno estamos convencidos que es una medida coherente y necesaria que ayudará, junto a otras, a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No debemos olvidar que nuestros niños gozan de especial protección constitucional. Por último, es importante indicar que si bien esta iniciativa provino de un grupo multipartidista de miembros del Congreso, desde el Ministerio de Justicia consideramos conveniente para el país que se discuta este importante asunto en el Congreso y apoyamos la iniciativa como una importante herramienta para frenar las graves agresiones contra los menores.
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