Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Mientras la Contraloría Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales anunciaba un juicio de responsabilidad fiscal contra 77 directivos y contratistas de Saludcoop, por presunto detrimento patrimonial por $1 billón 367 mil millones, el juez 38 civil de Bogotá ordenaba ayer devolver en 48 horas esa empresa prestadora de salud a sus dueños originales y asociados.
La decisión frena temporalmente la intervención contra esa EPS, ordenada por el Gobierno tras el descubrimiento del llamado carrusel de la salud que desfalcó a ese sector.
Se esperaba que hoy los abogados de las dos partes hayan sido notificados del fallo de tutela que protegió el debido proceso de los implicados y que será apelado por la Supersalud.
El detrimento se habría originado en los desvíos de recursos parafiscales y los sobrecostos en medicamentos, que la entidad supuestamente le cobraba al Estado.
De acuerdo con el ente de control, existen méritos suficientes para que Diego Palacio, exministro de la Protección Social; Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio; Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop; los miembros de la junta directiva y Consejo de Administración de la EPS, los de la Junta de Vigilancia, la Revisoría Fiscal, los contratistas que tuvieron entre 2006 y 2011, además del exsuperintendente de Economía Solidaria y el exdirector de Regulación del Ministerio de Comercio, respondan a la investigación que ya se está adelantando.
Un capítulo que se suma a lo que el presidente Santos llamó el carrusel de la salud y que, aseguró en su momento, podría sumar unos $2 billones contra el erario. Caso por el que ya han sido procesados varios funcionarios del Ministerio de la Protección Social y otros tantos de las entidades promotoras de salud.
Ahora lo que viene son las diligencias en las que los llamados a juicio podrán dar su versión de los hechos, para tratar de controvertir las evidencias en su contra.
De esta forma, el caso Saludcoop se podría convertir en uno de los primeros procesos que bajo el Estatuto Anticorrupción serán atendidos con audiencias verbales con el control de la Contraloría Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales.
Dependiendo de los resultados de esta fase procesal, será entonces el ente de control el que determine si los 77 implicados son responsables fiscalmente o no.
Conoce más